El documento aborda la problemática indígena en Bolivia tanto desde la perspectiva de sus condiciones de exclusión y vulnerabilidad sociales, como respecto del creciente peso político y ciudadano de los pueblos indígenas en el país. Cerca del 62% de la población de Bolivia se considera indígena, de la cual la mayoría es de origen quechua y aymara. De este total, el 52,2% vive en áreas urbanas y el 47,8% en áreas rurales. El 78% de los hogares indígenas pobres no cuenta con acceso a agua potable y el 72% carece de servicio sanitario, y sus tasas de mortalidad infantil son las más altas de Sudamérica. La diferenciación étnica de los hogares constituye un factor explicativo de pobreza en Bolivia y los idiomas que conoce o habla el jefe de hogar es el dato que ayuda a identificar dicha condición étnica. En este sentido, para 1995 se observa una desigualdad significativa en la incidencia de pobreza de los jefes de hogar que hablan sólo castellano (37,1%) y los que hablan idiomas nativos (67%). Si se acepta la hipótesis de la relación entre condición étnica (monolingües o bilingües) con antecedentes migratorios pasados o recientes, puede concluirse que estos grupos de hogares tienen menor probabilidad de salir de la pobreza, habida cuenta de su desventaja para lograr una inserción laboral ligada a su vez a los aspectos de discriminación laboral y menor dotación de capital humano. En efecto, a las brechas de ingresos entre indígenas y no indígenas se añaden fuertes brechas en logros educacionales. La pobreza indígena urbana tiene relación directa con la situación precaria de inserción laboral que acoge preferentemente mano de obra indígena migrante en el sector informal de la economía. Esto redunda en la calidad del empleo y las oportunidades de acceder a fuentes de ingresos; en contraste, la pobreza indígena rural se explica por la falta de infraestructura productiva, de articulación con los determinantes de la productividad agrícola y pecuaria, y de adecuado acceso a mercados de bienes agropecuarios. El 67% de los empleos más vulnerables y precarios, lo ocupan indígenas, y el 28% de los empleos semicalificados son para indígenas. Paralelamente, solo el 4% de trabajadores indígenas ocupan trabajos que requieren mayor calificación. La construcción de una ciudadanía indígena" en Bolivia se ha hecho sobre la base de consolidar un fuerte sistema de demandas, las que han estado vinculadas, primero, a la defensa del régimen de tierras de las comunidades y, más tarde, a la reivindicación del reconocimiento de su existencia política. En los últimos años, varios han sido los movimientos sociales protagonizados por pueblos indígenas y originarios, con los que han buscado consolidar un sistema de derechos que no vulnere la estabilidad de las comunidades rurales ni de las familias indígenas que viven en las ciudades. El primero de estos movimientos se ha conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad ocurrido en 1990. El segundo fue el Movimiento de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida en el año 2000. El tercero fue, y sigue siendo, el Movimiento de las Comunidades Indígenas Aymara del Altiplano en el año 2000 organizado en torno a la CSUTCB. El cuarto se refiere al Movimiento de los Campesinos Cocaleros del Chapare, en defensa de la hoja de coca a partir del año 2001. El movimiento social indígena en Bolivia ha mostrado en los últimos años una capacidad inusitada de reconstrucción de la acción colectiva, rebasando los márgenes de la institucionalidad. La comprensión del fenómeno gradual de la formación de esa ciudadanía indígena requiere el análisis de las maneras formales e informales de participación."