Durante la última década y media muchos países de América Latina y el Caribe han tenido importantes avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como en la implementación de innovadores programas sociales. Sin embargo, la protección social sigue caracterizándose por una variedad desarticulada de programas para grupos específicos de la población. Permanecen asimismo grandes desafíos estructurales. La segmentación del mercado laboral entre el sector formal e informal lleva a un acceso segmentado a los sistemas de pensiones y de salud por parte de la población. Asimismo, según el Panorama Social de América Latina 2013 (CEPAL, 2013), el 28% de la población de la región (164 millones de personas) aún vive en condiciones de pobreza y el 20% de los hogares con menores ingresos capta en promedio solamente un 5% de los ingresos totales, mientras que la participación en los ingresos totales del quintil más rico promedia el 47%. Para hacer frente a estos problemas —y a otros como el envejecimiento o la desigualdad de género—, es necesario construir sistemas de protección social que sean más inclusivos, solidarios en su financiamiento, con cobertura universal y que respondan a un enfoque de derechos (Cecchini y Martínez, 2011). Sin embargo, los retos para consolidar sistemas de protección social universal que contribuyan a consolidar sociedades más igualitarias son muy grandes y varían según las condiciones socio-económicas y políticas de cada país.