En los últimos años, el problema del cambio climático ha captado un nivel de atención sin precedentes y ello se ha traducido en una movilización internacional para concertar acciones destinadas a mitigarlo, un mayor dinamismo en materia de innovación tecnológica para contar con herramientas que permitan paliar sus causas y una creciente preocupación por sus posibles consecuencias negativas sobre el desarrollo económico y social de los países. El tema ha pasado incluso a integrar la agenda de prioridades del Secretario General de las Naciones Unidas junto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La preocupación dominante a nivel mundial está correctamente enfocada a mitigar el origen del problema —las emisiones de gases de efecto invernadero— para evitar retroalimentaciones sistémicas irreversibles. El flujo de estas emisiones hacia la atmósfera y su acumulación a lo largo de los últimos siglos han elevado las concentraciones aumentando de eso modo la temperatura atmosférica a niveles peligrosos. El régimen internacional acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto solo limita la emisión de gases de efecto invernadero de los países desarrollados y regula parcialmente el uso de la atmósfera como sumidero de los gases de efecto invernadero antropogénicos, y aún está lejos de tutelar la seguridad climática. En 2007 se pudo precisar una dimensión temporal y cuantitativa para el logro de la seguridad climática, que es un bien público global que se debe proteger (Bárcena, 2008 y 2009a y b; El Universa l, 2008). El informe Stern sobre la economía del cambio climático y el cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) aportaron elementos nuevos que permitieron hacer dicha precisión (Stern, 2006). Por una parte, el IPCC despejó la incertidumbre sobre la responsabilidad humana en el cambio climático y sobre el potencial de daño de este fenómeno en distintos escenarios. Por la otra, además de hacer estimaciones sobre los costos globales de la mitigación del problema, el informe Stern puso en claro que la demora en la acción hará más cuantiosas las pérdidas de bienestar o producto global e inclinó la discusión a favor del establecimiento de tasas de descuento muy bajas en el futuro y la conveniencia de actuar sin demora En este informe se hizo referencia a lo que se ha vuelto el estándar de seguridad climática para los países industrializados y algunas economías emergentes: detener el aumento de la concentración de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en un rango de entre 500 y 550 partes por millón (ppm) de CO2 eq, que supondría un incremento global de la temperatura de entre 2,5oC y 3,5oC. Si se rebasa este nivel, se estaría ante márgenes de cambio para todos los sistemas, con muy bajas posibilidades de adaptación. El incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera es de aproximadamente 2,5 ppm de CO2 eq al año y la concentración actual gira en torno a las 430 ppm de CO2 eq. De mantenerse esa tasa de aumento, a mediados de este siglo se llegaría a una concentración de 550 ppm, y posteriormente las emisiones seguirían aumentando. Desde esa perspectiva, el tiempo para lograr la estabilización de las concentraciones en niveles seguros se estaría agotando rápidamente. La situación de América Latina y el Caribe es distinta de la de los países desarrollados. Estos últimos son los que principalmente generan las externalidades globales resultantes de las emisiones, y también las sufren, mientras que la región de América Latina y el Caribe, si bien contribuye poco a generar esas externalidades, sufre sus consecuencias de manera desproporcionada. Si se toman en cuenta las emisiones regionales, América Latina y el Caribe solo genera más emisiones que áfrica, que ocupa el último lugar (aunque en términos de emisiones per cápita se encuentra por delante de Asia y áfrica). No obstante, la región figura entre las más vulnerables por estar localizada dentro de la franja de huracanes y tener numerosos Estados insulares y zonas costeras bajas, depender de los deshielos andinos para el suministro de agua a los sectores urbano y agrícola, y estar expuesta a inundaciones e incendios forestales, entre otras particularidades. Son precisamente esas particularidades geográficas y la situación de América Latina y el Caribe en la economía global las que obligan a realizar un análisis específico de los efectos del cambio climático en la región. Hasta hace muy poco tiempo, la discusión se centraba en el impacto ambiental de este fenómeno en la región y solo recientemente se ha prestado especial atención a sus efectos económicos. En este libro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene por objeto contribuir a cerrar la brecha entre el ámbito ambiental y el económico, se ofrece un primer análisis de la información más relevante para la región sobre el tema disponible a 2009. Asimismo, se destacan algunos aspectos económicos relacionados con el cambio climático y sus consecuencias en América Latina y el Caribe, como el vínculo con el comercio internacional, el contagio negativo de las finanzas públicas y las futuras restricciones a un desarrollo económico con alto grado de consumo de carbono. El cambio climático es una barrera para el desarrollo en términos de los recursos que se perderán o que deberán reasignarse para adaptarse a sus efectos negativos. Sin embargo, también representa una oportunidad para buscar un desarrollo de mejor calidad, con más inversiones en tecnologías que puedan mitigar algunas externalidades ambientales negativas del proceso de desarrollo. Es importante atraer la atención de los equipos económicos de los gobiernos de la región hacia estos temas, pues cuanto mejor preparados se encuentren, menores serán las presiones imprevistas sobre el gasto y las pérdidas recaudatorias y mayor la gobernabilidad económica de los países. En suma, este libro tiene por objeto brindar a los gobiernos de América Latina y el Caribe algunos elementos de juicio que contribuyan al análisis de la relación entre cambio climático y desarrollo. En el texto se destaca la enorme importancia de los mecanismos para distribuir adecuadamente los costos del cambio climático. Asimismo, se señala que el entorno internacional en que se desenvolverá la región sufrirá importantes modificaciones que llaman a la previsión en el ámbito del comercio y de las futuras inversiones con base en la huella de carbono. La información presentada en este documento se complementará en un futuro cercano con los resultados de los estudios sobre economía y cambio climático que se están realizando en algunos países de la región (el Brasil, México y algunas naciones de Centroamérica, América del Sur y el Caribe). A medida que se vayan incorporando nuevos datos, existirá una mayor certeza sobre la magnitud nacional y sectorial de los costos de adaptación y de las potenciales ganancias de la mitigación. Probablemente en 2010 se cuente con información proveniente de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, lo que permitirá fortalecer la perspectiva regional. En la información revisada se incluyó literatura internacional reciente sobre cambio climático que abarca a América Latina y el Caribe, como los escenarios a 2030 de la Agencia Internacional de Energía, el cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y los informes preparados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En estos documentos se pone énfasis en la adaptación como estrategia para la región, en las posibles ganancias de la mitigación con y sin mercados de carbono y en la necesidad de proteger las finanzas públicas de los desastres físicos o económicos que podrían redundar en menores ingresos y mayores gastos. Por último, me gustaría dar las gracias a Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, por la coordinación de este documento, a la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, a cargo de Mario Cimoli, por los aportes realizados sobre los impactos en el sector primario y a la División de Recursos Naturales e Infraestructura, a cargo de Hugo Altomonte, por su colaboración en las consideraciones relativas a la energía. Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)