El Informe ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe, es el resultado de un trabajo conjunto de las organizaciones y organismos especializados de las Naciones Unidas en la región. Para cumplir el cometido inspirado en la resolución 58/185 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 2003, las organizaciones representadas en la decimotercera reunión de los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas sobre el adelanto de las mujeres en América Latina y el Caribe (Mar del Plata, Argentina, 6 de septiembre de 2005), acordaron la realización de un estudio interinstitucional sobre violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones bajo la coordinación de la CEPAL. En la misma línea del informe del Secretario General relativa al estudio exhaustivo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, se busca promover la erradicación de uno de los crímenes más generalizados y acabar con la impunidad que lo acompaña. Su difusión y debate en todos los sectores de la sociedad ayudarán a elevar la conciencia social, para proporcionar a las autoridades recursos e instrumentos para su eliminación. El informe regional, al igual que el del Secretario General, pone de manifiesto que para erradicar la violencia es imprescindible que esta se convierta en un objetivo central de las agendas públicas: en primer lugar, como problema de derechos humanos y como obstáculo para el desarrollo en segundo. Es necesario avanzar hacia una política pública que subraye el deber de diligencia que tiene el Estado para proteger a las mujeres contra la violencia. La voluntad política debe ir acompañada de los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para articular y profundizar los esfuerzos existentes en materia de prevención, atención y sanción. La falta de experiencia, la carencia de modelos o la indiferencia social no son la explicación para las debilidades analizadas en este documento. Los principales obstáculos se encuentran, en primer lugar, en la vacilante voluntad de la esfera institucional, ya que los tres poderes del Estado muestran deficiencia, falta de recursos técnicos, financieros y humanos. En segundo lugar, la persistencia de factores culturales que invaden todas las esferas de la vida social y legitiman la violencia. En este contexto, la sinergia negativa entre la debilidad institucional y la cultura patriarcal favorece y provoca situaciones de impunidad. Estos factores son causa y consecuencia de la falta de poder de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Las buenas prácticas identificadas en la región indican que el círculo de impunidad se puede romper con la puesta en marcha de estrategias multisectoriales, donde las mujeres tengan plena participación como ciudadanas. Debido al crecimiento exponencial de las denuncias, la mayor visibilidad social de las violencias -incluida la de género- y la baja legitimidad de las instituciones públicas, los programas que fueron exitosos en los inicios de la lucha contra la violencia, hoy requieren de un cambio decidido basado en un fuerte compromiso político para realizar reformas institucionales en el ámbito de la justicia y la seguridad, y políticas públicas que se enmarquen en la legislación internacional sobre derechos humanos de las mujeres.