El Estado es el mayor demandante de bienes y servicios en la economía. No obstante, a pesar de que las compras públicas representan más del ochenta por ciento del comercio mundial, ellas están excluidas de los compromisos de trato nacional y acceso a mercados de los Acuerdos sobre Comercio de Bienes y de Servicios de la OMC, donde existe sólo un Acuerdo Plurilateral de Compras (ACP); conformado principalmente por países desarrollados. Usualmente, se explica la renuencia de los países en desarrollo en adherir al ACP, en su falta de voluntad política para cumplir normas que hagan más transparentes y menos discriminatorios sus mercados de compras. Sin embargo, esta aseveración resulta discutible al constatar que países latinoamericanos que no han suscrito el ACP, no han sido ajenos a negociar compras públicas en el marco de tratados de libre comercio. El presente trabajo analiza las principales disposiciones del ACP y las compara con las contenidas en Acuerdos negociados por los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón con países de Latinoamérica, a fin de identificar sus elementos relevantes, evaluar sus enfoques y extraer algunas conclusiones importantes para la regulación de las compras públicas en la región.