La infraestructura en América Latina enfrenta un doble desafío, por un lado requiere incrementar con urgencia su dotación de infraestructura económica para hacer frente al crecimiento y desarrollo nacional, mientras que al mismo tiempo se demandan reformas profundas en la acción del Estado para reducir las externalidades negativas del transporte, promover un desarrollo más equitativo y avanzar hacia una economía con bajo contenido de carbono que posibilite una desarrollo con conciencia inter generacional. Para hacer frente a estos retos, es fundamental incorporar criterios de sostenibilidad tanto en las políticas públicas de provisión de infraestructura como de operación y regulación de los servicios de transporte. Sólo así, se podrá abordar los complejos problemas que América Latina registra tanto en movilidad urbana como en la logística de sus cargas internas y regionales. Resulta evidente que la sostenibilidad en las políticas de transporte, va mucho más allá de los meros aspectos vinculados a las emisiones de carbono, sino que considera concurrentemente las implicancias económicas, sociales, ambientales e institucionales de una medida, buscando como fin último el bienestar integral de toda la población presente y futura. Conscientes de que la infraestructura es un factor crítico para el crecimiento económico, la productividad y el desarrollo territorial equilibrado, es fundamental actuar sobre los servicios de transporte que utilizan la infraestructura existente, como sobre la planificación de nueva infraestructura. El desarrollo de infraestructura baja en carbono por tanto, requiere introducir criterios de sostenibilidad para lograr un desarrollo social y equitativo a nivel nacional y regional. Sin la adecuada articulación de estos componentes, el desarrollo económico potencial no será suficiente para solucionar los problemas de conectividad, acceso a los mercados de trabajo o servicios básicos necesarios para cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) y que posibilitan las mejoras concretas sobre la calidad de vida de la población más pobre.