Resumen Durante medio siglo los gobiernos han operado los puertos estatales como entes sociopolíticos, haciendo caso omiso a las señales del mercado. Al no responder a éstas, los gobiernos han tenido que subvencionar los puertos, aceptar que las operaciones fueran lentas y costosas, renunciar a la introducción de tecnologías que reducen la demanda de estibadores, permitir a los sindicatos monopolizar el manejo y estiba de la carga, y negociar acuerdos colectivos que institucionalizan las prácticas ineficientes. Hoy, en cambio, los servicios portuarios deben regirse por criterios comerciales. Esta transición ha sido impulsada por la globalización económica, la transformación de los servicios y los avances tecnológicos. Los mercados internacionales ahora son globales; es decir, la competencia rige no sólo para los productos finales sino también para todos los insumos que intervienen en las cadenas de producción y distribución. Los servicios portuarios en la actualidad tienen que agregar valor a las actividades comerciales de los clientes, y fortalecer la base comercial de los operadores privados de las terminales marítimas. Las tecnologías amplían los mercados que los puertos pueden servir y exigen un mejoramiento de las capacidades de la mano de obra. Los principales argumentos utilizados para oponerse a la presencia del sector privado en los puertos estatales exhortan que éste representa: i) la transferencia de un monopolio del sector público al sector privado; ii) la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias; iii) el fin de la mano de obra organizada; y iv) la cesión de la soberanía de la nación al sector privado. Para evitar que esto ocurra los gobiernos tienen que adoptar un marco institucional para los puertos que desregule y descentralice el entorno comercial de éstos, y adoptar leyes antimonopolio y una legislación específica que defina la forma de participación del sector privado. Para lograr metas comerciales, es importante supeditar las actividades del sector laboral a los mecanismos del mercado. Esto asegura que las actividades laborales se rijan por el mismo sistema de estímulos y sanciones del mercado que los demás miembros de la comunidad portuaria. El régimen laboral debería asegurar el establecimiento de un mercado laboral competitivo mediante la desregulación y la descentralización, las negociaciones directas entre los sindicatos y los operadores privados, la equidad social que ofrece oportunidades de capacitación y compensación a los trabajadores, y la adopción de un régimen antimonopólico que se aplique por igual a los empresarios privados y a los trabajadores.