En un marco de expansión del gasto y de mejoras de la equidad, e inserta en un sistema de salud dual, esta reforma de la gestión de la salud pública en Chile pretende consolidar una ventaja de costos respecto del sector privado. Se ha acentuado la distinción entre la función reguladora, la financiera y la proveedora en el sector público y se ha fomentado una relativa oposición de intereses entre ellas, en aras de generar cuasimercados. Los "compromisos de gestión" establecidos entre el Ministerio de Salud y los Servicios de Salud rompen con la lógica de una asignación de recursos guiada por los presupuestos históricos, y hacen de los resultados el elemento determinante del financiamiento. En esos compromisos se establece anualmente el tipo de servicios que se han de brindar, la asignación y transferencia de recursos, así como los indicadores de desempeño, en una perspectiva integral que incluye las áreas programática, financiera, de recursos humanos y de inversiones, y ordena las múltiples relaciones que se dan entre el Ministerio y los Servicios de Salud. El otro eje de la reforma es el incremento de la productividad de los recursos humanos, para lo cual se pretende modificar las modalidades de contratación y remuneración vigentes. La dualidad del modelo de salud acota de manera significativa la regulación, desde lo financiero, de elementos que le son endógenos, como el ausentismo y el incumplimiento de las jornadas médicas. Los cambios entran también en tensión con los marcos presupuestarios vigentes, que inhiben una gestión descentralizada de los recursos. La medición de desempeño ha hecho hincapié en la eficiencia microeconómica más que en la eficacia: para evaluar la calidad, sentido último de la reforma de gestión, están pendientes estandarizaciones de desempeño que permitan medir la calidad del servicio prestado.