Un desafío importante que todavía enfrentan los países de América Latina y el Caribe es el de lograr un mayor desarrollo de sus sistemas financieros, entendiendo por esto en primer lugar la capacidad de los mismos de canalizar el ahorro hacia el financiamiento productivo y la inversión ―contribuyendo de esa forma al logro de mayores tasas de crecimiento en las economías― y en segundo lugar la capacidad de ser inclusivos brindando acceso a servicios financieros a mayores segmentos del entramado productivo y de los hogares que hoy en día permanecen por fuera. Un sistema financiero más desarrollado en la región sería uno que lograra dar cuenta de la gran heterogeneidad estructural que caracteriza las estructuras productivas, es decir que fuera capaz de proveer instrumentos o servicios acordes a esas realidades heterogéneas de los actores del entramado productivo permitiendo una mejor asignación de recursos y una mayor diversificación y cobertura de riesgos. En ese sentido, un requisito primordial para lo anterior sería la existencia de suficientes instrumentos y mecanismos para hacer frente a las distintas necesidades de ahorro y de financiamiento que puedan presentar los distintos agentes.