Resumen El presente documento se orienta al análisis de las denominadas "políticas de recursos hídricos", para lo cual se describe en principio qué son, para qué sirven y qué las caracteriza. A continuación se exponen las tendencias en materia de formulación de políticas de aguas que se registran actualmente en algunos países de la región. Se distinguen las políticas de intención de las de ejecución y se establecen los elementos que las caracterizan: reglas básicas, principios de organización y procedimientos fundamentales. Luego se destaca la importancia de conciliar las características de los sistemas hídricos con las políticas económicas. Se aclaran las diferencias entre el punto óptimo económico y el punto óptimo hídrico y se señalan varias características de los sistemas hídricos que requieren un tratamiento particular en una economía de libre mercado (externalidades, dificultad de asignar derechos, economías de escala, indivisibilidad del recurso y otras);. En función de esas características se establece que es posible y recomendable que la demanda de agua de cada sector usuario se administre en forma privada (como servicios de agua potable, hidroenergía y sistemas de riego);. En cambio se sostiene que la administración del suministro de agua en una cuenca hidrográfica debe forzosamente estar a cargo de un grupo en que participen los propios usuarios y el Estado además de grupos representativos de los habitantes de la cuenca. Se indica también que el punto óptimo económico de cada uno de los sectores de usuarios se obtendrá solamente si se administra el sistema hídrico en forma conjunta, lo que será cada vez más necesario en vista del creciente aumento de la demanda y la consiguiente competencia por el agua. Tarde o temprano se utilizará y reutilizará el agua en todas las formas posibles, por lo cual deben prevenirse los conflictos entre usuarios, trabajando con anticipación y en forma conjunta para lograr las compatibilizaciones necesarias y las consiguientes economías de escala. La prevención de conflictos es esencial para evitar los costos derivados de las situaciones de emergencia que se pueden presentar en los países y centros urbanos de la región —como los prolongados racionamientos de agua y energía registrados recientemente en Bogotá y Lima y anteriormente en Buenos Aires debido a la sequía y la falta de obras de regulación— y para solucionar los graves problemas de contaminación del agua ya existentes.