Resumen En el último trimestre de 1985, el Gobierno de Bolivia ha ejecutado uno de los más ambiciosos programas de ajuste estructural en América Latina con la finalidad de desarrollar una economía de mercado y estabilizar sus precios. Después de 13 años de aplicación de los programas se han superado los altos niveles de inestabilidad económica y política que caracterizaron el período 1980 a 1985. Es más, el plan de estabilización alcanzó logros significativos como la reducción de la hiperinflación, la liberalización del mercado laboral, cambiario, financiero y de bienes y servicios. En este sentido, Bolivia ha logrado un progreso impresionante en su programa de estabilización y ajuste estructural desde agosto de 1985. Y los logros han sido resultado de la puesta en práctica de políticas macroeconómicas coherentes, sustentadas esencialmente desde el ámbito fiscal y complementadas con una amplia gama de ambiciosas reformas estructurales donde el primer ciclo de reformas (1985 a 1993); ha incidido significativamente sobre el aparato productivo y modernización del Estado. A objeto de reducir la participación del Estado en la economía, mejorar las finanzas públicas, apoyar la iniciativa privada y elevar la productividad y competitividad, las reformas emprendidas en el primer período enfatizaron la liberalización de los precios, incluyendo las tasas de interés; la unificación del tipo de cambio y la liberalización de los flujos de capital; la simplificación del régimen tributario, además de mejorar su administración; la reforma del sector financiero y, por último, la liberalización del comercio exterior mediante nuevos procedimientos e incentivos. Con el éxito alcanzado, se iniciaron también reformas estructurales orientadas a modificar el rol del Estado en la economía. Por ejemplo, se privatizó las empresas públicas menores en el período 1989 a 1993 modificando el flujo de recursos por concepto de inversión privada extranjera en la economía. A partir de este proceso de privatización, el Estado boliviano comenzó a prestar mayor atención a los sectores sociales y a la dotación de infraestructura física con el objeto de promover una distribución más equitativa de la riqueza y crear las condiciones para mayores tasas de crecimiento de la economía. En este contexto se fortalecieron los Fondos de Inversión Social, Campesino y Desarrollo Regional como entidades ejecutoras de las inversiones. Asimismo, se destinó aproximadamente el 30% de las recursos públicos a la construcción de caminos y corredores de exportación. Posteriormente, se propusieron innovadoras medidas para ampliar la participación de la ciudadanía en el proceso de desarrollo, combatir la pobreza y mejorar sus niveles de ingreso. Es así como en 1993 empieza la segunda generación de reformas estructurales. Entre las reformas de segunda generación se destaca la Reforma a la Constitución Política del Estado; el proceso de participación popular; la descentralización administrativa; la capitalización de empresas publicas; la reforma del sistema de pensiones; la reforma educativa y, por último, la reforma a la Ley de Reforma Agraria. Si bien todas las reformas tienen significativa incidencia sobre los habitantes rurales, por su impacto y trascendencia las leyes de participación popular, descentralización administrativa, reforma educativa y reforma agraria tienen una incidencia directa y singular sobre la población rural de Bolivia en la actualidad. En este contexto, se presenta aquí un análisis detallado de las relaciones entre la política macroeconómica, las reformas estructurales y el desempeño del sector agropecuario, haciendo particular énfasis en el sector rural tradicional donde persisten problemas muy complejos que impiden un desarrollo más equitativo y justo de la población a pesar del potencial que encierra la actividad agrícola. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es analizar las reformas estructurales de Bolivia y su incidencia sobre el sector agropecuario en general y sector campesino en particular. El trabajo se divide en cuatro partes. En la primera, se establece un marco general sobre la economía boliviana entre 1980 a 1998, explicando en detalle el período de crisis (1980-1985);, de ajuste estructural (1985); y el impacto de las reformas en la economía boliviana hasta 1998. En la segunda parte del documento, se establece el estado de situación del área rural en general y de la agricultura en particular. Asimismo, se establece el rol que tiene la agricultura en la economía y los resultados más sobresalientes de la misma. A lo largo de esta parte se enfatiza la efectividad de la inversión social y sectorial, el estado tecnológico en el sector agropecuario, la dinámica sectorial bajo el proceso de participación popular y descentralización administrativa y el impacto de las políticas sectoriales en la economía campesina. En la tercera parte del documento se presenta algunas reflexiones sobre la necesidad de una trasformación estructural y productiva como condición necesaria para apoyar el crecimiento de la economía y combatir la pobreza. Finalmente, como cuarta parte del documento están algunas conclusiones sobre el impacto de las reformas en la agricultura boliviana.