Resumen Este trabajo es la versión inicial de un estudio en evolución al presente. El mismo ha sido motivado por el proceso de privatizaciones en América del Sur cuyo proceso, según se ha dado en algunos países, tuvo bases no sólo en objetivos de incremento de eficiencia en la prestación de servicios, sino además en cambios estructurales en la economía.Esta situación resulta en que las privatizaciones tengan, en ciertos países, por lo menos en su inicio, la característica de ser una "herramienta macroeconómica" con un fin estabilizador de la economía; lo que resulta en que las ganancias de eficiencia productiva resultantes de las privatizaciones no se trasladen necesariamente a la sociedad a través de una reducción de tarifas.El presente trabajo efectúa una síntesis sobre las técnicas de privatización, el contenido jurídico de las mismas, la noción de servicios públicos, y las modalidades de su regulación, con el fin de avanzar en la determinación de prácticas y regulaciones del sector en la legislación comparada. Se lo ha traido a esta reunión en razón de que una parte apreciable de los servicios públicos pasan por los recursos hídricos, en un momento en que la tendencia a la internacionalización por parte de inversores y prestadores del servicio es clara.Los servicios públicos son un elemento estructural de la sociedad moderna. No se pueden concebir las ciudades y formas de producción contemporánea sin los mismos. En la mayoría de los casos tienen características monopólicas y afectan el interés público.Son actividades con relevantes economías de escala y de alcance; inversiones fijas no líquidas; capacidad diseñada para demandas de punta; y sujetas a regulación pública. Los elementos más fundamentales de la regulación son normalmente la calidad de los servicios y las tarifas, estas últimas vinculadas en algunos sistemas a tasas de retorno razonable para el prestador de los servicios.Los instrumentos legales en base a los cuales se prestan los servicios tienen elementos de interés público que los diferencian de los contratos del derecho común, con una presencia activa del Estado en su ejecución (regulación);. La regulación se institucionaliza a través de comisiones y organismos regulatorios, para las cuales se tiende a asegurar capacidad técnica, financiera, e independencia.En lo que hace a uso de aguas, los prestadores de servicios son grandes usuarios institucionales, sujetos normalmente a permisos de uso de aguas, normas de descarga y contaminación y obligaciones generales de uso efectivo y beneficioso del recurso.Las empresas que proveen estos servicios tienden a integrarse vertical y horizontalmente y a internacionalizarse. Esto hace que un número de sistemas presten especial atención al monitoreo de composición de paquetes accionarios, y los métodos de celebración de contratos.En los países que están al presente volviendo a sistemas privados de prestación de servicios públicos se han empezado a crear mecanismos regulatorios e instituciones al respecto. Este proceso de desarrollo institucional es fundamental para el adecuado entendimiento y seguimiento de las actividades vinculadas a los servicios. Las instituciones que se crean son básicas para el servicio y necesitan ser actualizadas en forma permanente.La experiencia en la legislación y administración comparada es muy importante a este respecto, y sería útil crear sistemas, programas y proyectos para la transferencia de la misma.