La ampliación de los mercados a escala mundial, el crecimiento del consumo y el surgimiento de consumidores cada vez más preocupados por el origen, composición y calidad de los alimentos, han hecho que en las últimas décadas aumentaran las exigencias fitosanitarias y de inocuidad para la producción agropecuaria. Más recientemente, se ha sumado la preocupación por la protección ambiental y por el respecto a valores éticos laborales en la producción y comercialización de los productos. Como consecuencia, el mercado agrícola ha visto un aumento de la rigidez de las normas en materia de inocuidad alimentaria, calidad y producción responsable y sostenible en los últimos años. Esta multiplicación de regulaciones proviene del Estado y del sector privado, el cual ha jugado un "rol regulador" cada vez más fuerte. Aunque no sean jurídicamente vinculantes, las normas del sector privado de la cadena agroindustrial de hecho resultan obligatorias desde un punto de vista comercial, de acceso a los mercados de los países desarrollados. Su cumplimiento supone un reto importante para los productores y los exportadores de los países en desarrollo y un desafío para los menos adelantados. Al combinar requisitos de inocuidad alimentaria con protección ambiental y laboral se pretende promover métodos de producción sostenibles para el medio ambiente y que sean más seguros para el consumo humano. Sin embargo, la amplia brecha entre la agricultura convencional y la de exportación, asociada a las exigencias de ciertos consumidores nacionales que se aproximan cada vez más al de los países desarrollados, generan un espacio de incertidumbre para la pequeña agricultura proveedora del mercado interno y favorece el arranque de las exportaciones de las grandes empresas de agrobusiness en el mercado externo. En definitiva, los códigos de Buenas Prácticas Agrícolas, el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos-APPCC y las certificaciones de producción responsable ("fair trade", orgánicos) se han convertido en condición indispensable de acceso a los mercados y en ciertos casos, se ha transformado en una barrera no-arancelaria al comercio de alimentos, en especial en la medida en que se avanza en la cadena de especialización, diferenciación y de valor agregado. Por otro lado, a pesar de las dificultades iniciales de implementación y de la inversión financiera requerida, no se debe desconsiderar que estas normas privadas han desempeñado un rol positivo, sirviendo de catalizadoras y de incentivos para la modernización de los sistemas de regulación y de las prácticas de producción de los grandes y medianos productores agrícolas.