Este artículo postula que la realización de derechos económicos, sociales y culturales permite avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades, tanto para acceder al bienestar como para la afirmación de la diferencia en el campo de la identidad. Este desarrollo en el ejercicio efectivo de derechos debe complementarse con nuevas formas de ciudadanía, vinculadas con el acceso al intercambio mediático y la mayor participación en la sociedad del conocimiento. Sólo por esta vía parece factible proporcionar un fundamento ético a políticas sociales y de desarrollo que han sido despojadas de fundamento ideológico. En este escenario es preciso construir una cultura política que trascienda el carácter meramente formal de los procedimientos y traduzca la acción política en prácticas de comunicación entre actores diversos. La construcción cultural de la ciudadanía democrática pasa por ese pacto o contrato, que debe dar cabida a las voces de una amplia gama de actores sociales y tener capacidad real de prescribir formas de reciprocidad y reconocimiento, tocando ámbitos tan diversos como el acceso a la justicia, a los servicios sociales, al debate político informado y a emitir opiniones en los medios de comunicación.