A partir de la apertura de la economía y de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se ha convertido en uno de los países exportadores más dinámicos del mundo. No obstante, el sector exportador está casi totalmente desconectado de la economía orientada al mercado interno. Como lo ha mostrado la experiencia de otros países, vincular el sector externo con el interno requiere de una estrecha colaboración entre el Estado y los empresarios a fin de pasar de una especialización en productos intensivos en mano de obra mal remunerada hacia productos tecnológicamente más sofisticados. No obstante, en México se pasó de un Estado que actuaba como el principal agente económico y que protegía excesivamente a la industria a otro que abrió de manera indiscriminada la economía y que ha dejado actuar al mercado con una débil regulación, lo que ha llevado a la emergencia de grupos económicos monopólicos. En estas circunstancias, la mayoría de los empresarios nacionales se  enfrentan a situaciones muy desventajosas que podrían ser compensadas con alianzas entre el gobierno y los empresarios, que reflejen un real compromiso de ambos para colaborar. En México ha  habido grandes acuerdos políticos (generalmente dominados por el Estado) entre el gobierno, los empresarios y otros sectores sociales, como lo fueron los pactos de los años ochenta y principios de los noventa (con el sindicalismo), y más recientemente el Acuerdo Nacional para el Campo (con las organizaciones campesinas) y el de estabilización del precio de la tortilla. No obstante, han faltado y fallado los acuerdos orientados a la producción, a la productividad y a la competitividad. Los diversos y muy numerosos programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas o algunos sectores económicos han sido poco efectivos por diversos motivos: han estado  subfinanciados, no han logrado modificar el contexto en el que operan las empresas, o no han sido canalizados apropiadamente. Con respecto a este último punto, no ayuda el que empresarios no cuenten con asociaciones autónomas sólidas que les permitan presionar y negociar los acuerdos, y a la vez no han sido capaces de generar información, ni asesorar y apoyar a sus agremiados de forma adecuada.