Resumen La política de competencia comprende un mecanismo regulatorio distinto de los aplicados tradicionalmente en los servicios públicos ya que no busca controlar, ex ante, a las compañías bajo escrutinio sino que intenta remediar los casos donde sus conductas son incompatibles con un criterio de bienestar conocido como interés económico general. Esencialmente, esta forma de intervención se construye sobre una idea básica, la regla de la razón, que indica que el análisis es necesariamente retrospectivo o ex post e implica una actuación caso por caso. La ventaja de este modo de intervención es que resulta menos probable la intervención regulatoria en casos donde esta no amerita, pero, como contrapartida, encierra un sistema de evaluación costoso dada la variedad de hechos posibles en un mercado. En la mayoría de las legislaciones se complementa la regla de la razón, con un criterio, conocido como la regla per se, bajo el cual se reprimen prácticas que son consideradas perniciosas desde el momento de su verificación. Un ejemplo lo constituye la colusión o los acuerdos comerciales que limiten la competencia. Desde el comienzo de las transformaciones estructurales acaecidas en América Latina en los últimos años, la política de competencia ha despertado creciente interés en los gobiernos de la región desde que éstos han puesto mayor atención a los mercados como mecanismos asignadores de recursos en la economía. Este fenómeno ha llevado a que la mayoría de los países hayan desarrollado legislación específica aunque restan algunos casos en donde ésta no existe. En este trabajo se hace una apretada revisión de la legislación vigente en América Latina hacia fines del año 2002, como asimismo resaltamos casos de jurisprudencia que son de interés para una evaluación del desarrollo de este tipo de regulaciones en esa región.