Tras 15 años de aprobada la Plataforma de Acción de Beijing en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y casi 30 años de desarrollo de las políticas de género, sin duda se han logrado avances importantes en la región. El Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe es un instrumento que, además de mostrar esos progresos, señala las materias en las que aún existen rezagos pese a los compromisos adquiridos por los países de la región. Entre los principales logros, cabe mencionar la institucionalización formal de los mecanismos para el adelanto de la mujer en 39 países de la región. En América Latina, en un 35% de los países hay un ministerio de igualdad de género o una entidad con rango ministerial en esta área, en un 20% se han creado concejos o institutos adscritos a la presidencia o cuyo titular es directamente responsable ante el presidente y en un 45% existen entidades adscritas a un ministerio. En el Caribe, el 90% de las entidades dependen de un ministerio. Existe un grupo menor de países que aún no cumple con el compromiso adquirido en Beijing de crear organismos destinados a la puesta en marcha de políticas para el logro de la igualdad de género al más alto nivel. Por otra parte, es preciso señalar los avances logrados en materia de cargos de representación política y ejercicio del poder. La presencia de mujeres en la toma de decisiones, aunque heterogénea, integra hoy la agenda de la región. El porcentaje de parlamentarias en los diversos países varía del 40% en la Argentina y Costa Rica a menos del 10% en Guatemala. Cabe destacar el caso de Chile, donde la llegada al poder de Michelle Bachelet estuvo acompañada de una agenda de paridad y protección social en que las mujeres ocuparon un lugar central. Cuando se aprobó la creación del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, existía plena convicción de que este era necesario para contar con más y mejor evidencia cuantitativa y cualitativa de los logros y avances alcanzados, por una parte, y poder identificar los desafíos y generar respuestas adecuadas, así como contar con herramientas que permitieran a los gobiernos anticiparse a las tendencias y visualizar nuevos procesos, por la otra. En definitiva, se trata de una herramienta que permite monitorear y dar seguimiento a las políticas públicas, anticiparse a los procesos sociales y contar con evidencia empírica a partir de datos oficiales respecto de la situación de las mujeres y las desigualdades en relación con los hombres, lo que exige de los países la puesta en marcha de sistemas de información que den cuenta de esta realidad.