Resumen El propósito del presente estudio, circunscrito a los países centroamericanos, es examinar cómo la pobreza incide con mayor intensidad en las mujeres que en los hombres, y evaluar las acciones de los sistemas de seguridad social en términos de la corrección de esta brecha. La desigual situación social de las mujeres, que restringe su acceso a los recursos productivos y a las oportunidades para mejorar las capacidades laborales, determina la mayor pobreza femenina. Una alta proporción de mujeres se insertan en ocupaciones de baja productividad y perciben ingresos —salariales y no salariales— bastante inferiores respecto de los varones. En países mayoritariamente pobres, como los centroamericanos —con la excepción de Costa Rica—, esta situación significa que alrededor de las tres cuartas partes de los hogares con jefatura femenina no alcance a cubrir sus necesidades elementales. La mayor proporción de mujeres entre las categorías ocupacionales de trabajadoras por cuenta propia, de empleadas domésticas y de trabajadoras familiares sin retribución, agudiza este problema. Por su parte, los sistemas de seguridad social en Centroamérica muestran rasgos de inequidad más acusados que en otras regiones, por excluir de los programas integrales a sectores mayoritarios de la población (de nuevo, excepto Costa Rica);. A estas inequidades se suman las diferencias adicionales en la atención de las necesidades de ambos sexos, en detrimento del femenino. En efecto, sólo el sector formal urbano —con baja presencia de mujeres— se beneficia de sistemas integrales de previsión que, pese a sus insuficiencias, son privativos de sus afiliados. Una parte de la población restante cuenta con la cobertura de programas "universales" de salud; otra parte, mucho menor, recurre a los de asignaciones familiares y de combate a la pobreza. Cabe subrayar que casi todos ellos privilegian la función reproductiva de la mujer, y en general se basan en una concepción tradicional sobre su papel en el hogar como dependiente económica. Por último, si bien es significativo el número de hombres y mujeres que quedan al margen de toda protección, la vulnerabilidad de éstas es mayor debido a las condiciones de subordinación que les impone su papel social. Es preciso reformular el funcionamiento de los sistemas de seguridad social, incorporando una perspectiva de género que tome en consideración la desigual situación de hombres y mujeres a raíz de los papeles, normas y conductas social y culturalmente asignados. Es oportuno inducir estas transformaciones aprovechando las reformas en proceso de los sistemas de seguro social, que abarcan a los sectores más modernos y avanzados de la sociedad, y de los sistemas de salud, de mayor cobertura. Asimismo, se deberán examinar el alcance y los efectos de las políticas y programas gubernamentales en hombres y mujeres, de tal manera que se asegure un acceso igualitario de ambos sexos a los servicios y a los recursos productivos. Una mejor condición de las mujeres en la actividad económica entraña no sólo el libre acceso a ocupaciones de mayor productividad —con el desarrollo requerido de habilidades y servicios de apoyo—, sino también las retribuciones justas y equitativas.