Una de las consecuencias para América Latina y el Caribe de la reciente crisis internacional es la consideración de los resultados del esquema de desarrollo seguido por la región en el último cuarto de siglo. En esta reflexión participan gobiernos, organismos financieros, instituciones multilaterales, analistas, académicos y la sociedad en su conjunto, quienes observan con una mirada de más largo alcance tanto el pasado como el futuro para identificar caminos más rápidos y efectivos hacia un desarrollo sostenido e incluyente. En buena medida, esta reflexión es parte central de la propuesta de la CEPAL en La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. Como resultado de lo anterior, se observa una creciente atención por parte de los actores económicos y sociales a la recuperación de elementos olvidados (que hoy adquieren valor) de las políticas públicas que se dejaron atrás por la preeminencia del Consenso de Washington y que parecen ganar nuevamente el interés de los encargados de formular políticas públicas. Otra lección de la crisis es la necesidad de contar con verdaderas políticas de Estado en la región que recojan una visión de mediano y largo plazo en una macroeconomía orientada no solo a la estabilidad nominal (inflación, tasa de interés, tipo de cambio), sino también con un papel cada vez más importante en la estabilidad real (producto y empleo, tasas de interés y tipos de cambio para promover el crecimiento), así como lo que parece ser un renovado ímpetu de la planificación para el desarrollo, y las políticas de desarrollo territoriales, incluyentes y centradas en la igualdad de resultados. En América Latina y el Caribe vuelve el debate sobre el valor de la política pública y el papel del Estado en su acepción más amplia, así como sobre la importancia del funcionamiento del sector público (la gestión pública) y las instituciones para conducir y enfrentar los asuntos de interés público. Se trata de construir visiones de país con el mayor acuerdo posible y de garantizar la continuidad en el tiempo de las que, por su naturaleza, son políticas de Estado y que, por tanto, trascienden los períodos de gobierno. En el marco de la democracia, las sociedades latinoamericanas y caribeñas se convierten en actores fundamentales para exigir a sus gobiernos una gestión pública de calidad, eficaz y eficiente, honesta, transparente, que rinda cuentas y que dialogue con la sociedad civil para avanzar hacia la solución de los grandes problemas nacionales.La crisis fiscal del mundo desarrollado ha puesto en evidencia la importancia del buen uso de los recursos públicos así como las dificultades de sostenimiento de los programas sociales y, si bien América Latina y el Caribe no sufrió una crisis fiscal como consecuencia de la recesión internacional de 2009, es evidente la fragilidad estructural de los ingresos y las dificultades en muchos países de la región para ejercer un gasto público de manera eficiente, igualadora y progresiva. Esta es una de las dimensiones de lo que podría ser el renovado papel del Estado, que de inmediato genera una pregunta más amplia respecto del tipo de Estado que requiere la región para avanzar en una nueva ruta hacia el desarrollo, de las instituciones nuevas o renovadas que den sustento a los cambios que la sociedad está exigiendo y de las políticas públicas necesarias para avanzar en el desarrollo y superar las brechas que afectan a la región. La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir pone el énfasis en la tarea de aumentar los recursos fiscales, de contar con un gasto público más redistributivo y aumentar la cobertura de los programas con el fin de privilegiar objetivos de crecimiento con igualdad. De hecho, cada vez más se incluyen metas fiscales de gastos e ingresos en los planes gubernamentales y en las estrategias nacionales de desarrollo, que superan el horizonte de un gobierno y que, por tanto, se orientan a políticas de Estado. La tarea de perfeccionar las bases de la administración financiera del Estado es parte integrante de un pacto fiscal amplio. La gestión pública podría facilitar el proceso de toma de decisiones y los arbitrajes, tanto a nivel central como subnacional, si se diseña a partir de ejercicios prospectivos y planes estratégicos, con reglas fiscales de mediano plazo, programación presupuestaria plurianual, convenios de desempeño, instancias de coordinación efectiva y sistemas abiertos de evaluación de planes y programas. El apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad en los países se enfoca desde una perspectiva de planificación para el desarrollo y busca incidir en la calidad de las políticas públicas, lo que redunda finalmente en el bienestar de los ciudadanos. La misión del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) es apoyar a los países en este proceso, abordando el ciclo completo de la gestión pública, desde su diseño y formulación, pasando por la programación fiscal, presupuestaria y de inversiones, hasta el seguimiento y la evaluación de políticas y programas públicos en los diferentes niveles institucionales de gobierno: global, territorial, institucional y programático. En los últimos años, el ILPES ha brindado un apoyo sistemático en todos los niveles de las intervenciones gubernamentales. Se ha otorgado asistencia técnica para la elaboración de estrategias nacionales de desarrollo en los planes de mediano plazo y en los necesarios ejercicios asociados de consistencia macroeconómica y de presupuestación. Asimismo, y para cerrar el ciclo, se ha puesto especial énfasis en la evaluación del diseño y la aplicación de políticas, programas e inversiones públicas. En un entorno favorable, de optimismo respecto del crecimiento futuro, con finanzas públicas mejoradas, pero al mismo tiempo con múltiples brechas por cerrar y caminos por abrir, los Estados y los países de América Latina y el Caribe deben abordar con decisión el proceso de definición de prioridades de política para enfrentar los desafíos futuros. Si este proceso político y técnico es consistente y duradero, los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo que se plasman en planes y agendas de gobierno tendrán mayores posibilidades de materializarse y contribuir a la calidad de las políticas públicas y a la credibilidad de los gobiernos. En este marco, es importante para el ILPES analizar, con una primera mirada transversal, el proceso de elaboración de las visiones de país y de las estrategias de desarrollo. Al presentar este Panorama de la gestión pública en América Latina, nos interesa destacar los desafíos interconectados de las finanzas públicas, de la gestión pública y de la planificación para el desarrollo en América Latina, así como abordar temas que son críticos para la nueva arquitectura estatal en la hora de la igualdad. La asistencia técnica directa a los países, los numerosos seminarios, cursos y talleres de capacitación realizados y el material elaborado en los últimos años han permitido preparar este panorama general del sector público y de la planificación para el desarrollo, que esperamos contribuya al debate sobre el papel del Estado en nuestras economías y sociedades, y a la elaboración de visiones compartidas en los países de América Latina y el Caribe.