La desigualdad social se encuentra en el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para América Latina —la región más desigual del mundo— la desigualdad social representa, además, un rasgo estructural y por tanto un desafío fundamental. En respuesta al mandato conferido por los países latinoamericanos y caribeños a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe durante la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe celebrada en Lima en noviembre de 2015, el presente documento profundiza en el análisis de la matriz de la desigualdad social en la región. El análisis se centra en algunos de los principales ejes que estructuran la desigualdad social (el género, la pertenencia étnico-racial, la edad o etapa del ciclo de vida y el territorio), con el fin de ilustrar su peso en la magnitud de las brechas de desigualdad, en su permanencia y en su reproducción. Con frecuencia, las múltiples dimensiones de la desigualdad se encadenan, entrecruzan y potencian entre sí, afectando particularmente a determinados grupos de población. Para seguir avanzando en el desarrollo sostenible de los países, es necesario reconocer y mejorar el diagnóstico de las múltiples dimensiones. Sobre la base de dicho análisis, el documento concluye con varias recomendaciones de política entre las que destacan la necesaria articulación entre las políticas económica, productiva, laboral, social y ambiental; la importancia de un enfoque de derechos y de una mirada integral para las políticas abocadas a combatir la desigualdad; el fortalecimiento de la institucionalidad y el logro de pactos sociales como fundamentos de políticas sociales de calidad; la relevancia de proteger el gasto social y los ingresos tributarios dedicados al desarrollo social, y la necesidad de aumentar las capacidades estadísticas para dar visibilidad a las diferentes dimensiones de la desigualdad y avanzar en su comprensión. Además, se señala la urgencia de transitar de una cultura del privilegio a una cultura de la igualdad, lo que requiere orientar las políticas hacia un universalismo sensible a las diferencias.