Resumen Este trabajo se centra en el proceso de inversiones en el sector telecomunicaciones en el Perú y forma parte de una serie de estudios sectoriales sobre la respuesta de la inversión privada frente a las reformas estructurales de la década del 90. Las principales modificaciones legales en el sector comenzaron en 1992, con la promulgación de una nueva Ley de Telecomunicaciones, que tiene como eje la eliminación del monopolio estatal de las telecomunicaciones que, hasta ese momento era ejercido por dos empresas: ENTEL, empresa pública encargada de la telefonía local en todo el país, excluyendo Lima, así como el servicio de larga distancia nacional e internacional y la Compañía Peruana de Teléfonos, sociedad anónima con mayoría de capital en manos del Estado, que proveía el servicio de telefonía fija en la ciudad de Lima. A mediados de 1994 se llevó a cabo el proceso de privatización de estas dos empresas, las que fueron adjudicadas a Telefónica Internacional de España, empresa que compitió -y ganó a otros dos postores- para adjudicarse un contrato de concesión que contenía metas precisas de expansión del servicio telefónico, telefonía pública y telefonía rural, además de condiciones diversas para la mejora de la calidad del servicio. Estos compromisos de inversión han sido una característica de casi todas las privatizaciones peruanas. Desde 1994, Telefónica realizado importantes inversiones, lo que ha duplicado la densidad telefónica en el Perú. Sin embargo, a pesar de los avances realizados, la densidad telefónica sigue siendo una de las más bajas de la Región, sobretodo en las zonas más pobres del país. Telefónica ha previsto un importante plan de inversiones para el periodo 1998-2000, el mismo que es adicional a sus compromisos iniciales de inversión. En el presente trabajo también se analizan las inversiones de otras empresas en el campo de la telefonía celular y la televisión por cable. El monopolio de Telefónica en telefonía fija local a nivel nacional, así como en el servicio de larga distancia nacional e internacional, terminó en agosto de 1998, un año antes de lo previsto, por mutuo acuerdo entre la empresa y el ente regulador. Por lo tanto, se espera que en los próximos años se materialicen inversiones importantes de parte de nuevas empresas en estos campos de la actividad de las telecomunicaciones. En este desarrollo tendrá crucial importancia el rol del ente regulador para la fijación de las tarifas de servicio de larga distancia nacional e internacional y, también, de las tarifas de interconexión, punto de partida para el libre acceso al mercado por parte de las nuevas empresas.