La sociedad civil de América Latina aún no adquiere los suficientes conocimientos ni desarrolla capacidades y acciones que incidan en las empresas y sus organismos corporativos de forma que se guíen por una concepción de responsabilidad empresarial en lo ético, financiero, social y ambiental. Una conducta socialmente responsable de las empresas puede contribuir a establecer bases para una mejor convivencia social y mayor gobernabilidad en naciones en desarrollo. A partir de la elaboración de las directrices de Naciones Unidas sobre protección al consumidor y luego de la incorporación del tema a la legislación en distintos países de la región, se logró validar y otorgar un peso institucional significativo a los consumidores y sus asociaciones. Frente a la demanda de comportamiento responsable por parte de estos grupos e instituciones, las grandes empresas comenzaron a tomar en cuenta las dimensiones éticas, ambientales y sociales porque impactan en sus negocios de largo plazo. El Estado también puede contribuir significativamente a la internalización de prácticas de RSE particularmente en las pymes, que -por sus limitaciones estructurales- están más atrasadas en esta área que las grandes empresas. Finalmente, para que la RSE se valide transversalmente se hace necesario desarrollar a nivel social una cultura de la RSE. Para ello, el Estado conjuntamente con el sector privado y la sociedad civil deben promocionar iniciativas conjuntas.