Durante los años noventa se presentaron grandes cambios en el sistema financiero colombiano. Ocurrieron modificaciones regulatorias de naturaleza cambiaria, monetaria y crediticia, además de las relacionadas con la estructura del sistema. La apertura comercial y financiera realizada a principios de la década del 90 y la crisis financiera establecieron el ambiente para que el sector iniciara un proceso de flexibilización y de modernización. En este trabajo se presenta el resumen de la liberalización financiera representada por el Índice de represión financiera, la evolución financiera del sector que hace hincapié en las diferencias por tipo de entidad, el impacto diferenciado de la crisis según el previo deterioro de la solvencia del sector público, la deficiente regulación del sector hipotecario, y los problemas regulatorios y de estructura de capital del sector cooperativo. También se presentan las medidas implementadas para enfrentar la crisis, compuesta por los aspectos regulatorios, financieros y de intervención del Estado, y las características del mayor esfuerzo dedicado al sector público para su estabilización. Finalmente, se presentan las principales conclusiones y las medidas de política que se pueden derivar. Los fenómenos que explican de mejor forma la ocurrencia de la crisis financiera de fin de siglo en Colombia, son: la liberalización financiera, el boom crediticio, el deterioro de los términos de intercambio, la revaluación constante durante la década, la reducción de los precios de los activos, el incrementó de la tasas de interés al final de la década, la deficiente regulación del sector hipotecario y cooperativo y, principalmente y en forma fundamental, la repentina y abrupta suspensión de los flujos de capital externos ocurrida en la mitad de los años noventa. Las recomendaciones del trabajo giran en torno a los flujos de capitales externos, al continuo monitoreo sobre la estrecha relación entre los factores macroeconómicos y el sector financiero, a la adecuada supervisión del sector cooperativo, a la creación de instrumentos de consolidación y control de los conglomerados financieros y a los mecanismos para supervisar la eficiencia del sector. Adicionalmente, se hacen recomendaciones sobre el incremento de la ponderación de riesgo de los papeles estatales, sobre una formulación normativa que considere los riesgos de los clientes y no sólo los de las entidades; y que en ningún caso se excluya de la regulación y de la supervisión a sectores específicos que participan en el sector. Finalmente, se advierte sobre la necesidad de contar con un compromiso de blindaje de las entidades públicas.