La profundidad y magnitud del riesgo social y económico en América Latina exigen, entre otras medidas, políticas de aseguramiento. Las singularidades de los mercados de aseguramiento —como las restricciones del sistema de precios, las características intrínsecas del aseguramiento como bien económico y sus dimensiones de bien público, sus externalidades, la selección de riesgo y sus efectos adversos para la equidad y la eficiencia— justifican consolidar una diversificación de riesgos adecuada y estable, y orientar su financiamiento por el principio de solidaridad, sea mediante cotizaciones obligatorias o bien con cargo al presupuesto nacional. Este artículo hace una revisión crítica de los postulados del denominado manejo del riesgo social que en materia de protección social circunscribe las responsabilidades del Estado al combate de la pobreza mediante redes de protección, que contrapone las políticas focalizadas a las universales, desestima la solidaridad del aseguramiento y hace hincapié en la responsabilidad individual para asegurarse contra riesgos.