Resumen El principal objetivo de este análisis es permitir a todos los integrantes de la cadena logística, los agentes pertinentes, las agencias de gobierno y el sector privado, fortalecer la capacidad para comprender, evaluar y adecuarse a las nuevas medidas relacionadas con la protección marítima en el transporte marítimo de carga contenedorizada. En el mismo se describen las principales medidas en seguridad, y se enfoca en la estimación de costos de implementación de las medidas para los exportadores, transportistas internos, puertos y líneas marítimas. La estimación de los costos y ahorros se presenta en un modelo, el cual calcula un caso promedio a nivel sudamericano. Asimismo se incluyen los aspectos, en particular de los puertos, que se deberían mejorar para alcanzar una mejora en la seguridad en los puertos, junto con un aumento de eficiencia y de la facilitación. El ámbito geográfico del estudio abarca Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Las medidas de seguridad se enmarcan en la definición de protección en el transporte. La protección es un componente esencial de la viabilidad económica del sistema de transporte marítimo y de la competitividad internacional. La misma debe contribuir a la lucha contra el crimen, el terrorismo y a otras amenazas, como el trafico ilícito de drogas, armas y personas y otras formas de crimen organizado, así como otros ilícitos que afectan la seguridad de la carga y el trafico marítimo (robos, polizones, contrabando, entre otros.);, constituyendo una amenaza al comercio, a la explotación de los puertos y a la prestación de servicios de transporte. Las principales medidas vigentes de protección se clasifican en multilaterales y bilaterales. Las multilaterales son básicamente dos: el Internacional Convention for the Safety of life at Sea (ISPS); y el marco de estándares para asegurar y facilitar el Comercio Internacional. Con respecto a las bilaterales, éstas están concentradas en una serie de normas de los Estados Unidos de Norteamérica; en la actualidad también se están aplicando algunas similares en otros países siendo las principales el Programa BASC, la regla de las 24 horas, la ley de bioterrorismo, el programa CSI y el programa C-TPAT. En el estudio se procedió en primer lugar, tras una serie de misiones a los países de referencia, a determinar cuales son las actuales condicionantes para la implantación de estas medidas. En base a esto, en primer lugar, se concluyó que el sector portuario es aquel que requiere más esfuerzo para adaptarse a estos estándares. También se identificaron seis aspectos principales, los cuales son condicionantes de la implantación de estas medidas, a saber: el modelo operacional portuario, el control en los accesos, la presencia de equipos de detección no intrusiva, la existencia de mecanismos de cut off, la existencia de mecanismos de programación de recepciones y entregas y el estado de situación de la aduana. Luego se procedió a analizar los costos de la implantación de estas medidas en toda la cadena de transporte. En base a este análisis se relevaron los costos que se requieren aplicar adicionalmente por todas estas medidas y se concluyó que para un contenedor de productos alimenticios el gasto total asciende a los 158,82 dólares. Luego se procedió a estimar los ahorros, los cuales en un análisis conservador, se consideró que en los distintos tramos son básicamente dos: costo de inventario y lucro cesante. Esta estimación arroja el resultado de un ahorro de 773,67 dólares con lo cual el beneficio de la implantación de estas medidas es de 614,85 dólares en el caso de un contenedor con un costo FOB de 40.000 dólares, de 597 dólares con un contenedor con 30.000 dólares de 420 dólares en un contenedor con mercadería por valor de 20.000 dólares y 84 dólares en el caso de que la carga cueste solo 10.000 dólares.