Este trabajo parte del debate sobre la seguridad alimentaria que ha tenido lugar después de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 1996. Se analiza la viabilidad de un tipo de propuesta programática que deriva de la Declaración de Roma y del Plan de Acción suscritos por los gobiernos de 148 países, y se sugiere que para llevarlo a cabo se requiere de un vínculo estructural entre la población que se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria, generalmente desprovista de voz y de capacidad de presión, y las diversas instancias encargadas de impulsar intervenciones públicas. Se plantea como hipótesis central de este trabajo que ese vínculo estructural puede construirse a partir de los agricultores familiares. Y en torno al derecho a la alimentación, se postula que la seguridad alimentaria sustentada en ese derecho es una expresión territorial de derechos ciudadanos.