Chile enfrenta actualmente un escenario en el cual el tema indígena cobra especial relevancia, tanto por la creciente visibilidad y movilización de los propios movimientos indígenas, como por la presencia e institucionalidad que estos actores adquieren en la política y el espacio públicos. En esta nueva inflexión histórica, el tema se presenta con toda la carga legendaria de exclusión de la población indígena y de su negación ciudadana. Este hecho fuerza a centrar el debate y la acción a en un doble registro, a saber, el de la superación de las inequidades y el reconocimiento efectivo de la participación política del actor indígena. En este sentido, el rango de ciudadanía incompleta que padecieron por siglos los pueblos indígenas parece haber estado muy asociado a su condición desfavorable en términos de equidad, medida por ingresos, empleo, educación, salud y otras variables. La desigualdad ciudadana ha ido secularmente entrelazada con la inequidad socioeconómica, en un largo proceso histórico teñido por la colonización, la dominación, la enajenación de recursos y la falta de reconocimiento del estatus de ciudadanía plena. En relación con las inequidades y sobre la base de la información que provee la Encuesta sobre Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN);, se advierte la desventaja comparativa de la población indígena en materias tan decisivas como el ingreso, la calidad del empleo, la educación y la salud. Como consecuencia de todo ello, se muestra que los niveles de pobreza son muy superiores en la población indígena con respecto a los de la población nacional en su totalidad. Según los resultados de la CASEN de 1996, el 35,6 por ciento de la población indígena chilena vivía en condición de pobreza, mientras que ésta sólo afectaba a 22,7 por ciento de la población no indígena. Es decir, ese año existió una brecha de 12,9 puntos porcentuales. Particularmente importante era la distancia en cuanto al nivel de indigencia, dado que los indígenas duplicaban a los no indígenas. Para el año 2000, esta situación no varió sustancialmente. La evolución de la pobreza indígena mostró que ésta aumentó en seis de las trece regiones en que se divide el país, en tanto que para la población no indígena sólo se incrementó en la Región Metropolitana. Respecto al reconocimiento, la participación y la ciudadanía indígenas, las dinámicas de los propios movimientos han colocado sobre el tapete demandas fuertes al Estado, al sistema político y a la sociedad chilena en general. En esta dirección, tres son los elementos fundamentales para fortalecer la relación entre el Estado y los indígenas: la existencia de un mecanismo de resolución política de controversias entre desarrollo nacional e identidad cultural de los indígenas; un sistema efectivo de participación indígena en la toma de decisiones, y el fortalecimiento de una legislación que contemple los derechos del mundo indígena. Se han producido avances significativos en el campo político institucional, a partir de la promulgación de la Ley Indígena y de la puesta en marcha de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI);. Pero la tendencia reciente es que las movilizaciones y demandas indígenas sobrepasan la "capacidad instalada" para responder a ellas desde el Estado y el sistema político. Por último, el documento enfatiza el hecho de que tanto las políticas vigentes como los recursos y los espacios de participación disponibles tienden a concentrarse en los indígenas de zonas rurales, lo cual deja en una situación incierta, como beneficiarios de la política social y como actores políticos, al gran contingente de población indígena actualmente asentado en zonas urbanas.