Las políticas de competencia en América Latina se desarrollaron como un instrumento de la estrategia de desregulación y liberalización de los mercados, y su evolución estuvo en cierta forma atada a las reformas económicas, pero su práctica no ha tomado en cuenta una estrategia de crecimiento o de desarrollo productivo. En esa perspectiva, uno de los mayores desafíos que los países enfrentan se encuentra en la articulación de la política de competencia con instrumentos regulatorios sectoriales, aplicados particularmente en áreas de servicios públicos, financieros, de defensa del consumidor y otros. También, la coordinación entre los organismos a cargo de estas funciones pasa a ser primordial. La globalización le ha dado una nueva dimensión a la política de competencia, ampliando el espacio económico en que las empresas se desenvuelven. Los países pueden abordar las conductas anticompetitivas de carácter internacional cooperando con organismos supranacionales y agencias de competencia de otros países. La cooperación a este nivel permite enfrentar las restricciones de escala y facilitar la construcción de capacidades al respecto, especialmente en el caso de economías más pequeñas. En particular, los acuerdos de integración subregional pueden complementar las políticas domésticas de competencia y apoyar sus procesos de fortalecimiento, contribuyendo además a afianzar las relaciones económicas en el bloque. La experiencia en América Latina y el Caribe ha mostrado que para cumplir con los objetivos de la política de competencia, no se trata solo de disponer de leyes establecidas y normas adecuadas, sino que de instituciones suficientemente fuertes, profesionales capacitados y dotados de poder, así como de procedimientos y sanciones y ejemplarizadoras para hacer cumplir las normas.