El último cuatrienio (2003-2006) puede calificarse como el de mejor desempeño económico y social de América Latina en los últimos 25 años. El avance en la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo, la mejora en la distribución del ingreso en algunos países y un aumento importante del número de puestos de trabajo son los principales factores que marcaron una tendencia positiva en varios países de la región. En los primeros dos capítulos del Panorama social de América Latina 2006 se examina la evolución de los principales indicadores sociales en los últimos años. Estos se refieren a la evolución de la pobreza y la pobreza extrema, a la desigualdad en la distribución del ingreso y a los cambios en los principales indicadores del mercado de trabajo, y en el análisis se otorga particular importancia a la evolución del empleo asalariado urbano durante estos años de recuperación y crecimiento. En los dos capítulos siguientes se abordan temas que, por diversas razones, han pasado a ocupar un lugar destacado en las agendas de los gobiernos. En el capítulo sobre los pueblos indígenas se adopta una perspectiva de derechos para analizar sus nuevas realidades, su heterogeneidad y, particularmente, las nuevas obligaciones que al respecto deben enfrentar las democracias del siglo XXI. En el capítulo destinado al análisis de las transformaciones de la estructura familiar en América Latina, se estudian los nuevos temas de políticas públicas que plantea la creciente heterogeneidad de los tipos de familias y se reseñan las vías a través de las cuales se procura responder a esas nuevas realidades desde los gobiernos. En el Panorama social de América Latina 2006 se presentan las más recientes estimaciones de la magnitud de la pobreza realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Estas indican que en 2005, el 39,8% de la población de la región vivía en condiciones de pobreza (209 millones de personas) y un 15,4% de la población (81 millones de personas) vivía en la pobreza extrema o la indigencia. En el capítulo se presentan, además, proyecciones sobre la magnitud de la pobreza en el presente año, según las cuales el número de pobres y de personas en situación de extrema pobreza volvería a disminuir, a 205 y 79 millones, respectivamente. A partir de estas últimas cifras, se hace un nuevo examen del progreso de los países hacia el logro de la primera meta de los objetivos de desarrollo del Milenio. Se analizan también las tendencias más recientes de la distribución del ingreso en los países latinoamericanos y se comparan las mediciones de pobreza absoluta y pobreza relativa, estas últimas sobre la base de los criterios adoptados en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En el segundo capítulo se examinan las variaciones en los principales indicadores del mercado de trabajo y se comparan las tendencias del período 1990-2002 con las del último trienio. El análisis se centra en los cambios registrados en el nivel y la composición del desempleo, las tendencias de la participación laboral —especialmente la femenina— y la generación de empleo asalariado en las zonas urbanas. Se presentan, además, algunos antecedentes sobre la calidad del empleo asalariado a partir de la evolución de los salarios reales, el tipo de contrato y la cobertura de seguridad social que estos suponen. Se concluye que la recuperación del empleo y en parte también de las remuneraciones que se ha dado en los últimos años no fue acompañada por un cambio significativo en la calidad de los nuevos puestos de trabajo. Se señala, entonces, que los actuales niveles de cobertura de los sistemas contributivos de seguridad social basados en el empleo no permiten avanzar hacia la constitución de una modalidad universal de jubilaciones y pensiones que otorgue prestaciones mínimas y adecuadamente financiadas a largo plazo. En el capítulo sobre la situación de los pueblos indígenas se presenta un panorama sociodemográfico de estos pueblos desde la perspectiva que otorga el nuevo estándar internacional sobre sus derechos individuales y colectivos, de aplicación obligatoria para todos los Estados. En este contexto hay dos hechos que se destacan: la irrupción de los pueblos indígenas como activos actores sociales y políticos, y el proceso de consolidación de la normativa internacional sobre derechos y sus consecuencias en lo que respecta a las políticas públicas. Se analiza la heterogeneidad demográfica y territorial existente entre países y pueblos indígenas: sus formas de asentamiento en el territorio; su estructura por edades, y sus más altos niveles de fecundidad y de mortalidad en la infancia y en la niñez. En el capítulo se insiste en la complejidad y heterogeneidad de las dinámicas de la población indígena y la persistente inequidad y desigualdad que los afecta, interpretados en el marco de la discriminación estructural y especificidades culturales de los países de América Latina. Esto plantea a las democracias del siglo XXI un enorme desafío en materia de reformas estatales y de políticas tendientes a superar las brechas de aplicación de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. En el capítulo IV, dedicado a la agenda social, se presenta un diagnóstico de las transformaciones de la estructura familiar y un examen de las políticas y los programas orientados a las familias de la región, basado en las respuestas proporcionadas por los organismos oficiales nacionales a un cuestionario que les hizo llegar la CEPAL. En la primera parte, relativa a las transformaciones de la estructura familiar, se destaca la prolongación de la tendencia a una mayor heterogeneidad de los tipos de familias, en particular la mayor gravitación de hogares unipersonales y de familias monoparentales encabezados por mujeres. Estos cambios se han dado junto con la disminución de las familias nucleares biparentales con hijos y de las familias extendidas, así como la reducción de la importancia relativa de las familias en las que el jefe es el único sostén económico de sus miembros, y exigen un nuevo enfoque de las políticas y programas orientados a las familias. En la segunda parte del capítulo se presentan algunas características de las instituciones públicas encargadas de distintas dimensiones de familia y de las políticas y los programas orientados a ella, y se advierte sobre las falencias y limitaciones que al respecto se observan en la región. En lo que respecta a la agenda social internacional, se reseñan las reuniones internacionales en que se abordaron temas sociales en el período considerado. En esta oportunidad se sintetizan los acuerdos y las recomendaciones que surgieron del trigésimo primer período de sesiones de la CEPAL, cuyo tema central fue la protección social.