El Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) sostuvo la primera consulta y diálogo periódico con Santa Lucía durante una visita al país que tuvo lugar los días 3 y 4 de abril de 2025. Las partes acordaron la siguiente lista de temas para su consideración en el diálogo: i) la participación del público en los procesos de toma de decisiones relativos a proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente y ii) el acceso a la justicia en asuntos ambientales, con especial atención a los medios de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos para hacerlo efectivo. Sobre esta base, el Comité observa que Santa Lucía dispone de legislación general que regula el proceso de evaluación del impacto ambiental (EIA), así como de mecanismos para facilitar el acceso a la justicia. El Comité reconoce los recientes avances normativos dirigidos a promover la participación pública en los procesos de EIA para garantizar mecanismos eficaces de participación pública en los proyectos y actividades, así como las iniciativas adoptadas por el Poder Judicial para educar al público y hacer que la justicia sea más accesible a los ciudadanos. No obstante, continúan existiendo algunos desafíos. En lo que respecta a la participación pública, cabe mencionar los siguientes: mejorar los mecanismos de información pública para los procesos de EIA garantizando que la información sea accesible, se difunda eficazmente y esté disponible en plazos adecuados para permitir una participación significativa del público; reforzar el papel de la autoridad responsable de supervisar la participación del público en las EIA; mejorar la coordinación interinstitucional, y crear capacidades humanas, técnicas y financieras para garantizar la eficacia de los mecanismos de participación pública. En cuanto al acceso a la justicia, los desafíos incluyen: ampliar la formación judicial en asuntos ambientales; promover la publicación y difusión de las resoluciones judiciales en un lenguaje claro y accesible; reducir o eliminar los costos legales prohibitivos y ampliar los criterios de legitimación, y mejorar el acceso a asistencia jurídica y técnica especializada en materia ambiental, en particular para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.