En un largo y lento proceso, los derechos indígenas se han ido contemplando en la Carta Magna de la República, así como en leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, y otros. Los logros alcanzados son respuestas al movimiento incesante, persistente y organizacional de los indígenas por la reivindicación y ejercicio de sus derechos en distintos ámbitos nacionales e internacionales. Una de sus expresiones más visibles es la paulatina creación de las Comarcas Indígenas (5 en la actualidad), cuyas leyes constitutivas contienen el reconocimiento de su estructura política administrativa tradicional, de su autonomía, de su identidad y de sus valores históricos culturales, como parte del sistema nacional. Sin embargo, persiste un vacío entre las normativas legales y su operativización e implementación, lo cual conlleva que en los umbrales del siglo XXI una proporción importante de la población indígena panameña siga viviendo en una situación de marginación y exclusión social. Ello se expresa en sus precarias condiciones de salud, sus bajos niveles de escolaridad y la inserción en ocupaciones de menor remuneración, entre otros. Además, se constata que la demarcación de las Comarcas no ha frenado la intensa emigración desde los territorios indígenas hacia los disintos polos de atracción del país. En términos generales, este diagnóstico muestra que las marcadas inequidades sociales son sistemáticas tanto por condición étnica como por género. A modo ilustrativo, pese a los avances en materia de servicios de salud, la mortalidad infantil de los niños indígenas es tres veces mayor que la de no indígenas; los niveles de fecundidad actuales son similares a los que tenían en promedio las mujeres panameñas hace más de 50 años; el analfabetismo de los hombres indígenas es del 28% y de las mujeres indígenas 48% mientras que entre los no indígenas es de apenas un 5,5% sin diferencias por sexo.