Resumen El documento describe el marco legal de la tierra en Guatemala, el cual está contenido en forma general en el Código Civil, que a través de las disposiciones sobre el tema establece el derecho a la propiedad privada de la tierra, sus limitaciones y relaciones que en torno a ésta pueden ejercerse. En forma más específica se encuentra en la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos y los Acuerdos de Paz que hacen énfasis en la responsabilidad del el Estado de garantizar la propiedad sobre la vivienda y promover la regularización de la tierra. Para los procesos de transferencia de tierra urbana producto de invasiones, en reacción a lo establecido en el marco legal anterior, del año 1997 a la fecha, se han creado tres instrumentos legales para la resolución de estos procesos. Dentro de estos instrumentos legales es importante resaltar las limitaciones de estas Leyes o Decretos con relación a su vigencia de corto plazo y la falta de una base y coordinación institucional clara y adecuada. Lo anterior tiene como consecuencia, que los procesos de legalización de la tierra sean sujetos de manipulación política por parte de los gobiernos de turno, y ha impedido que estos procesos se den en forma masiva y continua. Este documento analiza además en el contexto de la regulación municipal, la legislación y regulación ambiental, el marco fiscal y la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (PNVAH). Otro tema de importancia en este contexto son los programas y proyectos de Regularización y Legalización de tierra Urbana, donde se revisan seis programas actuales de Guatemala, y de cada uno de ellos sus objetivos, cobertura, plazos, organización, estructura del proyecto, financiamiento y fases de ejecución. Finalizando el análisis, se revisa la situación de los asentamientos ilegales, es decir la poca información accesible sobre la informalidad Urbana. En Guatemala no se cuenta con diagnósticos y censos completos y confiables sobre la informalidad urbana. La información existente es parcial y los resultados varían de un estudio a otro, al parecer, responden a los intereses de las instituciones que los elaboran, por lo que el análisis solo responde a la información existente.