Desde que el aumento de los precios de los alimentos encendiera luces de alerta sobre la sostenibilidad de la seguridad alimentaria global en 2007-2008, la agricultura ha sido un gran foco de atención pública. El desarrollo del sector agrícola durante el último lustro ha estado marcado por la volatilidad de los precios internacionales de los principales productos básicos, causada por el desempeño irregular de la economía mundial y por la mayor variabilidad climática. La situación en el 2012 no fue la excepción, pues a los efectos de fenómenos naturales como las sequías en el norte del continente americano, se sumaron la desaceleración de la economía de los países asiáticos y la crisis europea. En la Cumbre de Líderes del G20, realizada en México en junio del 2012, varias agencias internacionales de desarrollo postularon mantener durante los próximos años el tema de la seguridad alimentaria y nutricional de forma destacada en la agenda del G20. En la Conferencia Rio+20, realizada este mismo año, se planteó que, para erradicar el hambre y la pobreza, así como lograr el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el buen manejo y uso de los recursos naturales deben ir de la mano.El presente documento aporta información actualizada y análisis, tanto de la coyuntura reciente del sector agroalimentario y su contexto, como de las perspectivas que se vislumbran para el 2013. Es este un esfuerzo conjunto que desarrollamos por cuarto año consecutivo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica). En este documento, elaborado de manera conjunta por La CEPAL, la FAO y el IICA, se reconoce que la coyuntura enfrentada durante los últimos años complejiza los procesos de formulación de políticas y de toma de decisiones, tanto para los agentes públicos como para los privados. Pero también provee una oportunidad para el desarrollo de políticas públicas más sofisticadas, integrales y de largo aliento, abordando temas que trascienden lo puramente agrícola. El contexto es favorable para rescatar el rol del Estado en la provisión de bienes públicos para la agricultura, para promover una mayor participación de los actores del sector en los procesos de elaboración de políticas y visiones estratégicas, y para propiciar una mayor colaboración público-privada, sobre todo para incrementar la inversión, en particular, en investigación, desarrollo e innovación.