Un efecto esperado de la globalización es que en los países de América Latina y el Caribe continuará produciéndose un aumento sostenido de residuos sólidos. Esto obliga a los gobiernos a diseñar políticas públicas para la regulación y gestión idóneas en un campo de insospechadas consecuencias para el bienestar y la calidad de vida de la población, y el equilibrio ecológico del planeta. En la Comunidad Económica Europea, España y Alemania desarrollan políticas públicas y estrategias de regulación, junto con toda una institucionalidad ambiental orientada a enfatizar los incentivos eficaces para reducir la generación de residuos en el origen de los procesos productivos. En cambio, en América, la experiencia de países como Estados Unidos, México y Chile demuestra que se continúa en la búsqueda de políticas ambientales y de una institucionalidad que permita ordenar adecuadamente la protección de bienes públicos que, como son el suelo y el agua, constituyen recursos naturales con alto riesgo de contaminación. La Región Metropolitana de Santiago aporta conocimientos sobre la gestión de residuos domiciliarios, mediante el control de riesgos ambientales y sanitarios, pero también permite conocer los beneficios y costos económicos asociados al diseño e implementación de una política pública específica. En el caso estudiado, se concluye que hay vacíos en el diseño de las políticas y en la implementación de estrategias de regulación; instituciones del Estado con insuficiente poder de coordinación y control, y escaso desarrollo de instrumentos económicos a través de los cuáles se ofrezcan incentivos eficaces para minimizar la producción de residuos y resolver acertadamente las fallas de los mercados involucrados.