El objetivo de este capítulo es evaluar uno de los instrumentos que en los últimos años se ha impuesto con fuerza para canalizar ese ahorro por parte del Estado: los fondos soberanos de inversión (FSI) que, en 2017, según estimaciones del Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI), alcanzaron 8,3 billones de dólares (cifra que asciende a 12,5 billones de dólares si se tienen en cuenta los fondos de pensiones). Ello indica la importancia de estudiar y analizar en profundidad un instrumento derivado, entre otras fuentes, de los beneficios de la naturaleza. Además de constituir un FSI que cumpla con determinados objetivos y permita administrar y utilizar las rentas, provenientes de los recursos naturales no renovables en este caso particular, se debe ir más allá y tratar de adoptar una estructura de reglas fiscales y presupuestarias que contribuyan a la gobernanza adecuada y eficiente de los recursos naturales no renovables. Esa ha sido la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), basada en un verdadero desarrollo sostenible (CEPAL, 2014; Altomonte y Sánchez, 2016).