Las últimas décadas del siglo pasado fueron testigo de cambios profundos en la configuración del orden mundial, en lo económico y en lo político. Entre estos  destaca la caída del mundo socialista, la conformación de bloques regionales comerciales o económicos —en Europa y América del Norte— y el surgimiento de China como potencia en la producción y el comercio globales. La reordenación vino acompañada, a su vez, de un cambio fundamental en los paradigmas en cuanto al papel que deben jugar el Estado y el mercado en los procesos de asignación de recursos y factores productivos para promover la inversión, el crecimiento y el desarrollo económicos. La nueva concepción paradigmática sostiene en esencia que la apertura de los mercados locales a la competencia externa, el achicamiento del sector público y sobre todo la reducción de la intervención gubernamental en la actividad productiva, la formación de capital fijo, y la distribución y financiamiento son requisitos para lograr la asignación eficiente de recursos y un desarrollo económico duradero. En esa línea, en América Latina se pusieron en marcha procesos drásticos de liberalización comercial y financiera, de privatización de empresas paraestatales y de fuerte contracción de la inversión pública. Las reformas, sin embargo, no se han traducido todavía en mayor dinamismo económico en términos del ritmo de crecimiento de la actividad productiva ni de la intensidad de los procesos de formación de capital fijo.