A lo largo de la historia, la migración ha sido una parte fundamental del desarrollo humano y ha presentado numerosas oportunidades y desafíos tanto para las personas como para los Estados. En los últimos 50 años, la proporción de migrantes en la población mundial se ha mantenido relativamente estable, aumentando del 2,3 por ciento en 1970 al 3,6 por ciento en 2020. A medida que ha aumentado la población mundial, la cantidad de migrantes también ha crecido de manera significativa (de 84 millones en 1970 a 281 millones en 2020), junto con una distribución desigual entre las regiones. Esta situación, sumada a factores cada vez más complejos que impulsan la migración, como el cambio climático, ha llevado a una creciente concientización sobre la necesidad de abordar mejor las consecuencias de los movimientos transfronterizos y de que los beneficios económicos, sociales y culturales de la migración internacional deben aprovecharse de forma más efectiva. En América Latina y el Caribe, es fundamental abordar las causas profundas de la migración –como la pobreza, la inestabilidad política, la delincuencia y la violencia– para crear soluciones sostenibles y reducir las presiones que llevan a las personas a migrar de manera irregular. Sin embargo, esta labor por sí sola no puede reducir los flujos migratorios a corto plazo y los desafíos migratorios actuales requieren un enfoque basado en el desarrollo sostenible a largo plazo, así como un modelo de gobernanza que satisfaga las necesidades más inmediatas de las personas y los Estados. A través de sus funciones de control político, legislativas y representativas, los parlamentarios y parlamentarias pueden desempeñar un papel fundamental en la gobernanza del movimiento de personas y la promoción de políticas basadas en derechos para apoyar a las personas migrantes en toda su diversidad.