Conforme ha progresado la pandemia, los gobiernos han tenido que enfrentar nuevos desafíos. Si en una primera etapa los países se abocaron a mitigar los efectos de las estrictas restricciones sanitarias, con el correr de las semanas su atención se ha desplazado a una amenaza especialmente grave: la crisis económica y social. Los pronósticos, desafortunadamente, no son alentadores. Los recursos tienen que ser destinados a los principales afectados por esta crisis, la población vulnerable, en este caso las personas sin fuentes de ingreso (desempleados, ancianos, niños, niñas y dependientes) y trabajadores informales, grupo compuesto principalmente por jóvenes, mujeres, migrantes e indígenas. Conviene señalar que, además, la proporción de población vulnerable es aún mayor en zonas rurales. Los programas de protección social, una de las medidas de la mitigación, son un derecho fundamental. Por ello, en esta edición del boletín analizamos las alternativas de protección existentes, con especial atención en las zonas rurales, las que no podemos descuidar.