Este documento pretende ser una guía para gerentes públicos que requieran diseñar procesos de evaluación para sus programas y para ejecutores de evaluaciones —consultores, centros de estudios, universidades, y otros) que realicen estudios evaluativos. Se parte de la base de que los esfuerzos institucionales en evaluación son provechosos para el mejoramiento de las políticas públicas, y por ende, de la calidad del gasto público.