La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se enmarca en un escenario migratorio que ya venía mostrando rasgos de involuntariedad y de una creciente movilidad intrarregional estimada en más de 40 millones de personas, caracterizada por el aumento de la migración venezolana, un nuevo patrón migratorio desde Haití hacia América del Sur y diversas vulnerabilidades asociadas al corredor que comprende el tránsito entre Centroamérica, México y los Estados Unidos. En este contexto, las vulnerabilidades presentes a lo largo del ciclo migratorio se exacerban, como los riesgos ante la pérdida del empleo, la caída del empleo doméstico remunerado entre las mujeres, la sobrerrepresentación de las trabajadoras y los trabajadores migrantes en las labores de primera línea, las detenciones indefinidas, la falta de acceso expedito a la documentación necesaria para recibir atención médica, las condiciones habitacionales deficientes y la estigmatización de las personas retornadas en las comunidades de origen, especialmente de las que retornan de los Estados Unidos. La pandemia plantea desafíos específicos en cuanto a la gobernanza de la migración regional frente a la gama de situaciones que no han podido resolverse para las personas migrantes. Además de los ámbitos humanitario, social y económico, y de los factores que afectan sensiblemente a las mujeres, dichas situaciones también se refieren a aspectos sanitarios y de habitabilidad.