Los patrones tienen la obligación legal de capacitar a sus trabajadores, pero el gobierno carece de mecanismos efectivos para exigir que la cumplan. Los programas implementados para apoyar que las empresas capaciten en el trabajo son insuficientes, debido a que no son prioritarios para el gobierno, que privilegia la capacitación para el trabajo, principalmente escolarizada, y sobre todo la educación tecnológica. Para los trabajadores desempleados, el gobierno ha implementado el Subprograma BÉCATE, que ofrece capacitación para el trabajo no escolarizada. Aunque los sistemas de educación tecnológica y de capacitación para el trabajo son reducidos en comparación con la PEA, parte de sus egresados se ocupa en la economía informal, debido a la escasa demanda laboral de la economía formal. Por ello, el gobierno ha reorientado su FPC para apoyar el autoempleo tanto de estos egresados como de la PEA en general. Las adecuaciones de la FPC han implicado que el aprendizaje de competencias laborales ya no sea su objetivo primordial, sino que prevalezcan otros objetivos, ya sea la eficiencia terminal de los alumnos, la tasa de colocación de los desempleados o la tasa de sobrevivencia de los proyectos de autoempleo. En cualquier caso, la adquisición de competencias laborales per se y su certificación han perdido relevancia. El CONOCER se estableció para contar con un sistema de normalización y certificación de competencias laborales para todas las instituciones; sin embargo, su presupuesto es insuficiente y el alcance de sus acuerdos con las instancias de FPC es reducido. Mientras no se recupere el dinamismo de la economía formal, el desarrollo de un SNFPC tendría que considerar que los trabajadores informales, tres quintas partes de la población ocupada, requieren competencias laborales mínimas y sin certificación.