Resumen La globalización en el mundo, y en particular en nuestra región, ha venido acompañada no sólo de un acusado aumento en el comerciointernacional, sino también de flujos intensos de migración. Así, vastos contingentes de población se desplazan fuera de sus países de origen, buscando trabajo en otras economías más desarrolladas (en buena medida, sin cumplir los requisitos legales);. México no es la excepción en este aspecto; de hecho, esto ocurre en ambos sentidos como expulsor de mano de obra, y al mismo tiempo como receptor de migrantes de otros países, una parte mayoritaria de ellos centroamericanos. Entre 2000 y 2005, cerca de 2 millones de mexicanos abandonaron su tierra natal en busca de mejores oportunidades de empleo en Estados Unidos. A la vez, en este lapso México recibió miles de trabajadores inmigrantes de Centroamérica. La condición de trabajadores ilegales fuera de su país de origen los hace sumamente vulnerables a los abusos y violaciones de derechos humanos. Precisamente, la protección de los derechos humanos de dichos migrantes constituye uno de los desafíos importantes más desatendidos de las políticas públicas en América Latina. El presente trabajo tiene como objetivo aportar una perspectiva sustentada en datos para el análisis de este fenómeno, y de las políticas adecuadas para atender este reto. En particular, se examinan las políticas de Estados Unidos enfocadas a los migrantes. Asimismo, se señalan algunas restricciones principales que, ya sea en materia presupuestaria o de jurisdicción extraterritorial, enfrentan las autoridades nacionales para sortear este reto. Se espera que la información aquí presentada ayude a los tomadores de decisiones en el ámbito de políticas migratorias y de protección social en México, de modo que consideren al país no sólo como nación expulsora de mano de obra, sino también como receptora de inmigrantes.