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        <dcterms:issued>1995</dcterms:issued>
        <dc:language>es</dc:language>
        <dc:creator>Corden, W. Max</dc:creator>
        <dc:contributor>Corden, W. Max</dc:contributor>
        <dcterms:title>Una zona de libre comercio en el Hemisferio Occidental: posibles implicancias para América Latina</dcterms:title>
        <dcterms:isPartOf>En: La liberalización del comercio en el Hemisferio Occidental - Washington, DC : BID/CEPAL, 1995 - p. 13-40</dcterms:isPartOf>
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        <bibo:handle>hdl:11362/1594</bibo:handle>
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S e c c ió n  d e  O b r a s  d e  E c o n o m ía  C o n t e m p o r á n e a
ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
LOS CASOS DE ESTADOS UNIDOS - CANADÁ 
ARGENTINA - CHILE - COLOMBIA
VOLUMEN I
Prim era ed ición , C hile , 2000
Título original:
Ensayos sobre el financiamiento de la seguridad social en salud.
Los casos de Estados Unidos - Canadá - Argentina - Chile - Colombia
©  Comisión Económica para América Latina y  el Caribre (c e p a l ) Naciones Unidas
©  Fondo de Cultura Económica
Av. Picacho Ajusco 227; Colonia Bosques del Pedregal; 14200 México, D.F.
©  Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile
Registro de propiedad intelectual N 114.526
1.5.B.N.: 956-289-017-1 (Volumen I)
1.5.B.N.: 956-289-016-5 (Obra completa)
Ilustración de la portada: Juan Cristian Peña Camarda 
Composición y diagramación: Gloria Barrios
Impreso en Salesianos S.A.
Impreso en Chile
D a n ie l  T i t l lm a n  / A n d k a s U t h o f f  
C o m pila d o r es
ENSAYOS SOBRE EL 
FINANCIAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD
LOS CASOS DE 
ESTADOS UNIDOS - CANADÁ
ARGENTINA - CHILE - COLOMBIA
V o l u m e n  I
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
MÉXICO - ARGENTINA - BRASIL - COLOMBIA - CHILE - ESPAÑA 
ESTADOS UNIDOS DF. AMÉRICA - GUATEMALA - PERÚ - VENEZUELA
C E P fl L
COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)

GASTO EN FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN 
ARGENTINA
iVJ. Cristina V. de Flood
INTRODUCCIÓN
Hacia fines de la década anterior, pero más notoriamente durante la 
presente, la Argentina inicia un proceso de reformas que modifican su 
ordenamiento institucional y macroeconômico. Estas transformaciones 
estructurales no difieren de las verificadas en otros países dentro y fuera 
de la región, y tienen en común el cambio sustantivo en las relaciones 
público-privadas, la reforma del Estado, la vigencia de las leyes del 
mercado, y la apertura e integración del país en el mundo.
El sector salud se encuentra inserto en este marco y constituye uno 
de los principales núcleos en los que aún no se ha completado la reforma, 
pero sí se han diseñado sus principales lincamientos, que son compati­
bles con el contexto general de cambio. Los cambios normativos orien­
tados hacia la reforma, son altamente complejos y conflictivos por la 
estrecha relación existente entre la seguridad social, la política y los sin­
dicatos.
Actualmente adquieren relevancia los estudios que evalúan los efec­
tos de origen externo, como son las crisis de ajuste, la racionalización del 
Estado y la reorientación de las políticas sociales; y los internos, como las 
transformaciones y complejización de los sistemas de salud. Acorde con 
ello, los estudios sobre el gasto y financiamiento del sector, que hasta no 
hace mucho tiempo no habían tenido difusión en comparación con otras 
preocupaciones sanitarias, se han convertido en centro de atracción de 
los ámbitos público y privado.
El propósito de este documento es presentar el gasto y finan­
ciamiento del sector salud en la Argentina, tema que resulta oportuno
1 0 5
para discutir los efectos que las distintas reformas financieras han pro­
vocado en nuestros países, y, en base a los mismos, reconocer algunos 
elementos útiles para el diseño de las políticas públicas y para las deci­
siones de los agentes privados, que faciliten una administración más 
eficiente de los recursos escasos y el llevar a cabo políticas tendientes a 
lograr una mayor equidad, en un contexto de viabilidad y sustentabili- 
dad económica y política.
Cabe destacar que la necesidad e importancia de analizar el gasto 
y financiamiento del sector salud, no guarda relación con los inconve­
nientes metodológicos e informativos que se presentan para trabajar 
seriamente la cuestión, agravados por la estructura política del país, 
compuesta por el gobierno nacional, 24 provincias federales (autóno­
mas), y numerosísimos gobiernos locales. Pero, a pesar de ello, la Direc­
ción Nacional de Programación del Gasto Social ( d n p g s ) ,  dependiente de 
la Secretaría de Programación Económica (SPE), realiza esta actividad ela­
borando series informativas, suficientemente confiables y comparables 
entre distintos años, que permanentemente son revisadas y actualizadas.
Este informe se inicia con una rápida presentación de conceptos 
utilizados en la economía de la salud, que se utilizan posteriormente 
para interpretar nuestra situación. En seguida, se pasa revista a la génesis 
del sistema, que es donde se originan muchos de los problemas y con­
flictos que hoy poseemos (secciones 2 y 3).
Los gastos y el financiamiento del sector salud son analizados en la 
sección 4, en la que se hace hincapié en los cambios operados en los 
últimos años, aspectos que se completan en la sección siguiente, en la 
que se tratan las cuestiones de la eficiencia y equidad de los mismos. En 
la sección 6 se analizan los gastos y financiamiento por subsectores; es 
decir, del público: nacional y provincial, y el sistema de obras sociales, 
y del privado.
En la sección 7 se presentan los lineamientos de la reforma del 
sistema, y en la última sección las conclusiones finales.
ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES
Los gastos públicos en los sectores sociales son la expresión financiera de 
las políticas sociales, y su objetivo es mejorar la asignación de los recur­
sos para que las acciones sean llevadas a cabo con eficacia y eficiencia,
1 0 6  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DK LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
LA REFORMA AL IIN ANCTAMIFNTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 0 7
logrando un mayor grado de equidad en la distribución de ingresos y 
riqueza entre todos los miembros de la sociedad.
Salud y educación son los sectores sociales que demandan mayores 
recursos del Estado, independientemente de las valoraciones o preferen­
cias de los individuos. Por ello, los servicios mencionados pueden ser 
calificados como bienes tutelares o meritorios, lo que implica que los me­
canismos del mercado no aseguran la provisión ni el consumo, por lo 
que los poderes públicos los tienen que promover y financiar su provi­
sión imponiendo sus preferencias, dejando de lado la soberanía del 
consumidor. Conviene aclarar que un bien tutelar o meritorio no es 
sinónimo de bien público va que, desde la óptica de la clasificación 
económica, este es considerado público cuando no reúne las condiciones 
de rivalidad ni de exclusión. La primera condición significa que el con­
sumo de un individuo no modifica la cantidad disponible para los demás 
(por lo que la alteración de la oferta es irrelevante), y la segunda esta­
blece la imposibilidad de excluir a algún individuo del consumo del 
bien, es decir, la universalidad absoluta de la oferta.
Los servicios de salud pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
de prevención y de medicina curativa. Los de prevención cumplen con 
las condiciones establecidas para los bienes públicos (educación para la 
salud, campañas de prevención del alcoholismo, tabaquismo, etc.), y para 
los bienes con externalidades (inmunizaciones, lucha contra enfermedades 
infecciosas, etc.) lo que significa que la utilización de ellos por un indi­
viduo afecta a los demás miembros de la sociedad.
La provisión pública de estos servicios — financiada en forma coerci­
tiva a través de los impuestos—  responde a la necesidad de neutralizar 
la conducta de los individuos que, al saber que no pueden ser excluidos 
del consumo y al desconocer que su uso afecte positiva o negativamente 
a los demás, se negarían a pagar. En tal caso el mercado no asignaría 
eficientemente los recursos, ya que no ofrecería los niveles deseados o 
considerados necesarios. De hecho, en la mayoría de los países el acceso 
a la asistencia sanitaria básica se considera como un derecho humano y 
es una de las funciones del gobierno.
Si bien existen sobrados argumentos que justifican los gastos públi­
cos, debe tenerse en cuenta que ello implica costos con efectos sobre la 
macroeconomia. Dichos gastos constituyen una variable clave en el caso 
de existir ineficiencias, porque se podrían provocar disminuciones de 
recursos asignados a actividades más productivas, o efectos indeseados 
debido a distorsiones en el financiamiento.
1 0 8  ENSAYOS SOBRE El. FINANCIAMIENTO DF. LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Al revés de los casos de intervención pública la recuperación de la 
salud es un bien privado, y tiene por lo tanto un precio en el mercado. 
Existe una relación virtuosa en el tiempo entre los cuidados de preven­
ción y la cura de la enfermedad, donde los beneficios de invertir en los 
primeros no son inmediatos ni claros, y las actitudes individuales difieren 
en cuanto a la percepción de la enfermedad, apareciendo un elemento de 
suboptimización en el consumo, por efecto de no haber utilizado una 
eficaz estrategia preventiva.
La atención  m édica p erson alizad a, com o las co n su ltas, las 
internaciones y los medicamentos no cumplen con las condiciones esta­
blecidas para constituir bienes públicos, sino que se fundamentan econó­
micamente en la necesidad de neutralizar las imperfecciones del merca­
do de la salud, las que pueden sintetizarse en: a) la asimetría en la 
información entre consumidores (pacientes) y productores (médicos); 
b) la incertidumbre respecto a ia probabilidad de enfermar, el resultado 
de los tratamientos médicos y las necesidades futuras, y c) las externali- 
dades positivas y negativas, concentración de consumidores y de pro­
ductores y barreras para la entrada de los oferentes en el sistema. A partir 
del reconocimiento de la existencia de las características mencionadas, se 
acepta que los mecanismos propios del mercado no logran una óptima 
asignación de los recursos productivos. El factor de incertidumbre impi­
de que los demandantes y los oferentes puedan reconocer las funciones 
que maximizan sus beneficios, y determinar así el nivel de precios que 
garantice una asignación óptima.
La incertidumbre y el alto costo de los servicios médicos lleva a los 
individuos a contratar seguros de salud, los que a su vez crean mayores 
imperfecciones en el mercado. Puede producirse el azar moral o fenóme­
no del tercer pagador, que se traduce en la falta de incentivos de los 
consumidores para comparar precios o utilizar racionalmente los servi­
cios cubiertos por los seguros, provocando sobreconsumos. Ello, debido 
a que las decisiones están en manos del médico que atiende al paciente, 
y los pagos — totales o parciales— , a cargo del seguro.
Por otra parte, debemos señalar que en el mercado de seguros 
existen dos tipos de fallas que son: la selección adversa p o r  parte  de los 
asegurados, que depende de sus propios conocimientos sobre su estado 
de salud, y la selección de riesgo por parte de las aseguradoras, que suelen 
emplear mecanismos para excluir a las personas que demanden gastos 
excesivos.
LA REFORMA AL I INANCIAMIFMTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 109
Por lo tanto, en el ámbito de la salud, los mecanismos de mercado 
encuentran dificultades para actuar como instrumentos de regulación de 
la actividad económica y  el Estado debe intervenir para permitir su mejor 
funcionamiento, junto con ejercer la medicina preventiva, desarrollar e 
incentivar la competencia entre los proveedores, regular y  fiscalizar las 
prácticas restrictivas.
I. EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO
Para comprender la actual situación del sistema de salud argentino, es 
imprescindible remontarse a sus antecedentes históricos, contexto en el 
que se originó gran parte de la problemática del presente.
En la Argentina, hasta los años 40, el sistema de salud era relativa­
mente simple y  se estratificaba por subsistemas de acuerdo a la pobla­
ción que atendiese. Así, las clases medias y  altas recurrían a la medicina 
privada que financiaban directamente. Los trabajadores inmigrantes y  
sus familias acudían a las mutuales y  asociaciones de socorros mutuos, 
de acuerdo a su país de origen; mientras que los hospitales financiados 
y  administrados por el Estado nacional o por la Sociedad de Beneficencia 
(s b ) se dedicaban a los grupos más débiles (Ministerio de Salud y  Acción 
Social, 1985). La sb  era una institución privada sin fines de lucro, vincu­
lada con las clases más altas, que participaban — y financiaban en parte—  
estas actividades por razones de altruismo.
Con el advenimiento del peronismo (1946), se iniciaron importantes 
transformaciones en dos planos diferenciados: el de la atención pública 
y  el de la seguridad social. Respecto al primero, realmente se privilegió 
dicha atención, implementando ideas innovadoras con respecto a la 
concepción del hospital como centro de salud, integrando acciones pre­
ventivas y  curativas que se complementaron con crecientes inversiones 
en infraestructura hospitalaria y  equipamiento a lo largo de todo el país, 
y  organizando la regionalización sanitaria. La SB fue separada de sus 
actividades y reemplazada por la Fundación Eva Perón. Asimismo se 
creó la Escuela Superior Técnica, antecesora de la Escuela de Salud 
Pública (1962), que impulsó la formación de profesionales con nuevas 
concepciones (Hach, 1990). Estas acciones culminaron con la creación del 
Ministerio de Salud — hasta entonces sólo existía el Departamento de 
Higiene del Ministerio de Interior— , pero que terminó burocratizado. La
1 1 0  ENSAYOS SOBRE El. FINANCIAMIENTO DE l.A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
expansión cuantitativa señalada, si bien muy valorable, se hizo en con­
diciones de baja capacidad técnica y organizativa, en muchos casos 
mezclada con política partidista.
En el plano de la organización laboral, en dicho período adquirió 
auge la formación de los sindicatos, los que también se insertaron en el 
gobierno. A partir de ellos se crearon organizaciones encargadas de aten­
der la salud de sus afiliados y sus familias, totalmente desvinculadas de 
la salud pública promovida por el mismo gobierno. Al generarse estas 
instituciones como obras sociales de los sindicatos, cada una de ellas 
funcionaba autónomamente Con grandes diferencias de poder económico 
y alta heterogeneidad. Esta fue la génesis del sistema de las obras socia­
les (OS), que nacidas de los sindicatos han determinado, desde esa fecha, 
que el sistem a s e  v ea  en vu elto  en  con flictos políticos.
A partir de entonces se delinearon dos ejes independientes, uno 
público orientado a diseminar la atención médica en todo el país, aun 
con fuertes ineficiencias, y otro, enquistado en los sindicatos y adminis­
trado por ellos, donde las prestaciones de salud no se diferencian de 
otras acciones vinculadas con la actividad gremial. Tiempo después hubo 
intentos de integrar ambos sectores, pero muchos de los logros alcanza­
dos por la salud pública se diluyeron y las dirigencias gremiales conti­
nuaron manteniendo la administración de las incipientes OS.
En el plano de la seguridad social, en el año 1970 se reglamentó y 
legalizó la situación que de hecho existía desde tiempo atrás, conva­
lidando a las os, y estableciendo la obligatoriedad de afiliación para todos 
los trabajadores dependientes. El sistema se universalizo, se consolidó y 
aumentó exponencialmente su cobertura. El financiamiento se radicó en 
los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales, quedando 
la administración en manos de las dirigencias sindicales. I.as prestacio­
nes del sistema quedaron vinculadas con el sector privado y fueron pocas 
las OS que se convirtieron en sus propios ejecutores. Se estableció un 
fondo de redistribución manejado por el Instituto Nacional de Obras 
Sociales ( in o s ) ,  antecesor de la Administración Nacional del Seguro de 
Salud ( a n s s a l ) ,  destinado a equiparar las OS de menores ingresos con las 
de mayores. El sistema creado tuvo débil control público y ninguna in­
tervención de los empleadores.
En general, los marcos legales referidos al funcionamiento de las OS 
dependieron más de los cambios políticos que afectaban las reglamenta­
ciones laborales que de la propia regulación del sistema. La dependencia
LA REFORMA Al FINANCIAMIENTO DE LA SAI.UD EN ARGENTINA 1 1 1
de las OS del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y no del Minis­
terio de Salud y Acción Social, fue un indicador de que los intereses 
sectoriales se sobreponían a los objetivos de brindar cobertura de salud 
a la población.
Los problemas de inequidad entre beneficiarios de las OS (especial­
mente en comparación con las instituciones mixtas — bancarias, seguros, 
y otras— , que percibían, además de los aportes y contribuciones, ingre­
sos adicionales de los empleadores), la heterogeneidad prestacional, las 
diferencias en las coberturas médicas, el no funcionamiento del fondo de 
redistribución, la falta de programación y normativas, y de un elemental 
registro contable y financiero, fueron la constante en toda la vida de la 
seguridad social.
Los distintos marcos jurídicos del sistema nacional integrado de 
salud, de 1973, del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (INSSJI’J de la ley de obras sociales de 1980, y de la ley del 
sistema nacional del seguro de salud, de 1989, si bien modificaron nor­
mas que regulaban el sistema, en la práctica mantuvieron la organización 
inalterada, salvo en el crecimiento de los aportes y contribuciones que 
fueron determinados en cada oportunidad. Se demostró nuevamente que 
siempre se priorizarou las cuestiones de financiamiento que se vinculaban direc­
tamente con los sindicatos más que las relacionadas con la propia regulación del 
sistema.
La incorporación del sistema del tercer pagador, llevó a la apari­
ción de los colegios de profesionales y cámaras empresariales de clínicas 
y sanatorios, que negocian precios y condiciones de acreditación, confor­
mando grupos de oligopolios por el lado de la oferta de servicios que se 
enfrentan con el oligopsonio por el lado de la demanda (Katz y Muñoz, 
1988).
En el plano de la salud pública, luego de la primera administración 
peronista (1955) comenzó un desfinanciamiento importante, que originó 
falta de mantenimiento hospitalario y reducción de su productividad. 
Simultáneamente, se inició la transferencia de los servicios a las provin­
cias, que demoró cuatro décadas en consolidarse. A fines de los años 
setenta, se retomó y profundizó la formación de los recursos humanos 
y se fortalecieron las delegaciones sanitarias federales. Durante largos 
períodos, la calidad de la atención de la salud pública fue en promedio 
superior a la del sector privado, especialmente en lo concerniente a 
quemados, pediatría, cirugía pediátrica, neurocirugía e inmunología. En
1 1 2  e n s a y o s  s o b r e  e l  f in a n c ia m ie n t o  d e  l a  s e g u r id a d  s o c ia l  e n  s a l u d
las cap ita les  de provincia  y  en  la m ayoría  de las grandes ciudades estos 
establecimientos constituían la mejor alternativa. Aún hoy, es en estos 
establecimientos donde se cumple la función de docencia y en este as­
pecto son respetados por la comunidad. Asimismo, es allí donde se atien­
de a los enferm os crónicos — que son separados de los restantes 
subsistemas por poco rentables—  y donde se realizan las prácticas com­
plejas no cubiertas por los seguros.
Uno de los principales problemas para llevar adelante programas 
integrales y coordinados se deriva de la constitución política del país, 
conforme a la cual cada provincia es autónoma y es el lugar donde se 
ejecutan la casi totalidad de las acciones (los hospitales son provinciales 
y municipales); el gobierno nacional sólo tiene incumbencia sobre las 
políticas generales del sector y los programas de fiscalización y control 
de medicamentos y otros. Las relaciones entre estas jurisdicciones se 
canalizan a través del Consejo Federal de Salud, pero su eficacia no es 
la esperada.
Con anterioridad al desarrollo del sistema de seguridad social, el 
sector privado sufría el encarecimiento acelerado de los costos y comen­
zaba a marginar de hecho a crecientes estratos sociales de la utilización 
de estos servicios, lo que sumado a la presión generada por la gran 
cantidad de médicos estaba llevando al sector a una seria crisis; esta fue 
atenuada por el sostenido crecimiento de las os, que se desarrolló a través 
de los proveedores privados y no de los públicos (Ministerio de Salud y 
Acción Social, 1985). La normativa de las os explícitamente desalentó la 
creación de la capacidad instalada propia en favor de la utilización de la 
pública, dirigiendo la contratación de las prestaciones hacia el sector 
privado, que creció financiado por este sistema.
En síntesis, llegamos a casi a fines de siglo con un sistema de salud 
no integrado, conformado por tres subsectores: el público, la seguridad 
social (obras sociales), y el privado, definidos por su organización, finan­
ciamiento, coberturas y beneficiarios, los que interactúan con distinta 
intensidad, resultando las vinculaciones más fuertes las existentes entre 
la seguridad social y el subsector privado. El papel que cumple la ins­
titución de la seguridad social es el que principalmente moviliza el sis­
tema en su conjunto, ya que de ella depende el funcionamiento de gran 
parte de los agentes privados, y últimamente de los hospitales públicos 
como proveedores de los beneficiarios del in s s jp .
LA REFORMA Al E1NANC1 AMIENTO DE l.A SALUD EN ARGENTINA
II. EL GASTO Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD
A . E l  g a s t o  e n  s a l u d
El gasto total en salud para 1995 es de aproximadamente 20 500 millones 
de dólares, equivalente al 7.3% del pib y  a 590 dólares por habitante/año. 
Como porcentaje del Pin, esta medición nos colocaría entre las naciones 
que asignan una proporción importante de sus recursos a salud, pero, si 
nos com p aram os por el gasto  per cáp ita , nos d iferen ciam o s 
drásticamente del mundo desarrollado. En efecto, los Estados Unidos, 
Canadá y  Alemania gastaban en 1990 el 12.7%, 9.1% y  8 -8 %  del PIB, pero 
registraban un consumo por habitante de 2 763, 1 945 y 1 511 dólares, 
respectivamente (Banco Mundial, 1993).
El creciente gasto en los últim os 25 años m uestra el cam bio 
organizacional que se fue operando. Así, el gasto estimado para 1970 era 
equivalente al 5.2% del P!B, creció al 6.6% en 1986 y se estima en 7.3% 
para 1995. Dicho crecimiento de algo más de dos puntos en el PIB guarda 
relación con el aumento de los costos operado mundialmente.
En 1970, el gasto directo de las familias tenía una fuerte participa­
ción en el gasto total (55%), mientras la seguridad social y la salud 
pública registraban el 26% y el 19%, respectivamente. Con la consolida­
ción y expansión de las os, en 1980 la participación del gasto familiar 
bajó al 34% y consecuentemente subió el de la seguridad social (33%). Ya 
en 1986, la tendencia comenzó a revertirse con las crisis de las o s , que 
bajaron al 31% aumentando nuevamente los gastos directos (40%), hasta 
llegar a la actualidad, con un 44% de participación de las familias y un 
leve aumento de la correspondiente a las o s  (por efecto del INSSJP). La 
participación de la salud pública muestra una constante pérdida en su 
participación en los últimos 15 años.
1. La estimación para 1970 v 1980 surge de la información oficial (Ministerio de Salud 
y Acción Social, 1985) sobre la que realizamos un ajuste del PIB para homogeneizaria con 
la nueva revisión de Cuentas Nacionales. Advertimos sobre la precariedad de las estima­
ciones del gasto privado, que surgen de las encuestas de gastos e ingresos que se realizaban 
cada 10 años solamente para el Cran Buenos Aires.
1 1 4  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
C u a d r o  1
EVOLUCIÓN DEL GASTO EN SALUD Y SU FINANCIAMIENTO
(En porcentaje)
Años
Casto en 
% del I’IB Público
Participación
OS
en el financiamiento 
Directo (familias) Total
1970 5.1 19 26 55 100
1980 5.6 33 33 34 100
1986 6.6 29 31 40 100
1995 7.2 23 34 44 ¡00
Fuente: En base a inform ación proporcionada por e l  M inisterio de Salud y  Acción Social (m sa s) ,  1985; Juan 
Llnch, El gasto público social, vol. 4, Buenos Aires, Instituto Torcuato di Telia/Program a Nacional de Asis­
tencia Técnica para la Alim entación de los Servicios Sociales ( i i d i / p r o n a ia s s ) ,  1990; y  datos provenientes 
de la Dirección N acional de Program ación del G asto Social (uNira).
Como surge del cuadro, los gastos crecieron, pero el cambio en la 
estructura de su financiamiento nos muestra que la seguridad social y el 
subsector público no cumplieron el desempeño esperado en la cobertura 
de la salud, y las familias tuvieron que aumentar sus aportes directos 
para compensar las carencias en las prestaciones. Como consecuencia, 
aparece claramente que los aumentos de los gastos son solventados por las 
fam ilias en un contexto en el que disminuyen las coberturas de las OS, y el 
subsector público fiscal no sólo reduce sus gastos sino también su actividad de 
ente regulador y fiscalizador.
Debemos resaltar que el hecho de que las familias tengan que pro­
veer mayor financiamiento al sistema provoca fuertes inequidades, por­
que son las familias más pobres las que proporcionalmente destinan una 
mayor parte de sus ingresos a la salud. Un estudio reciente realizado 
para algunas localidades, señala que las familias en situación carencial 
asignan aproximadamente el 12% de sus ingresos a los gastos directos de 
salud. De ellos, alrededor del 70% lo destinan a la compra de medica­
mentos y a pagos de consultas a médicos y dentistas. Por el contrario, 
las familias de altos ingresos gastan de su bolsillo en salud alrededor del 
6% de sus ingresos (Jorrat, 1994).2
A continuación se presenta el cuadro resumen del gasto en salud 
para 1995, y luego se analiza cada uno de los componentes.
2. Según la misma fuente, en los cinturones 1 y 2 del Gran Buenos Aires, las familias 
pobres destinan el 5% de sus ingresos a la compra de medicamentos.
I A REFORMA AL ! IXANC lAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 115
C u adro 2 
GASTO EN SALUD, AÑO 1995 
(Ek millones de pesos)
Concepto Montos Porcentaje 
del PIB
Porcentaje 
del total
I. SUBSF.CTOR PÚBLICO 4 654 1.7 22.8
- Gobierno nacional ■ 694 0.2 3.4
• Ministerio do Salud y Acción Social,
Ministerio de Educación \ Cultura 504 0.2 2.5
Ministerio de Defensa, \ otros 190 0.1 0.9
- Gobiernos provinciales J 3 531 1.3 17.3
- Gobiernos locales 428 0.1 2.1
II. SUBSECTOR DE SEGURIDAD SOCIAL 6 858 2.4 33.6
Obras sociales de la ANSSAI. v otras 3 056 1.1 15.0
- Programa de asistencia médica integral.
PAMI (INSSJP) 2 574 0.9 12.6
- Obras sociales provinciales 1 228 0.4 6.0
III GASTO DIRECTO FAMILIAS f ) 8 888 3.2 43.5
- Cuotas por pre-pagos y planes médicos 2 520 0.9 12.4
- Medicamentos 3 039 1.1 14.9
- Otros 3 329 1.2 16.2
IV. TOTAL 20 399 7.3 100.0
Fuen lo: En base o inform ación proporcionada por la Dirección N acional de Program ación del C asto  So- 
cia) ( d n i x . s ) ,  Secretaria de Program ación Económica (srt).
Tara el calculo del gasto se asignan las transferencias de fondos de la nación a las provincias o a los 
organism os de la seguridad social en estas últim as jurisdicciones, y se restan del gobierno nacional. 
Kilo significa que el presupuesto de la nación va a resultar superior a los m ontos señalados en los 
cuadros que se presentan, y la diferencia va a ser el valor d e las transferencias. 
b Incluye los program as del M inisterio de Salud y Acción Social y los hospitales-escuela dependientes 
de las universidades nacionales (M inisterio de Hducación V Cultura), que realizan prestaciones para 
toda la población.
Incluye los hospitales de las Fuer/as Arm adas y de la Policía Federal, que proveen prestaciones lim i­
tadas sólo a sus miembros.
Incluye la m unicipalidad d e la Ciudad de Buenos Aires.
(*) Estim ación preliminar.
116  ENSAYOS SOBRE EL FíNANCíAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
El subsector público gastó en 1995 4 654 millones de pesos, de los 
cuales correspondieron 694 millones a la nación, 3 532 millones a las 
provincias y 428 millones a los municipios. Este subsector, a través de sus 
ministerios de salud (nacional, provinciales y locales), conduce, regula y 
reglamenta el funcionamiento del sistema, lleva adelante programas 
preventivos de educación para la salud, protege a los grupos más débiles 
con programas focalizados, y fiscaliza y controla medicamentos y ali­
mentos. Pero sus principales acciones —que se llevan a cabo a través de 
las prov in cias y  algunos m u n icip ios—se  vinculan con las prestaciones 
gratuitas a toda la población a través de una red de hospitales públicos 
y centros de salud.
El subsector de la seguridad social (os) gastó casi 7 mil millones de 
pesos, y está conformado por instituciones de derecho cuasi público que 
cubren las contingencias de salud y las necesidades de turismo y asisten­
cia social de los trabajadores dependientes y de los jubilados del régimen 
nacional de previsión social. Las características com u n es d e  las OS son: 
a) la obligatoriedad de pertenencia, b) la cautividad de la población be­
neficiaria, y c) el reducido margen de elección de proveedores. El finan­
ciam iento del seguro se basa en las contribuciones obligatorias de 
empleadores y empleados, vinculadas con los niveles de ingresos.
El gasto directo de las familias comprende los contratos directos entre 
el paciente y el prestador del servicio y los sistemas voluntarios de se­
guros en em p resas  con o sin fines de lucro, los gastos en  m ed icam en tos  
no cubiertos por los seguros, y los coseguros. Se estima que estos gastos 
alcanzaron cerca de los 9 mil millones de pesos en 1995, representando 
el 44% del total.
B. E v o l u c ió n  d e l  g a s t o  p ú b l ic o
El papel del Estado en las políticas sociales se ha modificado sustancial­
mente a partir de la reforma de 1991, cuando se privatizaron las empre­
sas públicas, se descentralizaron los servicios educativos de nivel secun­
dario y los hospitales, se disminuyó el gasto público total, y aumentó 
fuertemente la participación de los gastos sociales en la estructura públi­
ca. Los gastos sociales medidos como porcentaje del PIB, han pasado del 
14% en 1980-1983 al 17% en 1991-1995, y  co m o  porcen taje  de los gastos 
totales, de un 45% han pasado a representar casi las dos terceras partes.
LA REEORMA Al I INANCIAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 1 7
El gasto en salud, considerando todos los gobiernos intervinientes 
(nación, provincias y municipios) y las obras sociales, representa cerca de 
un cuarto del gasto social y aproximadamente el 15% del gasto público 
argentino consolidado. El subsector público fiscal de la salud tiene una 
relevante importancia entre los programas sociales, y por otro lado, las 
O S incluyendo al INSSJI’ ocupan el segundo lugar entre los seguros (Flood 
y otros, 1994a).5 En cuanto a la composición del gasto, debe destacarse 
que alrededor del 30% corresponde a medicamentos, sin poder especifi­
car cuánto pesa en cada uno de los subsectores, pero incidiendo segura­
mente con mayor intensidad en el gasto de las familias (Ministerio de 
Salud y Acción Social, 1994).
C uadro 3
GASTO PÚBLICO EN SALUD Y PARTICIPACIÓN 
F.N EL GASTO SOCIAL TOTAL 
(En porcentaje)
Años Participación 
en el gasto público total
Participación 
en el gaslo social total
1980 11.3 22.8
1985 12.8 25.5
1990 14.2 25.5
1991 14.2 23.6
1992 14.5 23.3
1993 14.7 23.2
1994 15.7 23.8
1995 15.8 23.8
Fuente: En  base a inform ación proporcionada por la D irección N acional d e  Program ación d e l G asto So­
cial (nN iH TrS), Secretaría de Program ación Económ ica ( s p f ) .
3. Es conveniente recordar que en los cálculos no se tiene en cuenta la calidad de las
prestaciones. El gasto esta medido por el costo de producción y no por el valor que le 
asignan los beneficíanos. En muchos casos la información de las distintas jurisdicciones e
instituciones es incompleta y se la estimó en base a indicadores apropiados.
1 1 8  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
En cuanto a la oferta pública, el gasto está conformado por los 
gastos realizados por los gobiernos — financiados por rentas generales, 
fundamentalmente—  y por las entidades de la seguridad social. Estos 
últimos se registran dentro del gasto público porque se considera que su 
financiamiento se origina en los aportes obligatorios que realizan los 
empleadores y los trabajadores dependientes (impuesto al salario), y cuya 
administración está a cargo de una institución pública: la Administración 
Nacional del Seguro de Salud.
C uadro 4
GASTO PÚBLICO EN EL SECTOR SALUD 
(Ln porcentaje del p ib )
Años Sistema de 
seguridad social
Salud pública 
fiscal
Gasto total 
en salud pública
1991 2.4 1.4 3.8
1992 2.3 1.5 3.8
1993 2.3 1.6 3.9
1994 2.4 1.7 4.0
1995 2.4 1.7 4.1
Fuente: D irección N acional d e Program ación del G asto Social (Secretaría de Program ación Económ ica) 
(D N T C .S , s p e ) ,  en base a datos d e la A dm inistración N acional de Seguro d e Salud ( a n s s a l ) ,  Dirección G e­
neral Im positiva (oci), y Secretaría d e H acienda.
Nota: Obras sociales no incluyen los gastos en asistencia social y turismo.
C. M a t r iz  d e  t u e n t e s  y  u s o s  d e l  s e c t o r  s a l u d
El análisis del financiamiento y del gasto constituye la clave del sistema, 
y siendo estos rubros las dos caras de una misma moneda, ambos tienen 
que ver con la eficiencia y equidad en distintos aspectos. Ambos encuen­
tran su equilibrio a nivel global pero no considerados por subsector, y 
ello sucede porque existen transferencias de fondos entre las distintas 
jurisdicciones. Esto significa que la nación financia más de lo que gasta 
en su propia órbita, porque a la vez financia a las provincias y gobiernos 
locales, y por el otro lado las OS financian más de lo que gastan sus 
propios proveedores, por las razones ya expuestas.
I A REFORMA Al. HNANCIAMIENTO DE LA SALUD EN ARCIENTINA 1 1 9
Las fuentes de financiamiento de los gastos de salud son: a) recursos 
nacionales, b) recursos provinciales, c) recursos municipales, d) recursos 
del exterior, e) reintegros de las OS por prestaciones, f) aportes y contri­
buciones sobre los salarios, g) aportes sobre los haberes de jubilación y 
h) aportes directos de las familias.
F.n el cuadro 5 se presenta la matriz simplificada de fuentes y usos 
de fondos, en la que se muestra, por un lado, las fuentes de financia­
miento (en líneas), y, por el otro, los proveedores de las prestaciones que 
ejecutan el gasto (en columnas). De esta manera, se verifica que en el año 
1995 el gobierno nacional financió cerca de 700 millones de pesos; que de 
ellos 596 millones fueron ejecutados por él mismo, y 59 y 39 millones por 
las provincias y los gobiernos locales, respectivamente. Las provincias, 
por su parte, financiaron 3 531 m illones, de los cuales ejecutaron 
3 237 millones en sus propias jurisdicciones y transfirieron a los munici­
pios 294 millones. De lo que se concluye que tanto la nación como las 
provincias financian montos mayores de los que ejecutan en sus propios 
ámbitos, porque transfieren fondos a los otros gobiernos. En ese sentido, 
los gobiernos locales sólo financian el 56% del total que ejecutan (anexo 
estadístico, cuadro 8).
La fuente de financiamiento conformada por las contribuciones 
sobre los salarios y los aportes de los jubilados provee recursos a las os 
y al INSSJI’, los que alcanzaron un monto de 6 858 millones de pesos en 
1995, ejecutados mayoritariamente a través del sector privado (92%), 
dado que estas instituciones no cuentan por lo general con proveedores 
propios.
La matriz nos permite extraer varias conclusiones: a) las provincias 
son las que principalmente ejecutan los gastos fiscales y los financian, 
prácticamente, con sus propios recursos; b) los municipios ejecutan sus 
gastos, recibiendo importantes transferencias financieras de las provin­
cias y financiando sólo una parte con sus propios recursos; c) las familias 
financian gran parte del gasto, pero la información es insuficiente para 
saber su destinación, aunque puede deducirse que parte importante de 
esos fondos se destinan a la compra de medicamentos (subsector privado), 
y d) las prestaciones de las os se llevan a cabo principalmente a través del 
subsector privado, el que ejecuta casi las dos terceras partes del gasto, el 
que también es financiado por las familias y los seguros voluntarios.
Elementos adicionales, como son los recursos físicos, permiten con­
firmar las apreciaciones anteriores respecto al subsector privado.
1 2 0  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
C uadro 5
MATRIZ DE FUENTES Y USOS DEL SECTOR SALUD, AÑO 1995 
(En porcentaje del m )
Usos Proveedores
Fuentes Nación Provincias Municipios Subtotal
público
Obras
sociales
Sector
privado
Totales
Tesoro nacional 0.21 0.02 0.01 0.25 0.15
Tesoros provinciales 1.16 0.1) 1.26 1.26
Tesoros municipales 0.15 0.15 0.14
Total consolidado de 
gobiernos 0.21 1.10 0.2/ 1.66 i.66
Contribuciones sobre 
salarios y haberes, a 
OS y INSSJP n (*) n O 0.20 2.24 1.24
Familias 3.16 3.16
Totales 0.21 1.18 0.27 1.66 0.20 5.40 7.26
Fuente: En base a inform ación proporcionada por la Dirección Nacional de Program ación del G asto So ­
cial ( d n í g s ) .  Secretaría de Programación Económ ica (s p e ) .
N ota: Los valores correspondientes al presupuesto de las fam ilias se calcularon en base a datos del M inis­
terio de Salud y  Acción Social (m s a s )  y  de fuentes privadas.
(*) N o se dispone de inform ación sobre los padrones arancelarios de los hospitales autogestionados.
C uadro 6
CAMAS DISPONIBLES SEGÜN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA*
(En porcentaje)
Años Total Dependencia administrativa
Oficial Obras
sociales
Sector
privado
Sector
mixto
1970 100.0 73.0 4.5 22.5
1980 100.0 62.5 5.5 31.9
1990 100.0 53.9 2.8 43.1 0.05
1980/I 9 7 0 8.8 -7.3 32.5 . 54.8
1995/1980 6.9 -7.6 -45.6 44.2
F u sn tc : Er base a in fo rm a c ió n  p r o p o r c io n a d a  p o r  el M inisterio de SaJud y Acción Social ( m s a s ) ,  1985., y  la 
Guia de establecim ientos asistenciates de la República Argentina, 1995. 
a D atos preliminares.
I A  REFORMA Al FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 2 1
En resumen, la evolución del sistema de salud argentino muestra un 
crecimiento fuerte del subsector privado, producido por el desarrollo de 
los seguros obligatorios y voluntarios y por un retraimiento del subsector 
fiscal.
III. EFICIENCIA Y EQUIDAD EN EL GASTO
A . R e s u l t a d o s  d e l  c a s t o
La población argentina tuvo un adelantado acceso a los servicios sanita­
rios comparado con otros países de la región. En efecto, desde fines del 
siglo pasado el sistema fue desarrollado con gran celeridad, pero con 
características de fragmentación organizativa y fuertes desequilibrios 
regionales que, aunque con distinto tipo de atenuación, aún permanecen. 
Así, por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil en la Capital Federal 
a principios de siglo eran similares a las de París, mientras que en las 
provincias se duplicaban. Simultáneamente, en el mismo período, los 
indicadores de analfabetismo bajaban abruptamente: del 78% de la po­
blación de 7 años y más en 1869 al 35% en 1914. Esta posición privile­
giada ostentada por Argentina en muchos de los ítem sociales, ha sido 
alcanzada e incluso superada por otros países de la región. Aun así, 
nuestro país tiene un reconocido nivel en su sistema sanitario (Banco 
Mundial, 1996) que se demuestra a través de algunos de los indicadores 
seleccionados.
a) Patos básicos (Censo de 1991)
Población total 32 610 000 habitantes
Densidad de población 11.7 hab/km :
Población con NBP 19.9 “4
Esperanza de vida (año 1992) 71 años
4. La población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) se define como aquella 
que reúne uno de los siguientes indicadores: a) hacinamiento (hogares que tengan más de 
3 personas por cuarto), b) tipo de vivienda (hogares que habitan en casas de vecindad, o 
de condiciones precarias), c) condiciones sanitarias (hogares que no tengan ningún tipo de 
retrete con descarga de agua), d) asistencia escolar (hogares que tengan algún niño en edad 
escolar que no asiste a la escuela), y e) capacidad de subsistencia de jefes de hogar sin 
asistencia escolar o que no superen los dos grados de primaria, y con una alta relación de 
miembros por ocupado (superior a 4 por ocupado) (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, indec).
1 2 2  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Natalidad 22.3 por mil
Mortalidad general 7.8 por mil
Natalidad y mortalidad infantil y materna (año 1994)
• Nacimientos en establecimientos asistenciales 96 %
• Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso 6.3 %
• Mortalidad infantil 22 por mil
Porcentaje de mortalidad infantil evitable 27 °/70
Porcentaje de mortalidad infantil parcialmente evitable 34 °/o
• Mortalidad materna 3.9 por 10 mil
nacidos vivos
Cobertura de la seguridad social y otros sistemas privados (Censo de 1991)
Población con OS 57.6 %
Población sin cobertura 36.3 %
• Población con plan médico de prepago con o sin OS 21.9 IV/o
Consultas y egresos en el subsector público (año 1992)
Consultas per cápita en establecimientos públicos 1.9 por hab/año
• Egresos de establecimientos públicos 52.7 por 1 000  h ab/a
Partos en establecimientos públicos 15.3 por 1 000 hab
Recursos humanos
• Relación habitante/médico 370 hab por médico
Los indicadores del estado de salud de la población muestran que 
hacia 1992 la esperanza de vida al nacer (71 años) y la mortalidad infantil 
(29 por mil) se comparaban favorablemente con el promedio de América 
Latina (68 años y 45 por mil, respectivamente) y se encontraban menos 
distantes de los del mundo industrializado (75 años y 13 por mil). Sin 
embargo, debe resaltarse que estos niveles representan una meseta, mien­
tras los restantes países de la región continúan mejorando aceleradamen­
te y muchos de ellos están superando sus niveles (Costa Rica: 76 años y 
14 por mil; Chile: 72 años y 17 por mil).
Efectivamente, según información del p n u d  (1994), la esperanza de 
vida al nacer en Argentina era, en 1960, de 65 años promedio para ambos 
sexos, y en 1992 llegó a 71 años, lo que significa que aumentó 6 años en 
tres décadas. En los restantes países de la región, partiendo de n iveles  
inferiores, el incremento ha sido de 14 años de vida, casi dos veces y 
media más que el avance de Argentina.
I.A REFORMA A1 FINANCIAMIENTO DC LA SALUD EN ARGENTINA 1 2 3
Con respecto a la mortalidad infantil, las tasas de Argentina son 
significativamente menores que el promedio de América Latina, pero en 
una perspectiva dinámica, la situación es bastante similar a la verificada 
con la esperanza de vida. Entre 1960 y 1992 la tasa se redujo 31 por mil 
nacidos vivos, mientras que en la región disminuyó 65, y en países como 
Chile se redujo 97, siempre por mil nacidos vivos (p n u d , 1994).
Los indicadores de expectativa de vida y mortalidad infantil mues­
tran fuertes desequilibrios si se los analiza por provincia. Así, para 1992, 
cinco provincias: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones de la región 
noreste, y Salta del noroeste, se encontraban bajo el promedio nacional, 
con diferencias aproximadas de 3 años en la expectativa de vida/ En 
cuanto a la mortalidad infantil, los resultados se repiten en dichas pro­
vincias y se incorporan otras nuevas con tasas inferiores a las del país; 
ellas son: Salta, Santiago del Estero y San Luis. Respecto a la divergencia 
en relación con la media nacional, estudios realizados señalan que está 
disminuyendo sistemáticamente (Llach, 1990).
Por el lado de la oferta, los indicadores de camas por mil habitantes 
son casi el doble de las cifras latinoamericanas, superando a todos los 
países, pero llegando a la mitad de los industrializados. La infraestruc­
tura hospitalaria combinada con sistemas descentralizados de puestos de 
salud cubren toda la extensión del país, aun en los lugares de más baja 
densidad de población.
En cuanto a los recursos humanos y en base a fuentes nacionales, 
existen 87 mil médicos activos y con una fuerte tendencia a la práctica 
especializada —orientada desde la formación y reforzada por las con­
diciones del mercado y la creciente incorporación de tecnología comple­
ja—, que presionan sobre el mercado a través de las corporaciones que 
los agrupan (Katz y Muñoz, 1988). Comparando con el resto del mundo, 
Argentina cuenta con un médico cada 334 habitantes, mientras los países 
centrales tienen uno cada 397 y América Latina posee uno cada 80Q. Esta 
anomalía se combina con una de las relaciones enfermeras-médico más 
bajas (0.2) (PNUD, 1994).
Es reconocida la excelencia de sus recursos humanos en salud, y las 
universidades nacionales albergan a estudiantes de toda la región que 
buscan mayores niveles académicos. Existen siete universidades nacionales
5. Debemos alertar sobre la probabilidad de subregistros en estas provincias.
1 2 4  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
con facultades de medicina — Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Córdoba, 
Rosario, Corrientes y Tucumán— , y cinco privadas en las ciudades de 
Buenos Aires y Córdoba. En materia de adelantos científicos, la conexión 
con el mundo se considera importante, y es rápida la incorporación de 
los mismos a los establecimientos locales (en materia de realización de 
trasplantes, diagnóstico por imágenes, cirugía laparoscópica, reparadora, 
etc.).
El sistema de la seguridad social fue un importante logro social, que 
brinda cobertura a cerca de dos tercios de la población, con caracterís­
ticas universales para todos los trabajadores dependientes y  para  la to­
talidad de los jubilados y pensionados, y personas mayores de edad que 
tengan una residencia en el país superior a diez años. La cobertura de 
prestaciones es amplía y su pera  h o lg ad am en te  a  la ofrecida p o r  la me­
dicina prepaga. La cobertura del sistema tuvo un crecimiento impresio­
nante, partiendo en 1965 con 4.4 millones de personas — cuando era solo 
obligatorio para determinados sectores y no estaba regulado—  hasta lle­
gar en 1991 a la protección de 18 millones, según datos censales.
La infraestructura del sector privado es muy heterogénea. Cuenta 
con establecimientos fácilmente comparables con los mejores de otros 
países — especialmente en Buenos Aires y las principales ciudades del 
interior— , con equipamiento de última generación, mientras que otros 
son muy deficientes.
B. P r o b l e m a s  o e  e f ic ie n c ia
La formación del sistema de salud en la Argentina con sus buenos resul­
tados, y el actual estancamiento de los indicadores unido al permanente 
increm ento d e  los gastos , nos lleva a reflex ion ar sob re  las razon es d e  1 
pobre desempeño demostrado. Como se dijo en la sección anterior, los 
recursos físicos, humanos y monetarios son suficientes — o más que 
suficientes, en algunos aspectos—  para obtener un mejor rendimiento. 
Entonces, el problema parece estar en las marcadas ineficiencias que se 
detectan en la asignación y utilización de los recursos, en la organización 
y gestión; así como también en las inequidades. La estructura de 
financiamiento se torna cada vez más inequitativa, dado que las familias 
aumentan su participación en los gastos, y las más pobres deben destinar 
a este tipo de gastos una parte comparativamente mayor de sus ingresos.
I.A REFORMA AL HNANCIAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 2 5
Al cotejar la evolución de los indicadores de resultados y de gastos 
entre países — con las limitaciones metodológicas y conceptuales que ello 
implica—  se corroboran las hipótesis.*’ Según el Banco Mundial, nuestro 
gasto per cápita es superior al de América Latina y en particular al de 
países como Chile, Colombia, México; pero tenemos resultados inferiores 
en el mejoramiento de los logros ya alcanzados años atrás.
Las principales causas de la baja eficacia y rendimiento del gasto 
pueden resumirse en las siguientes:
• No existe integración de los subsectores en el sistema de salud. La salud en 
la Argentina gira fundamentalmente alrededor del sistema de la seguri­
dad social (os), dependiente de los cambios políticos, institucionales y 
del mercado laboral que ocurran en el país. Así, el subsector público 
aparece fragmentado, depositario de las acciones que no resultan renta­
bles y deficitario en cuanto a políticas para atender a la población con 
carencias. El subsector privado, en tanto, busca alternativas para inser­
tarse en las nuevas y variadas situaciones de) mercado. No existen con­
diciones que alienten la competencia entre los proveedores de los distin­
tos subsectores para estimular la búsqueda de eficiencia y calidad en las 
prestación de servicios.
• Las políticas de salud son débiles, discontinuas y  fragmentadas. Se producen 
dificultades para implementar políticas debido a la autonomía de las 
provincias. Existe una fuerte rigidez administrativa tanto en la nación 
como en las provincias. El personal no tiene incentivos adecuados y su 
productividad, por lo general, es bastante baja. Los diseños de los pro­
gramas de salud no corresponden a la realidad actual, y no son objeto 
de m onitoreo ni seguim iento, en la práctica. También se detectan 
superposiciones de programas que originan gastos improductivos.
• Existe escasa o nula regulación de importantes segmentos del mercado. El 
mercado de la medicina prepaga y de los planes médicos no está regu­
lado, y el sistema de la seguridad social lo está parcialmente. No existe 
regulación para las acreditaciones, habilitaciones y certificaciones de
6 . En este punto utilizamos al Banco Mundial como fuente porque suponemos que 
emplea la misma metodología para todos los países, aunque discrepamos en el cálculo del 
gasto para la Argentina, el que estimamos muv superior.
1 2 6  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAI EN SALUD
establecimientos y profesionales. Hay un excesivo número de os, muchas 
de ellas alejadas del tamaño óptimo. Operan con inadecuada tecnología 
administrativa: carecen de registros de beneficiarios, de prestaciones, de 
facturación y controles. La falta de regulación origina sobreprestaciones y 
sobrefacturaciones importantes, especialmente con los recursos tecnológi­
cos, los que pueden ser utilizados en un sentido (sobreprestaciones) u otro 
(subprestaciones), dependiendo de las modalidades de pago utilizadas.
* Falta de incentivos para la optimización en el uso de los recursos. Los  pre­
supuestos del subsector público y de los establecimientos hospitalarios 
no cuentan con ningún sistema de incentivos para la asignación de sus 
gastos (salvo los hospitales autogestionados, que en la práctica son es­
casos), y muchas veces, si existen, son perversos porque se premia a las 
instituciones que hayan realizado mayores gastos sin confrontarlos con 
su productividad. En los hospitales se detecta obsolescencia, escasez de 
mantenimiento, capacidad ociosa (camas, salas), atraso en la incorpora­
ción de nuevo equipamiento, o sobreequipamiento, y escasez de insumos 
básicos. También falta de capacitación para los niveles de gestión y 
necesidad de asistencia técnica para el desenvolvimiento de los aspectos 
institucionales y organizativos, lo que origina falta de control y fiscali­
zación del presupuesto y su ejecución. La sobreocupación se combina 
con escasez de mano de obra, en algunas especialidades. En el subsector 
privado también se detecta sobreequipamiento, especialmente de apara­
tos complejos cuya amortización requiere de uso pleno, presionando 
entonces hacia la creación  artificiosa d e  d em an da.
• Existencia de subsidios cruzados. La población de menores ingresos 
subsidia en la práctica a la de mayores recursos cada vez que los bene­
ficiarios de las os, al no poder acceder a las prestaciones -—porque no 
están contempladas en la cobertura, o porque los servicios están suspen­
didos o no pueden afrontar el copago—  acuden al hospital público. En 
estos casos el hospital no recupera los costos, por la política de gratuidad 
indiscriminada (siempre que no funcione como hospital autogestionado) 
o por su incapacidad para facturar las prestaciones que realiza por la 
dificultad de identificar a los afiliados. Por otra parte, también se produ­
cen subsidios cruzados cuando muchos afiliados a las os, que poseen 
medianos o altos ingresos, se adhieren a los planes prepagos, no utilizan­
do los servicios por los que aportan compulsivamente.
LA REFORMA AL UNAMC. IAMIENTO DE I.A SALLD  EN ARGENTINA 127
• Relativamente baja satisfacción de pacientes y afiliados de las os. Los pacien­
tes de los establecimientos públicos deben realizar esperas prolongadas 
para su atención, y en muchas oportunidades abonar aranceles estable­
cidos por cada nosocomio según su propio criterio. Las OS no responden 
a la totalidad de las demandas, y en ese sentido no hay proporcionalidad 
entre los esfuerzos financieros que significan para los trabajadores, con 
las prestaciones que reciben a cambio.
• Falta de condiciones para la competencia. La ineficiencia del sistema está 
estrechamente ligada a la condición de población cautiva de los afiliados, 
y de la que dispone cada obra social, que actúa en forma independiente 
de la voluntad y del grado de satisfacción de aquellos respecto de la 
atención recibida. El criterio de solidaridad opera, hasta el presente, 
dentro de cada OS, pero no entre distintas OS. Como resultado, el sistema 
permitió la existencia de  s con ingresos promedio por afiliado diez veces 
superiores a otras, lo que explica la enorme disparidad en la calidad de 
la cobertura. El fondo solidario de redistribución, destinado a equiparar 
dichas inequidades, no cumplió su cometido y hubo mucha discredo- 
nalidad en su asignación.
• Falta de transparencia en la información. Existe una absoluta desinfor­
mación acerca de los movimientos de las OS, su número, beneficiarios, 
fuentes y usos de fondos, presupuestos, y otros. La clientela de la medicina 
prepaga se concentra en pocas empresas que poseen gran cantidad de 
planes, con poca transparencia en las coberturas ofrecidas, limitaciones a 
personas con enfermedades preexistentes, y períodos de carencias.
• Altos costos de la medicina privada. Quedaron en el ámbito privado las 
prestaciones correspondientes a intervenciones diagnósticas y tratamien­
tos de alta complejidad; por ejemplo, trasplantes y cirugía cardiovascular, 
que son intervenciones onerosas y rentables (gran parte de ellas no tienen 
cobertura en los seguros voluntarios). Estos servidos se concentran en las 
grandes ciudades, donde está localizada la población con ingresos altos.
Como consecuencia de las deficiencias comentadas, se generan 
costos muy elevados y baja productividad del gasto, con resultados sobre 
la salud de la población inferiores a los previstos por las inversiones 
efectuadas. Es razonable pensar que si se aumentaran los recursos sin
1 2 8  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
modificar el sistema, los resultados serían igualmente pobres, por ios 
problemas de base existentes. El sistema en su conjunto —y en particular 
los subsectores público y de OS—  muestra señales de agotamiento y 
requ iere d e  una reform a q u e  perm ita  una m ejor  integración y mayor 
eficiencia en las prestaciones.
C. D is t r ib u c ió n  d e l  c a s t o : E q u id a d
Una vez analizado el fuerte componente de ineficiencia del gasto, es 
necesario estudiar la equidad. El tem a d e  la eq u id a d  e s  su m am en te  
importante para evaluar la eficacia de las políticas y, sobre todo, los 
resultados de la intermediación del Estado en cuanto a la redistribución 
de ingresos.
En la organización del sector, todos los habitantes son los benefi­
ciarios potenciales y gratuitos de los programas universales de salud 
pública, que son: la atención primaria, la atención médica en los estable­
cimientos asístenciales, las vacunaciones, ios planes preventivos, el con­
trol y fiscalización de medicamentos y alimentos.
Los beneficiarios del sistema de la seguridad social, como se dijera 
anteriormente, son los trabajadores dependientes con sus familias, y los 
jubilados y pensionados. En forma independiente, alrededor de tres 
millones y medio de personas de ingresos medios y altos son benefi­
ciarios de la medicina prepaga, y por último un reducido número de 
habitantes se atiende a través de la contratación directa, costeando la 
totalidad de los aranceles.
En cuanto al financiamiento, las familias a través de sus gastos de 
bolsillo  cubren el 44%, y  los  trabajadores, em p lead ores  y  población pasiva 
aportan al sistema el 34% del total de los gastos de salud (sección 4).
a) Población sin cobertura
Si bien en los programas universales el acceso es libre para todos los 
habitantes, en la realidad el usuario del hospital público es preferente­
mente la población más necesitada, aunque marginalmente también 
hacen uso de él los afiliados de las os y personas sin cobertura —y  de 
cualquier nivel de ingresos— , en casos de accidentes y emergencias.
I .A KEIOKM A Al I IN W O  AMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 129
• Inequidnd en In cobertura de seguros. F.n el censo de 1991, figuraban 
casi doce millones de personas sin cobertura, de las cuales es dable 
suponer que once millones son usuarios de los establecimientos 
asistenciales públicos, por su condición de trabajadores informales, 
desocupados, independientes, con carencias, etc.7 Esta población 
está concentrada en los primeros quintiles de ingresos; así, el 47% 
de la población ubicada en el primer quintil, y el 33% del segundo 
no tiene cobertura de ningún tipo, mientras que solo el 8% de la del 
quinto no la posee, pero cuenta seguramente con recursos para 
atenderse privadamente (Flood y otros, 1994b). Relacionando a la 
población sin cobertura (33% del total) con los gastos del sector 
público fiscal destinados en 1995 (23% del total, cuadro 2), se evi­
dencia inmediatamente la inequidad del sistema. Esta se agudiza 
cuando se considera que dentro de los gastos se incluyen también 
los subsidios cruzados (el 30% de las personas atendidas en los 
hospitales pertenece al sistema de seguridad social), la provisión de 
bienes públicos, y otras partidas vinculadas con aspectos adminis­
trativos que están destinadas a la población en su conjunto.
C uadro 7
DISTRIBUCIÓN DF LA POBLACIÓN CON COBERTURA 
DF SEGUROS DE SALUD
Población Miles Porcentaje
1 Población sin cobertura 11 868 36.3
II. Población con cobertura: 20 300 62.2
Afiliados a obras sociales 13 153 40.3
Afiliados a plan m édico/m utual 1 500 4.6
Afiliados a OS + planes privados  5 645 17.3
III. Ignora tipo de cobertura 447 1.4
Población Total 32 616 100.0
Fuente: Instituto N acional de Estadística \ Censos (IN D EC), Censo Nncionnl de Población  y Vivienda. 1991, 
Buenos Aires, 1 W .
J Incluye los que ignoran el nom bre del plan.
7. El restante millón de personas corresponde a las de ingresos altos, que se 
autofinance an, y no recurren a las empresas privadas de salud por poseer enfermedades 
preexistentes o por atenderse con médicos de excelencia no incluidos en ninguna nómi­
na, o por otras causas.
1 3 0  ENSAYOS SOBRE EL FIN A N C IA M IE N T O  DE LA SEG U RID A D  SO C IA L EN  SALUD
♦ Inequidad en la distribución geográfica. La inequidad también se cons­
tata cuando se observa que las mayores tasas de cobertura se veri­
fican en las provincias con población de mayores ingresos. Así, la 
población de Chaco, Salta y Santiago del Estero tiene una cobertura 
de salud de 47%, 50% y 43%, respectivamente, mientras que la 
Capital Federal registra un 79% y el Gran Buenos Aires un 61%. 
Otro tema vinculado con la inequidad es el de las diferencias en los 
recursos- físicos y humanos, y  en Ja calidad de atención  en  las dis­
tintas regiones. En la Capital Federal, Gran Buenos Aires y capitales 
de las grandes provincias, los servicios sanitarios son francamente 
superiores y de mejor calidad que en las restantes capitales y ciu­
dades del interior del país.
• En la distribución de los gastos fiscales se da preferencia a los pobres. Gran 
parte de tales erogaciones se destinan a la población de esca so s  
recursos, aunque debemos destacar que un 20% de los gastos se 
dirigen a los quintiles superiores, los que deberían pagar por las 
prestaciones que reciben, salvo por aquellas que sean consideradas 
bienes públicos o sujetas a fuertes externalidades. Estos montos 
son importantes para ser relocalizados en la población de (os pri­
meros quintiles.s
C u a d r o  8
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO FISCAL,, AÑO 1992
Quintiles I 11 J III (V V Total
En millones de pesos 1 276 563 898 529 162 3 428
En porcentaje 37.2 16.4 26.2 15.4 4.7 100.0
Pesos promedio por persona 149 88 127 89 32 103
En porcentaje del ingreso 8.7 2.5 2.8 1.2 0.2 1.7
Fuente; M. Cristina V de Flood, El público social \f su im pacto ivdistribitliiv , Buenos Aires, Secretaría de» 
Program ación Económ ica (sri ), 1994.
0 En el segundo quintil se encuentran gran parte de los jubilados, que gozan de ios servicios deí in s s i i ».
8. En base a Fkoci y  otros ( Î 994a), que asignan Ja.s e ro g a c io n es  g u b ern a m en ta les  en  
bienes y servicios y en transferencias monetarias a la población clasificada por estratos de 
ingresos, en base a indicadores físicos que surgen de un módulo especial incorporado en 
fu Encuesta Permanente de Hogares (eph).
Del tota] de los 3 423 millones gastados en el año 1992, el 37% le 
correspondió a los hogares ubicados en el quintil primero (menores in­
gresos), mientras que solo el 5% a los de mayores ingresos, lo que de­
muestra la potencialidad de la inversión en salud como instrumento para 
redistribuir ingresos. Dichos montos, que corresponden a un promedio 
para el país de 103 pesos por habitante, representan en los extremos 149 
pesos por persona para la población del primer quintil, y 32 pesos para 
el quinto.
Los gastos en salud pública representan para las familias más hu­
mildes el 9%  de los ingresos, constituyendo un esfuerzo importante de 
los mismos, mientras que para los otros estratos el peso es bastante irre­
levante (1.2% y 0.2% para el cuarto y quinto quintil, respectivamente), y 
siendo el promedio para la población de 1.7% (Flood y otros, 1994a).
Como dato ilustrativo, en ese mismo año la población percibió por 
todos los programas sociales (excluyendo los seguros: previsión, seguridad 
social, desempleo, asignaciones familiares) 488 pesos en promedio por 
habitante, equivalentes al 8.2l del ingreso. De dicho total, prácticamente 
un quinto corresponde a salud: 103 pesos. I’ara el primer quintil, el aporte 
de los programas sociales fue del 37% del ingreso, y entre ellos el sector 
de mayor incidencia fue educación con 16%, y el segundo salud con 8.7%.
Cabe destacar que se considera el costo que tiene para el Estado 
llevar adelante los programas, sin tomar en cuenta lo efectivamente re­
cibido por la población ni su calidad. Es altamente previsible que del 
total gastado lleguen realmente a los destinatarios montos disminuidos 
por las ineficiencias, burocracias, o cuando no, corrupción.
• Uso del hospital público. Antes de analizar el lugar de las consultas 
realizadas por la población según estratos socioeconómicos, es ne­
cesario conocer su percepción de la salud, es decir la importancia 
otorgada a la prevención y al cuidado. En el conglomerado del Gran 
Buenos Aires, la población más necesitada (primer quintil) que rea­
liza consultas es el 18o», mientras que el 82% no lo hace. Esa pro­
porción es distinta para la población ubicada en el quintil de ma­
yores ingresos, donde sí las realizan el 27%; aún más, si medimos 
el décimo decil, el porcentaje aumenta al 30%.l)
y. Se considero lo realización do consultos cuando lo población ha concurrido al 
médico m ás do uno vez al mes
LA REFORMA AI HVW CIAM ILM TO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 3 1
1 3 2  ENSAYOS SOBRE HL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
C uadro 9
CONSULTAS TOR LUGAR DE ATENCIÓN EN EL CONGLOMERADO 
DEL GRAN BUENOS AIRES, AÑO 1992
Quintil
Lugar de atención 1 II Ul IV V Total
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Hospital público 42.4 23.3 29.4 20.1 7.3 25.3
Establecimiento de obra social 25.7 29.6 32.8 33.0 25.2 29.3
Establecimiento o consulta privada 29.7 44.2 35.4 42.3 65.8 42.6
Otros 2.6 1.6 2.9 4.6 1.6 2.6
Fuente: M. Cristina V. de Flood, Educación y salud: resultados de m ediciones sobre acceso y cobertu ra, 
serie G astos públicos. D ocum ento de trabajo, NP 4, Buenos Aires, Secretaría de Program ación Económica 
(sen), 1994.
Del cuadro surge que el hospital público atiende solo una de cada 
cuatro consultas en promedio, apreciación que con firm a  las consideracio­
nes realizadas en el tema del gasto. Pero ese promedio varía cuando se 
lo observa en los distintos estratos. Efectivamente, entre la población del 
primer quintil que concurre a consultas de los hospitales, la proporción 
es prácticamente de uno cada dos, mientras en el quinto quintil la rela­
ción es de siete por cada cien personas. La población ubicada en los 
quintiles intermedios revela su preferencia por ser atendida en el sector 
privado, al que recurre au tofin an cián dose, o  cubierta por la seguridad 
social o los seguros voluntarios.
b) Beneficiarios de las OS
• Inequidad en las prestaciones y coberturas. La inequidad es uno de los 
rasgos del sistema, que se explica porque a igualdad de aportes en 
distintas os, los beneficiarios reciben prestaciones muy diferentes 
tanto en calidad como en cobertura, sin tener posibilidad de cam­
biarse de institución. La deficiencia en la calidad de las prestaciones 
médicas no es homogénea para toda la población, sino que coincide 
con las os que tienen m en ores ingresos o  q u e  adm inistran  p eo r  los  
recursos.
I A. REFORMA At. ITNANCIAMIENTO DE EA SA t.U O  EN ARGENTINA 1 3 3
Inequidad regional. Los afiliados de O S  comprendidas en el régimen 
de la A N S S A i, que en igualdad salarial realizan los mismos aportes, 
perciben prestaciones que dependen de la oferta local existente, y 
por lo tanto difieren enormemente según se trate de ciudades im­
portantes o del interior del país. En el caso de las os provinciales 
los aportes y coberturas se diferencian por jurisdicción.
Subsidios cruzados. Las os perciben subsidios del sistema fiscal por­
que sus beneficiarios que realizan sus aportes obligatorios son aten­
didos gratuitamente en los hospitales públicos. A su vez, se bene­
fician con las prestaciones de las os quienes pueden hacerse cargo 
de los copagos y otras diferencias exigidas. Por otra parte, los be­
neficiarios de mayores ingresos disconformes con las prestaciones 
de las os, recurren a los seguros voluntarios, no utilizando los de 
las os y subsidiando a estas con sus aportes.
Inequidad en la cobertura por grupos de edad 1/ condición de actividad. La 
distribución de los afiliados al sistema de seguridad social por 
quintiles de ingresos es bastante pareja, correspondiendo al prime­
ro, segundo y tercero, el 20%, 22% y 22%, respectivamente, y al 
cuarto y quinto, el 20% y 17%, pero de ello no puede inferirse su 
porcentaje de utilización ni la calidad recibida. Cuando se analiza 
la afiliación por edad v la condición de actividad, se observan fuer­
tes diferencias. El valor mínimo de cobertura se presenta en el gru­
po de personas entre los 20 y los 29 años (52.0%), y el valor máximo 
(87.5%) en el grupo de 65 y más años de edad, según registro del 
IN SSJP . De acuerdo a la condición de actividad, el porcentaje de 
población sin cobertura de seguros varía del 36.3% de la población 
general al 60% entre las personas desocupadas. El porcentaje de 
personas aseguradas también difiere entre los trabajadores del sec­
tor privado, ya que en este el porcentaje sin cobertura, pese a la 
obligatoriedad, es del 29.9%, cifra que llega al 48.8% entre los que 
trabajan en establecimientos pequeños, de hasta 5 empleados (Flood 
et al., 1994b).
1 3 4  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
IV. ANÁLISIS POR SUBSECTORES
A . G a s t o  y f in a n c ia m ie n t o  d e l  g o b ie r n o  n a c io n a l
Dentro de la salud pública, los gobiernos de las jurisdicciones desempe­
ñan papeles diferentes, los que se modifican con el transcurso del tiempo 
y como resultado de centralizaciones, descentralizaciones, y nuevas 
modalidades de funcionamiento. En efecto, en el gobierno nacional, el 
Ministerio de Salud y Acción Social (M S A S ) es el organismo rector y tiene 
a su cargo la función normativa y la regulación, prevención y promoción 
de las acciones que se llevan a cabo en todo el país. Para ello destinó en 
el año 1995, junto con los hospitales-escuela dependientes de las univer­
sidades nacionales, 504 millones de pesos. Sumando los gastos hechos 
por otras dependencias públicas (en el control del narcotráfico, de ali­
mentos, y otros) más el monto de las prestaciones de salud para sus 
miembros que realizan las Fuerzas Armadas, la Policía y Gendarmería, 
se llega a los 694 millones de pesos (cuadro 2, sección 4).
El M SA S cumple una de sus funciones principales a través de la 
Administración Nacional del Seguro de Salud ( a n s s a l )  mediante la cual 
interactúa con las os. También ejecuta los programas de inmunizaciones 
del sida, de control de alimentos y medicamentos (anexo, cuadros 9, 10 
y 11), y financia otros que se llevan a cabo en las provincias como el de 
maternidad e infancia, para el que transfiere fondos destinados para 
gastos corrientes o de capital. La atención primaria de la salud es pro­
movida por el gobierno nacional a través de los programas de entrega 
de leche y de vacunaciones, pero se lleva a la práctica con recursos físicos 
y financieros provinciales, y por lo tanto es bastante precaria.
Los seguimientos y evaluaciones de los programas son débiles o 
prácticamente inexistentes, ya que las auditorías contables se concentran 
en la aplicación de los fondos, pero no en la ejecución ni en el impacto 
de los programas. El proceso presupuestario nacional vigente considera 
la efectuación de las transferencias a las provincias como la última etapa 
de información existente, por lo que no hay control desde la Secretaría 
de Hacienda sobre su destino final. Estas transferencias se demoran en 
las provincias en ser aplicadas a los programas, y muchas veces son 
desviadas para cubrir el déficit fiscal. Actualmente, se está incorporando
I A RLKORMA Al ri\A \C lA M IF\’TO Uh I.A SALUD EN ARGENTINA 1 3 5
el sistema de cuentas separadas por programa, para evitar estos pro­
blemas, pero estas no están implementadas en la mayoría de las provin­
cias, y aun si lo estuvieran, con ellas no se garantiza su ejecución.
El M SA S tenía a su cargo cuatro hospitales, pero con el proyecto de 
presupuesto de 1997 se propone descentralizar el Hospital Alejandro 
Posadas, la Colonia Nacional D. Manuel Montes de Oca y el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica del Sur, con lo que solo quedaría en el ámbito 
nacional el Hospital Dr. baldomero Sommer que asiste y controla a los 
enfermos de lepra. Los demás ya habían sido transferidos a las provin­
cias y a la Municipalidad de Buenos Aires, entre 1978 y 1992.
El financiamiento de los programas de salud que ejecuta el gobierno 
nacional proviene del tesoro nacional, de créditos del exterior, y de dona­
ciones. En los últimos años se recibieron créditos de los organismos mul­
tilaterales, destinados específicamente a proyectos que luego son segui­
dos y monitoreados por ellos.
Los montos de los créditos otorgados a la fecha alcanzan a los 621 
millones de dólares, y se encuentran otros en trámite. El Banco Intera- 
mericano de Desarrollo ( m u )  y  el Banco Mundial ( b m )  prestan un apoyo 
financiero importante al desarrollo de programas del sector a través del 
gobierno nacional. En el Ministerio de Salud y Acción Social se están 
desarrollando el programa de maternidad e infancia ( p r o m i n ) ,  con un 
crédito del BM  en la primera etapa de 100 millones de dólares; el progra­
ma de infraestructura hospitalaria, del BID, con un préstamo de 45 millo­
nes de dólares (registra atrasos importantes), y el reciente proyecto de 
reforma del sector salud (P R E S S A I.)  para la transformación de los hospi­
tales en establecimientos autogestionados, con un crédito del BM  de 
101.4 millones de dólares, que se ejecutará en hospitales de la Capital 
Federal, provincia de Buenos Aires y Mendoza. Cabe destacar que el 
i’ R O M iN  es un proyecto destinado a la población con carencias, y sus 
objetivos son reducir la morbimortalidad materno-infantil, disminuir la 
desnutrición, y mejorar el diseño, aplicación y coordinación de los pro­
gramas y servicios de salud, nutrición, educación y desarrollo infantil; 
tiene, además, la importante particularidad de desarrollar programas en 
varios sectores.
El b m ,  a través del proyecto de reforma del Estado en las provincias, 
del Ministerio del Interior, también realiza obras de infraestructura sa­
nitaria en ellas. Pero el proyecto más importante es el recientemente 
iniciado sobre la reforma de las os y el programa de atención médica
1 3 6  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
integral ( p a m i), con un crédito de 375 millones de dólares, y que tiene 
como propósito reestructurar el sistema, garantizar la libre elección y la 
competencia entre las instituciones. Todos estos proyectos se desarrollan 
en las provincias mediante convenios celebrados entre la nación y ellas, 
y se benefician con asistencia técnica, inversiones en construcciones y 
equipamiento, y con la capacitación de sus agentes. La Organización 
Panamericana de la Salud ( o p s ) y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia ( u n i c l f )  también prestan asistencia técnica al país, realizando 
proyectos, estudios, seminarios y cursos de capacitación.
En términos generales, se observa una baja ejecución de estos pro­
yectos, lo que ocasiona pagos de intereses y demoras en el cumplimiento 
de las metas. La ejecución en las provincias implica la negociación con 
las autoridades y e llo  no  siempre es sencillo, so b re  to d o  fren te  a cambios 
de ministros o gobiernos. Por otra parte, debemos señalar las duplicida­
des y a veces hasta criterios opuestos de política, que se producen en los 
proyectos con financiamiento del mismo organismo, que encarecen los 
costos (en unidades administrativas) o diversifican los lincamientos de 
política seguidos.
B. G a s t o  y  f i n a n c ia m ie n t o  d e  l o s  g o b ie r n o s
PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Las provincias son las responsables de la salud de sus habitantes por una 
facultad constitucional no delegada en la nación ni en los gobiernos 
locales. Actúan a través de los ministerios de salud, que en la mayoría 
de los casos tienen estructura centralizada y cuentan con un presupuesto 
específico. Cabe destacar que las provincias en su gran mayoría están 
atravesando por agudas crisis fiscales, con fuertes endeudamientos que 
motivan atrasos en los pagos salariales, limitaciones en los insumos, 
transporte, comunicaciones y mantenimiento de los establecimientos. 
Algunas provincias están impulsando reformas de sus administraciones 
tendientes a lograr mayor eficiencia, pero los costos sociales de estas son 
altos y en muchas de ellas se torna complicado el llevarlas a cabo.
El g asto  provincial s e  financia a través de las rentas generales, y con 
transferencias nacionales para la ejecución de programas determinados, 
como ya vimos. A su vez, en algunos casos las provincias realizan trans­
ferencias a los municipios, que son los ejecutores. Sus rentas generales se
LA KKEOKMA Al IINANCIAMIENITO U t LA SALUD EN ARGENTINA 137
nutren de dos fuentes: a) recursos provenientes de la coparticipación 
federal (70%) que la nación recauda como función delegada, y b) recur­
sos propios provinciales (30%).
Las provincias y algunos municipios atienden fundamentalmente 
programas universales (de atención hospitalaria y en salas) y, en segundo 
término, los programas focalizados. Les corresponde la responsabilidad 
de administrar los hospitales públicos y ello explica el fuerte predominio 
de estos en el gasto (75% del gasto total en salud de los gobiernos).
En el presupuesto de salud de las provincias, los gastos hospitala­
rios representan aproximadamente el 85%, el resto corresponde a aten­
ción primaria y programas especiales (Ministerio de Salud y Acción 
Social, 1994). Los hospitales, principales ejecutores de la política sanita­
ria, se financian con los recursos presupuestarios, recaudación de las 
entidades cooperadoras y últimamente, algunos de ellos, con los reinte­
gros de las os, por concepto de atención a sus afiliados. Para que esto 
último ocurra, el hospital debe estar descentralizado y adherido al régi­
men de hospitales autogestionados. Debemos destacar que la recupera­
ción de costos por la venta de servicios a la seguridad social o a personas 
con capacidad de pago, hasta ahora no es de gran significación, dado que 
es difícil superar el concepto de provisión gratuita de los servicios que 
fue sostenido por mucho tiempo. Últimamente, la demanda del subsector 
público se ha visto incrementada por nuevos usuarios (desocupados y 
sus familias, personas que registran caídas en sus ingresos) y por los 
afiliados a las os que no encuentran la atención esperada, lo que incide 
desfavorablemente sobre los presupuestos.
El hospital público es parte esencial del sistema de salud, porque 
brinda asistencia a la población con carencias, subsidia a las os prestando 
servicios a sus beneficiarios sin cobrarles, atiende la demanda de sectores 
sociales con mayor capacidad económica que concurren en caso de ac­
cidentes o atraídos por cierta excelencia del servicio, y ejerce funciones 
de docencia en la formación médica de grado y postgrado. Al mismo 
tiempo, y como resultado de sus múltiples funciones y limitados recur­
sos, el hospital afronta un fuerte deterioro en su estructura e ineficiencia 
en su gestión. Por lo general, está organizado centralizadamente, las 
plantas de personal son rígidas y sin incentivos, carece de sistemas de 
información apropiados para la toma de decisiones, y tiene fuertes déficit 
en infraestructura y equipamiento, junto con una sobredotación de ca­
mas. Ello, sumado a los años de carencia de inversiones, desatención del
1 3 8  ENSAYOS SOBRE El. KINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
mantenimiento, falta de equipamiento e insumos, y las fuertes limitacio­
nes que se observan en los niveles de gestión, colocó a la mayor parte 
de los hospitales en una situación muy vulnerable.
Las relaciones entre la nación y las provincias se articulan formal­
mente a través del Consejo Federal de Salud ( c o f f s a ) ,  con un resultado 
poco eficiente; sobresalen las acciones superpuestas y la doble regula­
ción, por excesivas y a veces contradictorias normas de habilitaciones y 
acreditaciones.
Los municipios realizan acciones con sus propios recursos, pero tam­
bién reciben transferencias de la nación y de sus respectivos gobiernos 
provinciales. Algunos de ellos cumplen un importante papel como son 
los de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba.
A continuación presentamos el cuadro de los gastos de los gobier­
nos en salud:
C uadro 10 
GASTO F.N SALUD PÚBLICA 
(F.n millones de pesos)
Años Nación Provincias Municipios Total
1991 328 1 839 3 77 2 544
1992 263 2 651 501 3 428
1993 284 3 240 631 3 914
1994 634 3 273 691 4 598
1995 594 3 145 762 4 502
Fuente: En base a inform ación proporcionada p or Ja Dirección N acionai de Programación del C asto  So ­
cial ( d n p o s ) ,  Secretaría de Programación Económ ica ( s p e ) .
Nota: Provincias incluye la M unicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Como se dijera antes, los gastos de las provincias son los sobresa­
lientes, y la serie muestra la incorporación de las transferencias de ser­
vicios a las provincias realizada en 1992, y continuada posteriormente. 
Los gastos de la nación decrecen primero por las razones mencionadas, 
pero luego se incrementan por la incorporación de los préstamos inter­
nacionales. La participación de la nación y de los municipios es bastante 
similar, aunque con una evolución mucho más positiva en estos últimos.
LA KLÍOKMA AL 11\ANCIAMILXTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 139
C. G a s t o  y  f im a n c ia m it n t o  df.i . s is t e m a  p e  s e g u r id a d  s o c ia i
Las obras sociales constituyen el seguro de salud de los trabajadores 
dependientes y sus familiares directos. Los rasgos esenciales del sistema 
son el carácter obligatorio de adhesión y la organización por rama de 
actividad. Tal imposición determina la existencia de poblaciones cautivas 
que, sin importar las prestaciones recibidas, la satisfacción con el sistema, 
y su utilización o no deben aportar su cotización. Dichas características 
no posibilitan la competencia en cuanto a eficiencia y calidad. No existen 
incentivos para el mejoramiento de los servicios prestados, ya que los 
ingresos de las O S  son absolutamente independientes de la conformidad 
del beneficiario con la atención médica suministrada.
Las entidades de la seguridad social son las obras sociales pertene­
cientes a la a n s s a i  , el iN S s i r ,  y otras obras sociales nacionales y provin­
ciales, ya mencionadas en esta sección. La a n s s a i  . es una entidad estatal 
de derecho público con personería jurídica y autonomía financiera y ad­
ministrativa, y las obras sociales comprendidas por ella son las que se 
presentan en el cuadro siguiente:
C lm jr o  11
OBRAS SOCIALES INTEGRANTES DE LA ANSSAL
Tipos do obras sociales Número Beneficiarios En porcentaje
Sindicales 203 4 611 492 56
Estatales 6 83 963 1
Por convenio 19 44 496 1
Personal de dirección 23 609 404 7
Administración mixta 13 2 303 163 28
Otras 12 162 146 2
Sin clasificación s /n 433 647 5
Total 276 8 248 311 100
Fuente: Dirección General Im positiva (ik .i), publicado en Banco M undial, Exploring the health im pact of 
econ o m ic g row th , po verty  redu ction  and pu b lic  health  e x p en d itu re . Macroeconomics, Hcitllh tintl 
Dcirlopnirnl series, \« 18, G inebra, IWh.
Existe una fuerte concentración de poblaciones, ya que mientras las 
15 de mayor tamaño — entre las que se encuentran las de administración 
mixta—  concentran más del 60% de la población afiliada, las 15 menores 
prácticamente no llegan a tener participación. Este fuerte desequilibrio 
determina que muchas OS muy pequeñas posean altos costos fijos, lo que 
limita la realización de prestaciones mínimas y hace que sus afiliados se 
encuentran en situación inequitativa respecto a otros.
Por último, existen otras obras sociales nacionales que no entran 
dentro de la a n s s a l , y  que son las que cubren al personal del poder 
judicial, del congreso de la nación, de las fuerzas armadas y de seguri­
dad, y de las universidades nacionales.
Ï. Gasto de las obras sociales
Se presentan a continuación los gastos de las obras sociales, que incluyen 
las os del sistema nacional, el p a m i  y  las provinciales. Dentro del ámbito 
provincial, el personal de la administración pública está afiliado a la OS 
provincial, mientras que la población ocupada en la actividad privada y 
los jubilados tienen cobertura de las obras sociales de la a n s s a l .
1 4 0  ENSAYOS SOBRE EL EINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
C u a d r o  12 
GASTO DE OBRAS SOCIALES 
(En millones de pesos)
Años PAMI ANSSAL OS provinciales Total
1991 1 116 2 369 792 4 278
1992 1 558 2 635 990 5 183
1993 1 857 2 860 1 148 5 864
1994 2 443 3 047 1 215 6 705
1995 2 574 3  054 1 219 6 847
Fuente: En base a inform ación proporcionada por la D irección Nacional de Programación del G asto So ­
cial (D NI’G S ), Secretaría de Programación Económ ica ( s p c ) .
Nota: Se excluyen gastos d e asistencia social y turism o.
LA KLLORM A Al IINANCIAMILNIO UK LA SAI UD EN ARGENTINA 141
En el cuadro podemos observar como hecho notorio el crecimiento 
en términos nominales del imssjp (vía pam i), que se duplica entre 1991 y 
1994, comportamiento que no sucede con los restantes componentes.
Dichos valores adquieren mayor precisión si los comparamos con la 
población beneficiaria, cuyos resultados se presentan en el cuadro si­
guiente:
C u a d r o  13
GASTOS MENSUALES POR BENEFICIARIO DE OBRAS SOCIALES
(En pesos)
Años lAMI ANSSAL Provincias Promedio
i 99 i 25.4 13.6 13.7 15.5
m 2 35.2 15.1 16.9 18.7
1993 41.(i 19.4 19.6 20.9
1994 54.4 I7.I 20.6 23.8
fu en te : lin b.ise .1 inform ación proporcionada por la D irección N acional d e  Program ación d e l  G asto 
Social ( ll\t •), Secretaría d e  Program ación Económ ica ( s j*f ) .
Cabe señalar que es probable que los fondos disponibles por bene­
ficiario de A N S S A L  sean considerablemente mayores, ya que se conoce que 
el número de beneficiarios es mucho menor al tomado en la estimación 
(cuadro 14).
2. Beneficiarios de las OS
En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de beneficiarios de cada uno 
de los seguros de salud obligatorios. La información de las OS pertene­
cientes a la a n s s a i .  está sobredimensionada, a causa de que con las an­
teriores reglamentaciones, esto les resultaba conveniente para acceder a 
los recursos del fondo solidario de redistribución. Desde que la recauda­
ción de los aportes y contribuciones a las OS nacionales fuera unificada 
en la Dirección General Impositiva (ugi), se cuenta con una nueva fuente 
de información, real, que muestra un número considerablemente menor
1 4 2  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
de beneficiarios, los que presentamos en el cuadro 11, que registra 
8 248 311 afiliados en lugar de los 14 824 000 mostrados aquí. Los datos 
correspondientes al p a m i  y  a las O S  provinciales pueden considerarse 
confiables. Los valores de la D O  están más próximos a los datos censales, 
los que fueron presentados en el cuadro 7.
C u a d r o  1 4  
BENEFICIARIOS DE OBRAS SOCIALES 
(En miles)
Años PAMI ANSSAL (*) Provincias Promedio
1991 3 660 14 460 4 831 22 951
1992 3 688 14 581 4 860 23 129
199.1 3 716 14 702 4 889 23 307
1994 3 744 14 824 4 918 23 486
Fuente: En base a inform ación proporcionada por la Dirección Nacional d e Program ación del G asto So­
cial ( d m t .s ) ,  Secretaría de Programación Económica (si*r).
(*) Los datos pertenecen al régim en de la a n s s a l  y al de otras os nacionales, y difieren de los de la ix;i.
3. Financiamiento de las obras sociales
El financiamiento de las OS proviene de: a) las cuotas de aportes y  con­
tribuciones de los trabajadores activos y  pasivos, b) los aportes extraor­
dinarios, c) las cuotas de afiliados voluntarios, d )lo s coseguros, bonos 
moderadores de consumo, e) otros ingresos, y  f) ingresos provenientes 
del fondo solidario de distribución. Dicho fondo fue diseñado como 
mecanismo compensador de la capacidad financiera de las distintas OS, 
tendiente a canalizar los recursos de las superavitarias a las deficitarias.
Los montos recaudados son utilizados por las os nacionales, el p a m i  
y las obras sociales provinciales (terceros pagadores) en la contratación 
centralizada (casos limitados) o descentralizada de servicios médico- 
asistenciales. Tal como ocurre con la a n s s a l . (fondo de redistribución), los 
fondos disponibles del PA M I figuran en la ley de presupuesto, y los 
valores aprobados se utilizan en la contratación de servicios. Los recursos 
de las os dependen, entonces, de las fuentes de financiamiento y su
I-A KEFOKMA \! HINANCIAMIF.NTO DE I .A SAI UD EN ARGENTINA 1 4 3
recaudación efectiva, del tipo de proveedor o institución responsable de 
la ejecución del gasto, de las modalidades de contratación de los servi­
cios, y de las características de la población atendida.
F.l seguro obligatorio de salud fue financiado desde sus orígenes 
(ley 18.610, 1970) en forma bipartita, a partir de los aportes de los tra­
bajadores y de las contribuciones de los empleadores.
C uadro 15
FINANCIAMIENTO DF. OBRAS SOCIALES, ANSSAL Y PAMI 
(Como porcentaje sobre remuneraciones y aguinaldo)
Año 1996
OS PAMI Total
Trabajadores 3.0 3.0 6.0
Empleadores 5.0 1.4 - 0.4 6.4 - 5.4
Pasivos - 4.5 4.5
Total 8.0 8.9 - 7.9 16.9 - 15.9
Fuente: En baso a inform ación proporcionada por la D irección N acional de Program ación del C asto  So ­
cial (rNir,s), Secretaría de Programación Económ ica (sen).
Las cargas sobre las remuneraciones con destino a las O S  y al p a m i  
son sumamente altas, a pesar de que en 1993 se iniciara un proceso de 
disminución de los aportes patronales con muchos avances y retrocesos. 
Resulta notorio el fuerte aporte que realizan los trabajadores a la obra 
social de los pasivos ( p a m i ) ,  el que sumado al de su propia O S  les repre­
senta un 6% de sus remuneraciones.
1 4 4  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
C u a d r o  16
EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA 
(Como porcentaje sobre remuneraciones y aguinaldos)
Vigencia Lev/Decreta Nc Aportas trabajador Contribuciones Total
1970 18.610 1.0 2.0 3.0
1971 18.980 1.0 2.0 3.0
1975 21.092 1.0 2.5 3.5
1975 21.216 2.0 4.5 6.5
1977 21.640 3.0 4.5 7.5
1980 22.269 3.0 4.5 7.5
1989 23.660 3.0 6.0 9.0
1993 2.609 3.0 1.2 - 6.0 (*) 4.2 - 9.0
1995 372 3.0 3.0 - 6.0 r  ) 6.0 - 9.0
1995 292 a) 3.0 2.4 - 5.4 (**♦) 5.4 - 8.4
1995 292 b) 3.0 1.8 - 4.8 4.8 - 7.8
1995 292 c) 3.0 1.2 - 4.2 4.2 - 7.2
1995 492 3.0 5.0 (****) 8.0
Fuente: En base a inform ación proporcionada por !a Dirección N acional de Program ación del G asto So ­
cial ( i )n i*c s ) ,  Secretaría de Programación Económ ica ( s p e ) .
(4) La dism inución de aportes patronales rige para las jurisdicciones que fírmen el pacto federal, en
\os sectores de: prx1ucc«ón prim aria, industria, construcción y ciencia y técnica. El descuento es 
m ayor cuanto más lejos esté el departam ento de In Capital Federal y más alto  sea el porcentaje de 
población con NBI. La reducción varía entre el 30*» (Capital Federal) y 80%  (Form osa, Chaco y 
parte de Santiago del Estero) (anexo, mapa 1).
(*“) La dism inución está sujeta al cum plim iento de la m odificación del im puesto a los ingresos brutos 
(Pacto federal, punto J )  y se extiende a la totalidad de las actividades, salvo el sector público. Las 
reducciones oscilan entre 0  y 50%.
(***) Este decreto no tuvo vigencia en los aportes para las OS. El cronogram a de reducciones era: 
a) septiem bre-octubre 19 9 5 :10% -50% ; b) noviem bre-diciem bre 1995: 20% -65% , y a partir de enero 
de 1996: 30% -75%  (anexo, cuadro 12).
(4* 44) Reem plazó al decreto 292.
La reducción de las contribuciones patronales sufrió sucesivas varia­
ciones, finalizando con la unificación en 5% para todas las regiones y 
actividades.
El total de la recaudación de las obras sociales (excluyendo el in s s jp ) 
muestra una tendencia decreciente, al mismo tiempo que puede obser­
varse un incremento del valor porcentual de los aportes y contribuciones 
sobre los salarios. Por lo tanto, las OS han ideado distintas formas de 
aumentar la recaudación, como por ejemplo a través de cuotas adiciona­
les, venta de chequeras, limitación de prestaciones, y otras.
LA REFORMA Al M \ ANDAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 145
Se registran endeudamientos importantes en las O S  de la A N SSA L , 
que según información del Banco Mundial oscilan en los 400 millones de 
pesos anuales. El iN S S ir  también acusa deudas y suspensión de prestacio­
nes, y las OS provinciales suelen recurrir al Estado para corregir sus 
desequilibrios financieros, o los ajustan vía deterioro o corte de las pres­
taciones.
4. Fondo solidario de redistribución
Una de las principales funciones de la a n s s a l  se relaciona con el fondo 
solidario de redistribución, y consiste en distribuir al menos un 70% de 
sus recursos entre las instituciones de la seguridad social de menores 
ingresos promedio por beneficiario, buscando equiparar los niveles de 
cobertura obligatoria. Dado que en la realidad el fondo no cumplió con 
su cometido legal, se automatizó su distribución con el decreto 492 del 
año 1995, que estableció que todos los beneficiarios titulares del sistema 
tendrán garantizada la cotización mínima mensual de 40 pesos, y que 
cuando los aportes y contribuciones fueran menores, el fondo deberá 
cubrir la diferencia de manera automática a través del Banco de la Nación 
Argentina, en base a la información de la D G I.
Los ingresos de la a n s s a l  (fondo solidario de redistribución), fijados 
por la ley están constituidos por:
• 10% de la recaudación de las obras sociales (sindicales, institutos y
de convenio);
• 15% de la recaudación de las obras sociales del personal de direc­
ción (fuera de convenio) y
• 50% de los recursos de otra naturaleza que perciben las O S  (ejemplo:
ingresos sobre depósitos bancarios, venta de seguros, etc.).
La mayor parte estos ingresos proviene de la recaudación de las 
O S ; los recursos de otra naturaleza representan aproximadamente un 
cuarto del total. Los aportes extraordinarios han sido un tema contro­
vertido, a tal punto que al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
(issb) le fueron suprimidos por el decreto 263 de 1996, que además 
declaró su disolución como instituto mixto y su reconversión en O S 
sindical, para facilitar la reforma (igual que los restantes institutos
146 ENSAYOS SOBRE El. Kl.NANO AMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
mixtos). Días después, con el cambio de ministro de economía, se le res­
tableció el aporte extraordinario ahora del 1%, en lugar del 2% que había 
tenido históricamente (decreto 915, de 1996). Este es otro ejemplo de lo 
complejo que es el sistema, y de su sensibilidad a los cambios políticos.
5. Financiamiento del INSS¡P
El INSSJP a través del programa de atención médica integral ( p a m i)  brinda 
cobertura a la población jubilada, pensionada, y a sus familiares (aproxi­
madamente 4 millones de personas) y, hasta 1995, a los beneficiarios de 
las pensiones no contributivas. Constituye un organismo de administra­
ción mixta y su directorio está integrado por representantes del Estado, 
del sector pasivo, y  de la Confederación General de Trabajo ( c g t ) .
Las últimas reglamentaciones específicas han establecido las si­
guientes fuentes de ingresos: a) 3% del total de los aportes y  contribu­
ciones de los trabajadores activos; b) 0.4%-1.4% del aporte de sus 
empleadores, y  c) el 3% de la jubilación mínima (150 pesos) más un 6% 
del monto que exceda dicha jubilación mínima. El órgano recaudador de 
los ingresos provenientes de los trabajadores activos es la DGí, y  la ad­
ministración de los fondos corresponde a la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (a n s e s )  del Ministerio de Trabajo y  Seguridad Social. 
El 73% del total de los ingresos registrados en 1994 correspondió a los 
aportes de los trabajadores activos.
6. Obras sociales provinciales
Estas OS, que cuentan con aproximadamente 5 millones de beneficiarios, 
cubren a las familias y a los trabajadores de las administraciones públicas 
provinciales, sus organismos descentralizados y, en algunos casos, a los 
municipios. La designación de sus autoridades y la conducción son res­
ponsabilidad de cada gobierno provincial, y en la práctica se convierten 
en extensiones de la política de su respectivo ministerio de salud.
Ixs ingresos de estas os provienen de los aportes y las contribucio­
nes sobre las remuneraciones (incluidas bonificaciones, en 15 obras so­
ciales; sobre sueldos básicos, en 6, y 2 sin información) de los empleados 
dependientes de los gobiernos provinciales. Los porcentajes de aportes
LA RKFOKMA Al FINANCIAMIFNTO DE LA SALUD FN ARGENTINA 147
y contribuciones oscilan entre el 7% y el 12.5% sobre el salario. La 
mayoría de ellas (15) percibe un aporte global por el núcleo familiar 
directo, en otras (5) se agrega un porcentaje para la incorporación del 
grupo familiar, y por último existen tres en las que se incrementa el 
aporte por cada miembro.
C u a d r o  17
EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y CONTRIBUCIONES AL 1NSSJP 
(Como porcentaje sobre remuneraciones y aguinaldo)
Período de vigencia Activos
Patronal Personal
Pasivos
Ley 19032/71 - 1.0 2.0
12 /75  - 2 /7 6 - 1.0 4.5
3 /7 6  - 5 /7 7 1.0 4.5
6 /7 7  - 9 /8 0 - 1.0 4.5
10/80  - 4 /8 4 - 1.0 4.5
5 /8 4  - 9 /8 4 1.0 4.5
10 /84  - 10 /85 - 1.0 4.5
11/85 - 12 /86 - 1.0 4.5
1 /87  - 6 /8 8 - 1.0 4.5
7 /8 8  - 1 /8 0 2.0 3.0 4.5
2 /8 9  - 8 /9 0 2.0 3.0 4.5
9 /9 0  - 12 /92 2.0 3.0 4.5
1 /9 2  - 11/9 3 2.0 3.0 4.5
11 /93  ■ 2 /9 5 2.0 - 0.4 (*) 3.0 4.5
3 /9 5  - 7 /9 5 2.0 - 1.0(**) 3.0 4.5
8 /9 5 1.8 - 0.8 a) (***) 
Lo - 0.6 b)
1.4 0.4 c)
3.0 4.5
Fuente: En baso a inform ación proporcionada por la Dirección N acional de Program ación del G asto So­
cial (iiM tó), Secretaría de Programación Económ ica (si»f).
(*) Decreto 2690, año 1993: I a dism inución d e aportes patronales rige para las jurisdicciones que fir­
men el pacto federal, en lo sectores do producción prim aria, industria, construcción y ciencia y 
técnica. El descuento es mawr cuanto m ás lejos esté el departam ento de la Capital Federal y m ás 
alto  sea su porcentaje de población con nbi. La reducción varía entre el 30.» (Capital Federal) y 8 0  . 
(Form osa, Chaco y parte de Santiago del Estero).
{**) Decreto 372, año 1995: Am plia la dism inución a todas las actividades, salvo a las gubernam entales, 
pero reduce su porcentaje, que \ aria entre 0o.» (Capital Federal) y 5()IJo (Form osa) sobre los aportes. 
{***) D ecreto 2^2, año W 5 ‘. Establece un cronogram a cíe descuentos: a) a partir de septiem bre- octubre: 
l0%-50«» sobre los a p o r t e s  b )a  partir de noviembre-diciem bre: 20% -60H«, v c) desde enero 1996: 
30°..*7?o.
1 4 8  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DF. LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
7. Modalidades de contratación del sistema de seguridad social
Las prestaciones que realizan las os, como se dijera anteriormente, se 
realizan a través de proveedores privados, siendo prácticamente solo el 
INSSJP el que incluye los hospitales públicos. Hay opiniones que cuando 
el proveedor estatal intenta vender sus servicios encuentra objeciones de 
los sectores privados, ya que — se señala—  se está cobrando por la ine­
ficiência.
Las OS contratan servicios asistenciales en forma centralizada 
o descentralizada. Se considera que es una contratación descentralizada, 
cuando se celebra un convenio entre ¡as entidades intermedias con o sin 
fines de lucro —asociaciones de médicos, clínicas o asociaciones o uniones 
transitorias de empresas— y las OS. Dichos convenios contienen un con­
junto de prestaciones incluidas dentro del precio pactado. La contratación 
centralizada se produce cuando se realizan convenios para la asistencia 
médica por un precio determinado, con proveedores propios, es decir con 
los productores de servicios de atención médico-asistencial ambulatoria y 
de internación, para la atención de afecciones crónicas y agudas.
Las contrataciones mencionadas pueden responder a las siguientes 
modalidades:
• Por capitación: Pago uniforme, periódico (mensual), por atención 
integral (con exclusiones explícitas) según contratos renovables. La 
modalidad incentiva la selección de pacientes según costo de trata­
miento y puede no ser efectiva para garantizar la calidad; además, 
tiende a la subprestación por parte de los proveedores. Esta moda­
lidad la utiliza actualmente el INSSJP, y es considerada atractiva por 
las OS, por su cobertura: pagos globales, módulos asistenciales, ho­
norarios más gastos. Los sistemas de control más frecuentes son las 
autorizaciones prev ias y  las órdenes de prestación. Esta modalidad 
incentiva el sobreconsumo y los tratamientos prolongados, y au­
menta los costos.
• Mixta: Por capitación más pago por servicios diferenciados según 
las prestaciones (de alta complejidad, tratamientos de patologías 
crónicas, etc.)
LA REFORMA Al HNANCIAMIFNTO DF LA SALUD EN ARGENTINA 1 4 9
Por arancel globalizado: Se vincula al diagnóstico y pago por caso 
utilizando como base grupos de afinidad diagnóstica. El prestador 
del servicio comparte los riesgos de su actividad, pero se registran 
dificultades técnicas para establecer los mixtos de casos, y su remu­
neración. En la práctica, el monto del arancel no se ha establecido 
con rigor técnico.
D. M e r c a d o  P r iv a d o
El mercado privado es el que registra mayores cambios en los últimos 25 
años, incentivado primero por el auge de las OS y más recientemente por 
la aparición de los seguros voluntarios.
Los gastos en este tipo de seguros muestran un constante crecimien­
to debido a que las familias — frente a la incertidumbre y a los cada vez 
más altos costos de los servicios médicos—- los contratan cada vez más. 
La población asegurada voluntariamente (nás la población obligada a 
afiliarse a las OS, constituyen la mayor parte de la demanda del mercado 
privado de salud (anexo, cuadro 17).
Por lo tanto, el mercado privado de sa ud se encuentra fuertemente 
vinculado a las OS y  a los seguros voluntarios, y  podemos afirmar que 
son pocos los profesionales — y desde luego ningún establecimiento—  
que se encuentran fuera de estos sistemas.
Los seguros voluntarios se pueden clasificar entre los que tienen 
fines de lucro — medicina prepaga— y los que no los tienen; estos últi­
mos, están conformados por los hospitales de las comunidades (Hospital 
Francés, Alemán, Británico, Israelita, y otros), que ofrecen planes de 
salud.
La medicina prepaga funciona totalmente desregulada, y  no hay 
organismo público que salvaguarde a los usuarios/consumidores (Díaz 
Muñoz y otros, 1994). La Secretaría de Comercio, teóricamente, ejercería 
estas funciones, pero en la práctica solo establece algunas normas sobre 
las características de los convenios.
La información sobre este mercado de los seguros voluntarios está 
muy fragmentada y es poco transparente. La regulación debería orien­
tarse al control de calidad de las prestaciones, a las acreditaciones, a los 
capitales mínimos, reservas, antecedentes de accionistas y capacidad de 
gestión, entre otros.
1 5 0  ENSAYOS SOBKE EL FINANCIAMIENTO DF. LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Según nuestra estimación, las empresas de salud p rep ag a  son  alre­
dedor de 270, poseen aproximadamente 2 mil programas, cubren una 
población calulada en 3.5 millones de personas, y tienen ingresos por 
2 520 millones de pesos. Ello eq u iv a le  a un gasto  indiv idual m ensual d e  
60 pesos, superior al del sistema de seguridad social, al que habría que 
agregar las cuotas por servicios de emergencia.
Estas entidades presentan, en líneas generales, las siguientes carac­
terísticas:
• el modelo de com pra e s  el de p a g o  p o r  prestación, y comúnmente 
contratan, prestadores privados, siendo muy pocas las empresas que 
tienen servicios propios. Por lo tanto, estas empresas son interme­
diarias entre los asegurados y los prestadores;
• presentan severas restricciones al ingreso, al no admitir a benefi­
ciarios con enfermedades preexistentes;
• se reservan la atribución de alterar, suspender o reemplazar planes, 
y hasta de rescindir contratos;
• establecen tiempos de espera (carencia) que varían entre 3 y 18 
meses;
• no cubren los siguientes casos: a) toxicomanías e intoxicaciones 
autoprovocadas, b) tratamiento de lesiones provocadas voluntaria­
mente por el afiliado, c) accidentes del trabajo y enfermedades pro­
fesionales y sus secuelas, d) lesiones derivadas de prácticas de de­
portes de alto riesgo, e) requerimiento de material radioactivo y 
materiales descartables especiales (marcapasos, válvulas cardíacas), 
f) afecciones derivadas de sismos, inundaciones y desastres en ge­
neral, y g) internación en centros geriátricos y neurosiquiátricos;
• las cuotas varían con la edad (18, 36, 70 y 75 años): a mayor edad, 
mayor cuota, sin tener en cuenta el tiempo de afiliación ni los 
aportes acumulados.
Un proceso interesante de resaltar es la concentración que se esta 
operando entre las empresas de medicina prepaga, vinculado segura­
mente con la reforma de las O S . Entre ellas, a m s a  es la que tiene más 
afiliados, pero por facturación el liderazgo se encuentra en The Exxel 
Group, que controla a las compañías Galeno Life S.A., Vesalio y tim (160 
mil afiliados, e ingresos por 180 millones de dólares), además de las 
clínicas Del Sol, Trinidad y Jockey (con ingresos por otros 60 millones de
LA REFORMA M 1(NANG AMIENTO DE I.A SALUD EM ARGENTINA
dólares). En cuanto a la calidad, se ubican en los primeros lugares: 
Medicus (160 mil afiliados, y las clínicas Otamendi y Las Lomas), el 
Swiss Group con 83 mil asociados, la Maternidad Suizo-Argentina, y las 
empresas ClM, Magna y Salud Docthos, del grupo Roberts, atiende a 100 
mil personas, OMINT 80 mil, Diagnos 48 mil y Qualitas, asociada con la 
estadounidense Principal y con un objetivo de atención muy especial, 
reconoce alrededor de 15 mil beneficiarios.
Las organizaciones — similares—  de planes médicos, se generaron 
a partir de proveedores asistenciales privados, que aprovechando su 
capacidad instalada ofrecen sus servicios m ediante un sistem a de 
propago. Fn el último tiempo, algunas entidades de prestadores se aso­
ciaron y comenzaron a realizar contratos para prestar servicios por un 
monto fijo per cápita. Ello significa compartir riesgos y controlar los 
costos.
En cuanto a la distribución geográfica, tanto las empresas de medi­
cina prepaga como las empresas de planes médicos están ubicadas en la 
Capital Federal y Gran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y otras ciudades 
con población grande.
La Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales 
Privados (c o n e e c i .is a ) agrupa a cerca de 1 500 instituciones, que poseen 
67 mil camas. Estos establecimientos tradicionalmente proveían sus ser­
vicios a las OS bajo la modalidad de pago por prestación, lo que en la 
práctica significó no transferir ni compartir sus mayores costos y riesgos 
con la parte contratante. Para obviar esto, las instituciones generaron 
sobreprestaciones y, buscando rentabilidad, incorporaron anárquicamen­
te tecnología de alta complejidad, aprovechando las facilidades de su 
importación, lo que contribuyó a un sobredimensionamiento y a su uso 
indiscriminado.
Últimamente, estas entidades se están fusionando, realizan contra­
tos por capitación, y se encuentran revisando sus sistemas de costos y 
gestión. La ausencia hasta el pasado reciente de normas legales para la 
categorización de establecimientos, y la falta de mecanismos de acredi­
tación, han producido grandes diferencias en la calidad de la atención 
médica, que en muchos casos no alcanza el nivel mínimo deseado.
Cabe señalar que dentro del sector privado el mercado de medica­
mentos ocupa un lugar sumamente importante, ya que en él se vuelca 
prácticamente un tercio del gasto en salud y la Argentina se encuentra 
entre los principales países consumidores.
1 5 2  ENSAYOS SOBRE El, FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Otro rubro importante de gasto se relaciona con la odontología que 
es una especialidad que aún no ha sido incorporada plenamente a las 
prestaciones aseguradas, de modo que por gran parte de sus servicios se 
realizan pagos directos.
En cuanto al financiam iento, con las cuotas de la m edicina 
prepaga, las familias allegan recursos al mercado asegurador privado, 
en tanto que con los aportes sobre sus salarios y los de sus empleadores 
financian a los proveedores privados que prestan servicios para los 
aseguradores compulsivos (os). También financian: a) Los aranceles, los 
coseguros y bonos de contribución exigidos por las OS y empresas de 
medicina prepaga, b) las compras directas de medicamentos, y c) la 
atención, estudios e internaciones contratados privadamente. Todos 
estos gastos de las familias representan el 44% del gasto total en salud 
(cuadro 2).
Por último, debemos señalar tanto la total carencia de información 
del subsector, como la falta de regulación de su funcionamiento, ambos 
aspectos relevantes que deben tenerse en cuenta para cualquier reforma 
del sistema integral de salud.
V. TENDENCIAS ACTUALES DE LA REFORMA
En la Argentina, los cambios en el sector salud se van realizando mucho 
más lenta y dificultosamente que los llevados cabo por la reforma del 
sistema previsional. En efecto, ambos tuvieron un comienzo simultáneo, 
pero mientras la reforma se halla en pleno funcionamiento desde hace 
dos años los cambios en salud se encuentran aún incompletos. Esta si­
tuación se vincula con los muchos e importantes intereses políticos, sin­
dicales y empresariales que están en juego, y con las presiones ejercidas 
por estos grupos. Por lo tanto, el tratamiento del tema se sitúa en un 
ambiente político-institucional altamente sensible y conflictivo, que ha 
llegado a levantar fuertes oposiciones y hasta huelgas generales. Por el 
contrario, en el plano académico y en los ámbitos vinculados al sector de 
la reforma el debate existente es insignificante, y ni siquiera existe una 
formulación escrita que constituya la base para tal discusión. Tampoco 
han tenido repercusión ni motivado la realización de debates los nuevos 
lineamientos para la provisión pública de salud en los hospitales, de 
acuerdo a lo reglamentado a partir de 1992.
I-A KKhOKMA \l 11\ANCIAMIUNTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 153
Es importante destacar que no se plantea una reforma para el sis­
tema de salud en su conjunto, sino que cuando se habla de ella, el tema 
se refiere exclusivamente a la reconversión de las os sindicales. La trans­
formación del subsector público fiscal se realiza por vía separada, y 
aunque se contempla su futura inclusión como proveedor de los afiliados 
de las O S , no se trata de integrarlo en un sistema. Las reformas públicas 
comenzaron en las mismas fechas que en las O S , e igualmente tampoco 
se han implementado en todos sus alcances. Podemos prever que el sis­
tema público va a orientarse hacia el subsidio de la demanda, pero para 
ello deberán primero cumplirse otras etapas.
Dadas las características que se están dando en el sector, aparece 
claro que los objetivos no son mejorar el sistema de salud sino que se 
centran en solucionar problemas financieros.
Entre los antecedentes de la reconversión de las O S  en los últimos 
años, debemos señalar que en 1992 se diseñó una primera propuesta de 
ley de O S  que proponía la libre elección, la que a pesar de contener 
principios de solidaridad al unificar los aportes y establecer una capita­
ción para todos los afiliados, fue fuertemente atacada y subestimada 
antes de ser discutida siquiera en el congreso de la nación. La misma 
proponía homogeneizar los ingresos de cada ente proveedor a partir de 
la cuota parte de asistencia médica ( c u p a m ) ,  que se calculaba como el 
cociente entre el total de la recaudación originada por los aportes y con­
tribuciones y el total de beneficiarios del sistema. Cada ente (os) tendría 
el derecho a percibir tantas C U P A M  como beneficiarios tuviera, obligándo­
se a cumplir con un plan médico. Posteriormente, y ante la imposibilidad 
de sancionar la ley, en 1993 se promulgó un decreto por el que se esta­
blecía la libertad de elección, pero esta jamás se puso en práctica.
F.n 1995 comenzó, con mayor continuidad y eficacia, la promul­
gación de una serie de decretos y medidas que fueron modificando 
paulatinamente y preparando el proceso para alcanzar la reconversión 
de las os y del IN SSJP . Actualmente, dicha reconversión está incluida entre 
las condiciones firmadas (1996) entre el gobierno argentino y el Fondo 
Monetario Internacional (i M i) ,  y el Banco Mundial ha otorgado présta­
mos importantes para su implementación, lo que hace suponer que la 
reforma tiene más posibilidades de realizarse.
La libertad de elección fue reglamentada (1996) por decreto, junto 
con la flexibilización laboral, ya que no hubiera salido por ley debido a 
la oposición sindical en el congreso, y se ha fijado un cronograma para
1 5 4  ENSAYOS SOBRE Kl. FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAI.UD
su vigencia. Se prevé que finalizada la reconversión de las OS sindicales 
(no incluye las os del personal de dirección), habrá libertad para afiliarse 
en las entidades de seguros médicos, eligiéndose en un comienzo entre 
las existentes. En una segunda etapa (1998), podrían afiliarse a cualquie­
ra de las compañías de seguros médicos, las que tendrían libre acceso al 
sector. En este punto, las empresas de medicina prepaga, las compañías 
de seguros y cualquier otra entidad que se ajuste a los requerimientos de 
la ley, entrarían a competir. De esta forma, los trabajadores podrían optar 
por un servicio de cobertura médica sin estar condicionados por el sin­
dicato correspondiente según el convenio que regula la actividad en que 
se desempeñan.
Actualmente existe un consenso bastante generalizado sobre lo 
beneficioso que resultaría la libertad de elección de los beneficiarios. Por 
el lado del gremialismo, la desconfianza se centra en la manera de 
implementar la libre elección ya que aspiran a retener a la población 
afiliada en las OS y cuestionan su libre acceso a la medicina prepaga. Las 
empresas de este sector se encuentran preparándose y han denunciado 
la competencia desleal de las OS de personal de dirección — que cubren 
a 600 mil beneficiarios—  las que contando con estructura y servicios 
similares, tienen prerrogativas fiscales. El ingreso de estas empresas a la 
competencia está previsto para 1998, según el acuerdo con el FMI.
A continuación, presentamos los pasos que se están dando para 
modificar aspectos importantes del mercado de la salud en la Argentina.
A . S a l u d  p ú b l ic a
• En el presupuesto de 1992 se transfirieron los hospitales desde la 
órbita nacional a las provincias y municipios de la Ciudad de Bue­
nos Aires, conjuntamente con otras descentralizaciones en educa­
ción (educación secundaria) y en los programas nutricionales (co­
medores escolares e infantiles).
• Se enmarcó la política de salud en el contexto general del progra­
ma de gobierno y se estableció que el gobierno nacional cumpliría 
una función rectora dentro del sistema de salud, fortaleciendo el 
proceso de federalización y descentralización y coordinando con 
las provincias la programación, fiscalización y control de las accio­
nes sanitarias.
I.A REFORMA Al IIXAMC.TAMIENTO DE LA SALUD F.N ARGENTINA 155
• En el mismo año se dictaron las normas para la transformación de 
los hospitales públicos en hospitales, autogestionados, con miras a 
mejorar su financiamiento y gestión. Se estableció la obligación de 
pago por los servicios brindados a los afiliados de os, de mutuales, 
empresas de medicina prepaga, seguros y personas con capacidad 
de pago, cuya recaudación podría ser administrada directamente 
por los establecimientos hospitalarios.
• Se garantizó la atención gratuita a la población con carencias, y se 
trató de evitar los subsidios cruzados. Los hospitales actuarían como 
organismos descentralizados, pudiendo realizar convenios con las 
os, completar servicios con otros establecimientos asistenciales e 
integrar redes.
• Se previo la mantención del financiamiento presupuestario público 
de los hospitales, pero se sugería su paulatino reemplazo por el 
financiamiento de la demanda, dejando abierta la posibilidad de la 
creación de seguros públicos de salud.
Actualmente han solicitado incorporarse al sistema 828 hospitales 
de los 5 740 existentes (sin internación), pero en realidad son contados 
los que están funcionando como tales, y estos coinciden con ser los de 
mayor excelencia de la Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires 
y de Mendoza, y que cuentan con capacidad gerencial.
B. OBRAS SOCIAI I-S
1. Libre elección
• En 1993 se promulgó el decreto 9 por el que se modificaba el sis­
tema de os (excluyendo las de personal de dirección y  al in s s ji’) , que 
no tuvo vigencia y quedó en suspenso. En el mismo se incorporaba 
la libre elección de los afiliados, posibilitando así la com-petencia 
entre las OS para captar población con distintas ofertas y  calidades. 
Como consecuencia, se preveía el movimiento de las OS materiali­
zado en fusiones, desaparición o crecimiento de las enti-dades. En 
cuanto a los tipos de contratación, se proponía la contratación 
directa no regulada por aranceles oficiales, para alentar la compe­
tencia.
ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Se disolvieron todas las OS mixtas (sindicato y Estado) y se convirtie­
ron en sindicales, para ser incorporadas dentro de la libre elección. 
El decreto 292 de 1995, autorizó la libertad de elección de los jubi­
lados ( in s s jp ) en agentes (o s ) inscritos en un registro, y se asignaba 
una capitación de 36 pesos para los afiliados mayores de 60 años, 
19 pesos para los afiliados mayores de 40 y de 12 pesos para los 
menores de dicha edad (el promedio era 30 pesos).
El decreto 1141 de 1996, vuelve a ratificar el derecho a la libre elec­
ción de las os sindicales, que se hará efectivo entre marzo y junio 
de 1997, según sea la situación particular de cada una de ellas.
2. Financiamiento
En menos de dos años se modificaron tres veces las contribuciones 
patronales a las os y  al in s s jp . En diciembre de 1993, por el decreto 
2.609, se disminuyeron los aportes patronales, incluyendo los de las 
os, para determinados sectores de la economía y privilegiando a las 
zonas alejadas de la capital y  a las más pobres. En marzo de 1995, 
como efecto de la crisis, se volvió atrás con la medida anterior, 
expandiendo las actividades pero reduciendo la disminución de las 
contribuciones con un cronograma paulatino de aplicación. Por 
último, seis meses después, se volvieron a modificar estableciéndo­
se para las OS una contribución fija de 5% (cuadros 15 y  16).
Se eliminaron las dobles coberturas, y se estableció que todo afilia­
do/beneficiario deberá aportar a una sola OS, donde se concentrarán 
todos los aportes.
3. Fondo solidario de redistribución (FSR)
La distribución automática del FSR se realiza en base al estableci­
miento de un monto mínimo de aportes y contribuciones. Este se 
fijó en 30 pesos (decreto 292, de 1995) y un mes después se elevó 
a 40 pesos (decreto 492, de 1995) por titular, monto por debajo del 
cual el FSR integrará inmediatamente la diferencia. Dicha integra­
ción es de cuenta de la a n s s a l  y  se efectúa a través del Banco de 
la Nación Argentina.
I A REFORMA Al 11\ ANCIAMIFiMTO OF I A SA1.UD FA ARGENTINA 1 5 7
4. Padrones de titulares y beneficiarios
• Se conformaron los padrones (DCl) de los aportantes — en base a los 
cuales se pudo automatizar la distribución del FSR—  con la cola­
boración en el financiamiento de los organismos multilaterales. Los 
padrones de los beneficiarios están contemplados en el decreto 1141 
de 1996, para constituirlos antes del 30 de marzo de 1997 con la 
realización de un censo de empleadores, información directa de los 
afiliados titulares de la a n s s e s  y  de la ANSSAL.
5. Reformas en el INSSJP
• Se establece la libre elección para los beneficiarios del in s s jp .
Se desconcentraron funciones cubiertas por el p a m i como el subsidio 
a la pobreza (que pasó a la a n s s e s ), los programas de turismo (a la Se­
cretaría de Turismo), las pensiones no contributivas y las prestaciones 
sociales desarrolladas a través de diversos programas asistenciales, que 
se transfirieron a la Secretaría de Desarrollo Social.
6. Programa médico obligatorio (PMO)
• Se establece el i’mo que fija un régimen de asistencia obligatoria 
para todas las os, las que deben asegurar ciertas prestaciones a sus 
beneficiarios mediante servicios propios o contratados externamen­
te, garantizándoles la prevención, diagnóstico y tratamiento médico 
y odontológico e incorporando el médico de familia. F.l p m o  entra 
en vigencia en noviembre de 1996, y establece que aquellos agentes 
que no se encuentren por sí solos en condiciones de brindarle a sus 
beneficiarios el p m o , dispondrán de dos meses para fusionarse; en 
caso contrario la a n s s a i . los fusionará obligatoriamente con otro u 
otros agentes. El pyu  establece la cobertura de la atención primaria 
y secundaria, así como también la tabla de valores de los coseguros: 
atención primaria, gratuita; consultas generales 2 pesos; consultas
1 5 8  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
especializadas 3 pesos; prácticas de diagnóstico 5 pesos, y prácticas 
de alta complejidad 10 pesos.
C. S e g u r o s  v o l u n t a r io s
La ANSSAL dictará una normativa para las nuevas entidades que deseen 
registrarse como agentes del SNSS, y el MSAS presentará un proyecto de 
ley de la medicina prepaga, en 45 días a partir de septiembre de 1996.
D. C o n s id e r a c io n e s  s o b r e  l a s  n u e v a s  d is p o s ic io n e s
1. Hospitales autogestionados
La transformación del hospital público en hospital autogestionado tro­
pieza con obstáculos de diversa índole. En primer término, la capacidad 
de realizar el cambio está en función de la localización, condiciones 
socioeconómicas de la población del área, calidad de los recursos huma­
nos, aptitudes de gestión, capacidad de producción, niveles de comple­
jidad e infraestructura, etc. Por lo tanto, la transformación no puede ser 
inmediata y requiere de un proceso y de una puesta al día de los 
establecimientos, lo que es imposible sin una adecuada programación. Se 
requiere capacitación y asistencia técnica para readaptar los recursos 
humanos existentes a las nuevas modalidades de funcionamiento, y es 
imprescindible realizar estudios de costos en forma previa a la conver­
sión del hospital. En segundo término, los hospitales se encuentran to­
talmente descentralizados en las provincias, y ello determina dos tipos 
de problemas: a) las provincias poseen autonomía y no necesariamente 
tienen que incorporarse al nuevo sistema, y b) estas jurisdicciones están 
enfrentando importantes crisis fiscales que, muchas veces, las lleva a la 
autogestión de los hospitales para reducir presupuestos, y terminan 
dejando a los establecimientos desprovistos de insumos y otros elemen­
tos imprescindibles para su funcionamiento.
Pese a la corta experiencia, podemos decir que en las áreas centra­
les, de mayor densidad de población, existen algunos buenos ejemplos 
de funcionamiento de hospitales autogestionados, pero no son significa­
tivos de la totalidad de los hospitales del país. Por otro lado, los consejos
I A KKIORMA Al i IVW CIA M IFN TO  DC l.A SALUD EN ARC,ENTINA 159
de administración formados por médicos y fuerzas vivas de la comuni­
dad están dando muy buenos resultados en algunos de los hospitales de 
la provincia de Buenos Aires. Es importante que señalemos que los re­
sultados en cuanto a incidir en los presupuestos son pobres, ya que de 
acuerdo con informes directos de los hospitales, los ingresos provenien­
tes de la facturación de las os nunca superan el 18%-20° de los recursos 
totales del establecimiento.
Pero aun en los casos más exitosos, es importante destacar el pro­
blema de la falta de capacidad de gestión, que trae aparejados serios 
inconvenientes en la organización y desenvolvimiento de las institucio­
nes. No siempre el mejor médico, resulta un buen administrador, y es 
necesaria la incorporación de otros profesionales especializados en infor­
mática, tecnología, gestión, administración de empresas, economía, lo 
que no siempre es sencillo.
El hospital autogestionado es hoy, en términos generales, un obje­
tivo por cumplir con ejemplos circunscritos a condiciones especiales. Los 
hospitales del interior, v especialmente los de las zonas con más caren­
cias, no tienen ninguna posibilidad de convertirse en autogestionados, 
porque sencillamente no hay población afiliada en número suficiente 
como para proveer los ingresos necesarios. Por otra parte, debemos se­
ñalar que se requiere alguna programación pública para evitar los 
sobreequipamientos y desajustes con las necesidades en que puedan 
incurrir algunos hospitales a fin de incrementar sus ingresos, generando 
con ello una fragmentación mayor a la actual y un derroche en inversio­
nes improductivas.
Por último, es importante considerar que el proceso de transforma­
ción de los hospitales implica riesgos como los mencionados, razón por 
la cual el Banco Mundial ha advertido y aconsejado (1993) programar los 
procesos mediante reglamentaciones e instrumentos precisos que eviten 
la aparición de nuevos problemas.
2. Obras sociales
D e s p u é s  d e  lo s  s u c e s iv o s  in te n to s  d e  re c o n v e rs ió n  d e l s is te m a  d e  OS 
s in d ic a le s ,  d a  la  s e n s a c ió n  d e  q u e  e n  e s ta  o p o r tu n id a d  e lla  s e  v a  a 
m a te r ia liz a r , p o rq u e  se  e s tá n  c u m p lie n d o  lo s  p a s o s  p re v io s  f i ja d o s  p a ra  
la  lib e rta d  d e  e le c c ió n  d e  la s  Os: a ) c o n fe c c ió n  d e  p a d ro n e s  d e  t itu la re s
1 6 0  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
y  b e n e f ic ia r io s , b ) d e f in ic ió n  d el PMO, c) a u to m a tiz a c ió n  o p e ra c io n a l d el 
fo n d o  s o l id a r io  d e  re d is tr ib u c ió n , d ) s o lu c ió n  p a ra  lo s  b e n e f ic ia r io s  co n  
d o b le  c o b e r tu ra , e ) ra c io n a liz a c ió n  d e  la s  o s  c o n  p ré s ta m o s , y  f) lib re  e le c ­
c ió n  d e  lo s  a f i lia d o s  d e l 1NSS]P.
Por otra parte, es fácil detectar que en este último tiempo mientras 
se sucedían los avances y retrocesos en las pautas dictadas para el logro 
de la libre elección, se ha venido modificando el mercado de la salud, 
sobre todo en el subsector privado. En el ámbito de las empresas de 
medicina prepaga se están verificando fusiones entre las existentes e 
ingreso de empresas extranjeras, atraídas por el previsible aumento de la 
demanda.
Asimismo, dentro de las OS, y  en busca de su transformación para 
ser eficientes y  quedar en condiciones de enfrentar la libre elección, se 
están operando fuertes cambios. Así, aquellas que no puedan cumplir los 
objetivos — teniendo como parámetro el pm o —  se deberán fusionar o 
desaparecer. Hasta el momento, la a n s s a i . ha liquidado 25 obras sociales 
y  otras 75 están en proceso de serlo. Algunos estudiosos prevén que se 
llegaría a 60 ó 70 obras sociales de las 320 existentes hasta no hace mucho 
tiempo.
Con el apoyo del Banco Mundial, el gobierno y los sindicatos acor­
daron un préstamo de 375 millones para racionalizar las OS. Hasta el 
momento, 37 de ellas se presentaron para la preclasificación, para lo cual 
deben cumplir con requisitos (entre ellos, balances al día y no menos de 
10 mil afiliados). Pasando dichas exigencias, deben elaborar su plan de 
cambio y presentarlo para la adjudicación del crédito el que incluye una 
parte para asistencia técnica destinada a terminar de confeccionar los 
padrones de beneficiarios.
La racionalización de las os está presentando atrasos respecto a los 
cronogramas previstos y se detecta falta de interés para su acogimiento, 
por lo que resulta difícil imaginarse que se vayan a cumplir los tiempos 
establecidos por el decreto de desregulación. Seguramente, se va a pro­
ducir una prórroga para su implementación, además de ajustes previsi­
bles en este mercado tan complejo, pero finalmente se concretará.
LA REFORMA Al FINANCIAMIF.NTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 161
CONCLUSIONES
Los cambios estructurales operados en la Argentina modificaron las re­
laciones público-privadas, lo que implicó la redefinición del papel del 
Estado, la introducción de las leyes del mercado en casi todas las acti­
vidades, y la apertura de la economía. Por lo tanto era previsible que las 
mismas reglas de competencia se extendieran al sector salud, el que 
resulta ser de los últimos en ser transformados, junto con la reforma 
laboral.
La reforma no está centrada en los objetivos de un sistema de salud, 
sino  que se limita a in corporar las reglas d el m ercad o  en  el sistema de 
las os, logrando que los beneficiarios tengan la libertad de elegir entre 
estas y las empresas privadas de seguros voluntarios. La reforma está 
más orientada a lo político (patrimonio de las os) y al financiamiento, 
que a objetivos de eficiencia y equidad en la atención de la salud de la 
población en su conjunto, y en particular de la que muestra mayores 
carencias. Es decir que no se plantea una reforma que integre a los 
subsistemas prestacionales, articule el financiamiento y establezca las 
regulaciones necesarias para el óptimo funcionamiento global. Por lo 
tanto, puede concluirse que no existe un propósito claro de reformar un 
sistema, sino de reconvertir parcialmente un importante subsector, que 
tiene — como observamos en las secciones anteriores—  una significativa 
incidencia en el mercado, tanto por el número de beneficiarios como por 
los  montos gastados.
La reforma del sistema de salud en la Argentina para ser eficaz es 
necesario que sea integral, es decir que abarque a todos los sectores 
intervinientes y que sea formulada orgánicamente. Los rasgos de no 
integralidad de la reforma en curso constituyen una seria restricción para 
el éxito, porque aumentarán la fuerte fragmentación existente.
El sistema de salud argentino tiene una gran complejidad porque 
interactúan en él varios subsectores — público, privado, cuasi público—  
de manera desarticulada y, además, intervienen en su funcionamiento 
las corporaciones médicas y de clínicas, y el gran peso de los poderes 
políticos y sindicales. Por lo tanto, cualquier reforma al sistema afecta 
a cantidades de agentes (vinculados directa o indirectamente al sector) 
y son num erosos los intereses que están en juego tras cualquier
determinación; de allí la alta sensibilidad del sector, que se manifiesta en 
las demoras para implementaria.
Es evidente que el sistema actual requiere una reforma, ya que gasta 
montos muy importantes (7.3% del p i b ) ,  equivalentes a 590 pesos por 
habitante al año, y sus resultados no dicen relación con las inversiones 
realizadas. La reducción de la mortalidad infantil, el crecimiento de la 
expectativa de vida, y otros indicadores muestran la buena ubicación de 
la Argentina en el concierto de los países de la región, pero también que 
los decrecimientos/crecimientos son mucho menores que los esperados 
para los niveles de desarrollo del país y de los gastos.
Los recursos financieros son suficientes, los recursos humanos 
sobreabundantes y la infraestructura física óptima para lograr un buen 
desempeño, pero el sistema está fragmentado y se observan en todos los 
subsectores importantes rasgos de ineficiencia e inequidad, que son las 
causales del bajo rendimiento de nuestros gastos. Entre los primeros se 
destaca la debilidad en las políticas públicas, la falta de incentivos para 
la provisión pública, la nula regulación del mercado privado, y la falta 
de información y de transparencia en todos los sectores.
Pero los rasgos más severos se detectan en la inequidad del sistema. 
Por el lado del financiamiento, el 44% del mismo se realiza a través de 
los gastos directos que efectúan las familias; esto significa que son las 
familias más pobres las que proporcional mente destinan mayor parte de 
sus ingresos a la salud. En efecto, estas familias asignan aproximadamen­
te el 12% de sus ingresos a los gastos directos de salud, mientras que las 
de mayores recursos gastan alrededor del 6%. Por el lado del gasto, la 
población que no posee cobertura del sistema de OS ni de los seguros 
voluntarios es aproximadamente de 11 millones de personas,1 o sea el 
33% del total del país, y son beneficiarios — aunque no los únicos—  de 
los gastos realizados por el subsector público fiscal, los que alcanzan al 
23% del total. Por lo tanto, son ellos los que reciben la menor protección 
en salud y los que tienen que desembolsar proporcionalmente mayores 
recursos de sus ingresos.
A esta población de menores recursos le afecta, además, el bajo 
desempeño de los prestadores públicos, motivado por los atrasos en el
10. Debemos tener en cuenta que la información de la población sin cobertura data 
del censo de 1991, cuando la tasa de desocupación era del 7%. Si consideramos la actual 
(17%), comprobamos que la demanda del subsector público ha crecido sustancialmente.
1 6 2  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
LA REFORMA Al LIN ANDAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 163
p a g o  d e  s a la r io s , la  e s c a s e z  d e  in s u m o s , la fa lta  d e  m a n te n im ie n to  d e  lo s  
h o s p ita le s , la  p re c a r ie d a d  d e  lo s  m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  y  tra n s p o r te , 
e fe c to s  to d o s  d e  la c r ít ic a  s itu a c ió n  f is c a l  p o r  la  q u e  a tr a v ie s a n  m u c h a s  
p ro v in c ia s . P o r  o tra  p a r te ,  n o  e x is te n  in c e n tiv o s  p a ra  lo g ra r  e f ic ie n c ia , n o  
h a y  c o n tro le s  n i s e g u im ie n to  d e  lo s  g a s to s , la  d e s o r g a n iz a c ió n  e s  im p o r ­
ta n te , y  lo s  m é d ic o s  n o  c u m p le n  c o n  s u s  o b lig a c io n e s  h o ra r ia s , p id e n  
tra s la d o s  y  a b a n d o n a n  la s  z o n a s  m á s  in h ó s p ita s .
Las diferencias regionales son muy importantes, y en las provincias 
más pobres coinciden las altas tasas de precariedad, baja recaudación 
tributaria, menor eficiencia y menores gastos per cápita. Estas provincias 
tampoco son seleccionadas por la banca multilateral para realizar sus 
proyectos, porque son las que ofrecen menos seguridad de realizar refor­
mas y cambios en sus sistemas.
Los programas del gobierno nacional en las provincias registran 
bajo cumplimiento por problemas de gestión y  de organización más que 
por falta de fondos, y  la atención primaria de la salud, promovida desde 
el nivel nacional, debe ser reformulada porque en la actualidad registra 
significativas ineficiencias.
La inequidad también se detecta en las os, donde los afiliados pue­
den aportar las mismas sumas y  recibir prestaciones de muy distinta 
calidad, porque están vinculadas con los ingresos de los aportantes y  
estos difieren enormemente de una a otra OS. El ISR no funcionó para 
solucionar estas inequidades. Es previsible que parte de estos problemas 
puedan ser solucionados con la administración automática del hsr y  la 
eliminación de la población cautiva mediante la libre elección. Quedan 
pendientes las inequidades regionales, que dependen de la oferta local 
y  sobre las que no existen propuestas.
No podemos predecir cuáles serán los resultados de los cambios 
que están ocurriendo, pero sí podemos afirmar con seguridad que es 
necesario prestar especial atención y aumentar la eficiencia del subsector 
público fiscal, ya que las medidas adoptadas son insuficientes y se re­
quiere una profunda reforma de su gestión y organización.
Los hospitales autogestionados pueden ser la mejor alternativa 
para los establecimientos de las grandes ciudades, pero no lo son para 
todos los hospitales, sobre todo para los ubicados en zonas más alejadas 
y con población con agudas carencias, los que tendrían que tener un 
tratamiento distinto. En muchos de estos casos, la población cubierta por 
las os es escasa y pertenecen a las OS de la misma provincia, con lo que
1 6 4  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
los recursos terminarían proviniendo de la misma ventanilla. Por otra 
parte, es previsible que en el período de transición de las OS, con las 
urgencias en los cambios de las condiciones del mercado, la población 
beneficiaria presione sobre el uso del hospital público, el que se verá más 
desfinanciado aún y la población de mayores carencias será seriamente 
perjudicada.
F.n resumen, podemos afirmar que la reforma no contempla los 
cambios necesarios en aquellos grandes segmentos del mercado que 
coinciden con los que atienden a la población necesitada y que no integra 
el sistema, de por sí fragmentado; y que se desconoce la implementación 
de las regulaciones necesarias para perm itir  el buen desempeño de la 
libre elección en las OS y en el mercado privado. Es imprescindible que 
el Estado introduzca un marco regulatorio apropiado y simultáneo con 
la apertura del mercado. El Estado debería concentrar su capacidad de 
regulación en las áreas en que el mercado — por distintos motivos—  no 
garantiza una situación de eficiencia y equidad.
Pero, es fundamental que la regulación cubra la totalidad del mer­
cado de la salud, tanto público como privado, especialmente cuando las 
complejidades existentes tornan cada vez más imprecisos los límites. Por 
ello, el modelo regulatorio debería contemplar las múltiples formas de 
interrelación entre la esfera piíblica y la privada, admitiendo que estamos 
programando un sistema único que debe ser tratado de manera integral 
(Katz, 1995). Asimismo, la regulación debería favorecer a los mecanismos 
del mercado y fortalecer el control y la eficiencia, garantizando un papel 
más activo de los beneficiarios (elección de OS, participación en los con­
sejos de administración de los hospitales, etc.).
De la misma manera, la transparencia de la información debería ser 
impuesta como condición necesaria a todos los agentes tanto públicos 
como privados, porque es la base para la toma de decisiones. Musgrove 
(1996) manifiesta que para el uso apropiado de los instrumentos de la 
intervención pública, es necesario que la información a los consumido­
res, proveedores y aseguradores comprenda la totalidad del mercado de 
la salud.
Los cambios que se observan en el sector muestran que se encuentra 
en plena transición, y que los mismos no son el resultado de políticas 
públicas programadas, sino de su propia dinámica, que busca diversas 
alternativas para insertarse en las nuevas y variables condiciones del 
mercado.
I A REFORMA Al M\AMC1AMIKMTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 6 5
NOTA METODOLÓGICA
Las informaciones sobre el gasto  y  su distribución  s e  basan  en  los estu ­
d io s  realizados por la Dirección Nacional de Programación del Gasto 
Social de la Secretaría de Programación Económica, y que fueran publi­
cados por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en 
1994.
El cálculo del gasto en salud abarca la totalidad de las erogaciones 
efectuadas por todos los niveles de gobierno: nación, provincias y mu­
nicipios, las del sistema de seguridad social, y una estimación del gasto 
privado. Dicho cálculo se encuentra consolidado, por lo que se debe 
aclarar que los montos de cada una de las jurisdicciones (nación, provin­
cia, municipios y obras sociales) tomados separadamente, no coinciden 
con los consolidados porque existen transferencias financieras entre ellas 
que se contabilizan una sola vez, en el ámbito de la jurisdicción que 
ejecuta el programa.
En forma más detallada, las diferencias con los presupuestos de la 
administración nacional de los años que se corresponden con la serie, 
son: a) exclusión de las transferencias a a n s s a l , provincias y municipios, 
las que se contabilizan en los cuadros correspondientes a dichas jurisdic­
ciones, y b) inclusión de programas extrapresupuestarios nacionales, es 
decir el total de erogaciones de las obras sociales dependientes de la 
a n s s a l , de otras menores y  del INSSJI’.
A su vez, el cálculo de los gastos de los gobiernos provinciales y 
municipales comprende: ai la estimación de las erogaciones por finali­
dad/función del gasto consolidado de las 24 provincias, en base a eje­
cuciones presupuestarias y datos de la Secretaría de Hacienda, que inclu­
yen las transferencias de programas nacionales, b) la estimación de los 
programas extrapresupuestarios, como son los gastos totales de las obras 
sociales, y c) la estimación del total de erogaciones por finalidad/función 
de los gobiernos municipales, que incluye las transferencias nacionales 
y provinciales.
Las fuentes utilizadas son: los datos de ejecución de los presupues­
tos nacionales, provinciales y municipales, en la etapa de gasto deven­
gado, que son provistos por la Secretaría de Hacienda, dependiente del 
Ministerio de Economía, v las provincias y municipios. Los de provincias
1 6 6  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
se obtienen mediante encuestas, con respuestas positivas pero con im­
portantes demoras. La información de los municipios se basa en la 
recopilación de algunos datos relevantes del Gran Buenos Aires y del 
interior.
En los cálculos del subsector público, se contabilizan la totalidad de 
los gastos del ejercicio, es decir, gastos corrientes (personal, bienes y 
servicios, transferencias) y de capital (construcciones y equipamiento), 
sin introducir ningún ajuste por amortización. También se incluyen las 
erogaciones de salud destinadas a miembros de ciertas instituciones y 
que no pueden ser utilizadas por la población, como son los casos de los 
hospitales de la policía federal, del estado mayor del ejército, marina y 
aeronáutica, y otros.
Para la estimación de los gastos de la seguridad social nacional 
( a n s s a l ,), ante la imposibilidad de contar con información sobre gastos de 
las instituciones, se toma la recaudación de los aportes y contribuciones 
de la Dirección General Impositiva con destino a las obras sociales, se 
calculan los aportes extraordinarios en base a la misma información, la 
estimación de otros ingresos por prestaciones (coseguros, turismo, etc.) 
y la deuda. Los gastos del INSSJP surgen de la Secretaría de Hacienda, y 
se computa la totalidad de sus gastos, incluyendo en salud los que co­
rresponden a esta función y los destinados a promoción social (progra­
mas de turismo y pro-bienestar). Los gastos de las obras sociales provin­
ciales se calculan de acuerdo a la evolución de las erogaciones por 
concepto de personal que presentan estas administraciones.
El gasto privado consiste en una estimación muy gruesa, elaborada 
en base a información de la encuesta de gastos e ingresos del Gran 
Buenos Aires del período 1985-1986, actualizada por distintos indicadores 
(precios y cantidades). Estos valores son sumamente aproximativos, y 
recién cuando se procese la nueva encuesta de consumo e ingresos de los 
hogares (1997), se podrá disponer de información confiable.
La distribución de los gastos en salud de la población clasificada 
por quintiles de ingresos, se realizó en base al módulo de Utilización de 
servicios sociales anexado a la Encuesta Permanente de Hogares ( e p h ) 
de 1992, en donde se interrogaba sobre el uso de los distintos tipos de 
establecimientos (públicos, obras sociales y privados) y por la clase de 
prestaciones. Se utilizó la información del conglomerado del Gran Bue­
nos Aires, único disponible en dicha oportunidad, y esta se proyectó al 
resto del país. Posteriormente, la Dirección Nacional de Programación
LA REFORMA Al H \ANCIAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 6 7
del Gasto Social realizó una medición en las localidades de Jujuy, Cór­
doba y  Neuquén, y  las diferencias no resultaron significativas.
La imputación de los gastos a cada quintil se efectuó utilizando la 
población beneficiaria de cada uno de ellos, suponiendo un costo medio 
idéntico para todos. De la i m  se obtuvo la estructura porcentual del total 
de personas que recibieron algún tipo de atención: consultas, interna­
ciones o estudios, en los distintos tipos de establecimientos. Todas las 
atenciones se llevaron a consulta equivalente, según los precios de 
cada tipo fijados en los nomencladores nacionales, de la Municipalidad 
de la ciudad de Buenos Aires, año 1992, y  en la determinación de costos 
sanitarios del Hospital Ramos Mejía, 1987.
ANEXO ESTADÍSTICO
C uadro 1
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, POR DIVISIÓN POLÍTICO-TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA, 1980-1994 
(Defunciones por cada mil nacidos vivos)
División
político-territorial de 
residencia de la madre 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A Ñ O S
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 19941990-1994
República Argentina 33.2 33.6 30.5 29.7 30.4 26.2 26.9 26.6 25.8 25.7 25.6 24.7 23.9 22.9 22.0 3.6
Capital Federal 18.5 17.7 16.6 17.1 17.5 15.3 17.8 15.9 17.0 15.9 16.8 15.2 14.9 14.6 14.3 2.5
Buenos Aires 28.4 33.1 28.3 26.2 29.4 23.8 24.8 25.9 24.2 23.9 24.2 24.2 23.5 22.3 21.8 2.4
Catamarca 41.9 43.9 34.3 53.2 - - 27.8 26.5 26.6 24.6 34.6 31.8 28.1 23.1 * 29.8 4.8
Córdoba 24.2 24.9 24.8 24.6 27.1 22.6 24.1 23.5 24.1 21.1 22.2 22.3 19.6 20.8 20.0 2.2
Corrientes 44.6 44.7 37.3 41.4 37.7 32.5 28.4 34.5 28.6 33.7 31.7 28.5 27.7 26.9 26.1 5.6
Chaco 54.2 48.0 46.4 39.5 43.8 39.4 37.1 33.3 37.9 37.9 35.8 32.3 33.5 34.3 31.4 4.4
Chubut 34.8 36.9 34.0 33.8 29.3 26.3 21.3 23.4 23.3 22.9 20.6 19.1 19.9 18.0 18.4 2.2
Entre Ríos 35.8 31.1 31.4 29.9 29.1 25.8 23.2 23.9 24.4 23.9 24.3 23.2 22.1 22.7 20.4 3.7
Formosa 38.1 40.1 37.5 37.2 33.8 30.9 46.6 40.5 36.2 32.0 33.2 24.5 32.3 27.9 30.7 2.1
Jujuv 51.4 47.5 47.9 42.8 45.5 32.8 35.9 35.8 36.9 35.4 35.8 33.2 32.5 26.7 25.2 10.6
La Pampa 30.3 37.4 26.1 26.2 29.1 24.7 29.1 21.1 24.1 23.5 22.2 20.5 21.3 17.9 15.0 7.2
La Rioja 45.8 42.5 43.4 41.2 45.4 30.2 32.4 33.6 33.0 34.7 28.8 27.2 26.0 24.1 22.8 6.0
Mendoza 31.8 25.9 25.0 25.3 26.2 25.2 27.4 24.1 24.6 25.2 21.1 23.6 22.1 20.5 18.8 2.3
168 
ENSAYOS 
SOBRE 
El. FINANCIAM
IENTO 
DE 
LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 
EN 
SALU
D
(Continuación Cuadro 1)
División
politico-territorial de 
residencia de la madre 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A Ñ O S
1987 1988 1989 i 990 1991 1992 1993 19941990-1994
Misiones 51.9 47.9 34.9 39.5 40.1 33.6 33.9 33.5 30.0 30.0 31.8 32.1 27.0 29.8 23.1 8.7
Neuquén 31.7 29.5 27.0 24.4 27.6 23.6 24.0 23.8 21.0 21.9 16.9 15.6 16.2 16.2 15.3 1.6
Río Negro 35.7 37.6 32.5 32.2 31.3 26.3 27.8 28.3 25.0 25.5 23.1 24.1 22.7 21.4 19.6 3.5
Salta 52.1 51.4 46.2 49.2 44.6 34.0 32.5 32.6 32.6 32.3 .32.3 32.8 32.8 27.7 29.8 2.5
San l uis 37.2 36.5 33.4 .36.4 34.9 32.8 34.0 32.9 33.7 3.3.8 29.7 28.6 23.7 26.2 27.6 2.1
Santa Cru/ 34.4 32.8 27.8 24.7 27.1 22.0 20.6 24.0 27.7 2I.S 207 19.9 20.6 18.3 15.9 4.8
Santa Fe 34.3 32.2 32.2 30.6 28.5 28.7 29.4 26.0 26.5 28.3 28.3 22.2 20.9 19.8 17.8 10.5
Santiago del Estero 35.1 31.2 24.9 29.0 30.0 25.3 26.6 27.6 27.4 28.6 28.3 29.2 28.7 28.9 29.0 -0.7
Tucum.in 42.0 37.2 31.4 38.7 32.4 29.2 29.8 28.8 28.5 28.4 28.5 28.6 28.8 27.1 23.9 4.6
Tierra del Fuego 20.3 27.0 10.5 13.5 13.8 9.4 22.9 20.0 19.3 18.0 27.9 16.7 11.2 15.2 13.6 14.3
Fuente: En base a inform ación proporcionada por el M inisterio de Salud y Acción Social (\:sa s ) , Programa N acional de Estadística de Salud.
(*) Ya publicados los datos definitivos de 1993, Catamarca envió un nuevo archivo de defunciones y nacim ientos. Se produjeron en esa provincia en el año 
m encionado 232 defunciones infantiles y 7 369 nacim ientos de residentes en la m ism a, con  una tasa de m ortalidad corregida de 31.5 por mil nacidos 
vivos.
Nota: En algunas jurisdicciones se observan variaciones en las tasas d e m ortalidad infantil, no esperables en función d e la tendencia histórica.
LA 
REFO
RM
A
 
Al 
FIN
A
N
C
IA
M
IEN
TO
 
DE 
LA 
SALUD 
EN 
A
R
G
EN
TIN
A
C u a d r o  2  
GASTO PÚBLICO SOCIAL 
(En porcentaje del PIB)
1 7 0  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE 1.A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Finalidad/Función 1991 1992 1993 1994
S e c to re s  s o c ia le s : 6.80 7.06 7.42 7.73
• Cultura, educación, ciencia y técnica 3.30 3.38 3.55 3.74
■ Salud 1.41 1.51 1.52 1.63
• Saneamiento ambiental 0.24 0.32 0.28 0.28
Vivienda 0.56 0.45 0.39 0.44
Bienestar social 0.54 0.53 0.75 0.76
• Trabajo 0.02 0.02 0.03 0.04
Otros servicios urbanos 0.81 0.84 0.90 0.85
S e g u ro s  s o c ia le s : 10.85 10.97 10.64 10.89
• Seguridad social 7.46 7.72 7.22 7.32
Obras sociales 2.78 2.69 2.68 2.80
ANSSAL y otras 2.06 1.88 1.83 1.78
■ INSSJP 0.73 0.81 0.85 1.02
• Asignaciones familiares 0.60 0.55 0.58 0.58
Fondo nacional de empleo 0.01 0.16 0.19
T otal g a s to  p ú b lico  so c ia l 17 .74 18.03 18.02 18.62
Fuente: En base a inform ación proporcionada por la Dirección N acional d e Program ación del G asto S o ­
cial ( d n t g s) ,  Secretaría de Programación Económ ica (s p e ).
I A KCIORMA Al FIN W CIAM U NTO DE LA SALUD F.N ARGENTINA 1 7 1
C uadro 3
CASTO PÚBLICO DEL SECTOR SALUD 
i En porcentaje del PIB)
Años Obras sociales Salud pública Total Salud
m i 2.4 1.4 3.8
1492  1.5 3.8
1993 2.1 1.6 3.9
1994 2.4 1.7 4.0
1995 2,4 1.7 4.1
Fuente: Dirección Nación.il de l ’rn^r.nnación del G asto Social (n six s), en base a datos de la Fundación de 
In v estigacion es E conóm icas L atinoam ericanas (i:if i ) .  A dm inistración  N acional de Seguro de Salud 
( a n s s a i ) ,  instituto Tbrcuato d i fe  fia o * i «i i. Centro de Estudios de Fsfado y  S o c ie d a d  (cí.des) y  /a Secretaría 
de H acienda.
(*) OLras sociales excluyen gastos en asistencia social y turismo.
C uadro 4
GASTO TOTAL DE OBRAS SOCIALES 
(En porcentaje del PIB)
Años PAMI ANSSAI. OS provinciales (*) Total
1991 O.o 1.3 0.4 2.4
1992 0.7 1.2 0.4 2.3
1993 0.7 1.1 0.4 2.3
1994 0.9 1.1 0.4 2.4
1995 0.9 1.1 0.4 2.4
Fuente: Dirección N acional d e Programación def C asto  Social Cdnit.s), en base a datos de /a Fundación d e  
In vestigacion es Económ icas l a tin oam erican as ( m i l ) ,  A d m inistración  N acional d e Seguro de Salud 
( a n s s a i ) .  Instituto Torcuato di Tolla í m » : ) .  Centro d e Estudios de Estado y Sociedad (c e d e s )  y  la Secretaría 
d e H acienda.
(*) St? excluyen gastos en asistencia social y turismo.
1 7 2  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
C uadro 5
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADOS. 
VERSIÓN REVISADA DE CUENTAS NACIONALES
Años Miles de pesos
1991 180 897 972
1992 226 847 000
1993 257 570 000
1994 281 645 000
1995 281 039 000
Fuente: Banco Central d e la República Argentina 
( b c r a )  y  D irección N acional d e Program ación del 
G asto  Social (dnpcs), Secretaría d e Program ación 
Económ ica (spe).
C uadro 6
MATRIZ DE FUENTES Y USOS DEL SECTOR SALUD. AÑO 1986 
(En porcentaje del PIB)
F u e n te s  Usos Proveedores Total
Nación Provincias 
y municipios
Subtotal
fiscal
Obras
sociales
Sector
privado
Tesoro nacional 0.24 0.07 0.31 0.31
Tesoros provinciales y m unicipales 1.15 1.15 1.15
C onsolidado d e gobiernos 1.46 1.46
C ontribuciones sobre salarios y
haberes a obras sociales e IN SSJP 0.48 1.99 2.47
Fam ilias 2.72 2.72
Total 0.24 1.23 1.46 0.48 4.71 6.65
Fuente: Juan Llach, £/ gasto público social, vol. 4, Buenos Aire.*, Instituto Torcuato di Telia/Program a N a­
cional de Asistencia Técnica para la Alim entación de los Servicios Sociales ( i t d t /p r o n a t a s s ) ,1 9 9 0 .
l.A REFORMA Al. FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 7 3
C uadro 7
MATRIZ DE FUENTES Y USOS DEL SECTOR SALUD. AÑO 1986 
(En millones de mistrales)
Fuentes Usos Proveedores Total
Nación
y
Provincias
municipios
Subtotal
fiscal
Obras
sociales
Sector
privado
Tesoro nacional 240 1 241 241
Tesoros provinciales y m unicipals 1 220 1 220 1 220
Consolidado de gobiernos 
Contribuciones sobre salarios y 
haberes a obras sociales e INSSJP
240 1 221 1 461
199 2 271
1 461
2 470
Familias 2 723 2 723
Total 240 1 221 1 461 199 4 994 6 654
Fuente: Juan l.lach, El gtiïlo  público vol. 4, Buenos Aires, Instituto Toreuato di Tella/Programa Na­
cional d e Asistencia Técnica para fa Alim entación de ios Servicios Sociales (¡toí / viíokatass), I ).
C uadro 8
MATRIZ DE FUENTES Y USOS DEL SECTOR SALUD. AÑO 1995 
(En millones de pesos)
Fuentes Usos Proveedores Total
Nación Provincias Municipios Subtotal 
sector 
público
Obras
sociales
Sector
privado
Tesoro nacional 5% 59 39 694 694
Tesoros provinciales 3 237 294 ?  531 3 531
Tesoros municipales 428 428 428
Consolidado de gobiernos 3 296 762 4 654 4 654
Contribuciones sobre salarios
y haberes a obras sociales e
INSSJP n n o 562 6 295 6 857
Familias 8.888 8 888
Total 3% 3 296 762 4 654 20 399
Fuente: En base a inform ación proporcionada por la Dirección N acional de Program ación del G asto So­
cial ( d npc.s ) , Secretaría de Program ación Económ ica (sp e ).
Nota: Los valores correspondiente al presupuesto de las fam ilias se calcu ló en base a datos del m a s  y de 
fu en te s  p r iv ad a s .
(*) N o se dispone d e inform ación sobre el padrón arancelario de los hospitales autogestionados.
1 7 4  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
C uadro 9
GASTOS EN SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL. 
AÑOS 1994 Y 1995 
(En pesos)
Programas y jurisdicciones Erogaciones totales
Año 1994 Año 1995
A) M in isterio  de Salud y Acción Social 845 534 352 732 821 224
N orm ativa y evaluación m édico-asistoncial 5 956 892 4 447 130
Regulación de la atención m aterno-infantii 76  907 673 39 620 062
Adm inistración de la capacitación d e los recursos hum anos 19 938 915 -
Investigación aplicada, docencia y producción de biológicos 11 323 015 11 666 034
Prevención, promoción y protección de la salud 74 604 468
Regulación y control sanitario 9 445 733 10 809 010
Lucha contra ios retrovirus del ser hum ano y el sida 7  999 275 17 161 571
Atención de em ergencias sociales 2 751 146 -
Partidas no asignables a program as 33 702 (XX) -
Normativa y desarrollo del recurso hum ano en salud - 20 409 546
Control de enferm edades endém icas 37 734 071
Prevención y control de riesgos - 8 711 864
Mujer, salud y desarrollo - 161 722
Prom oción de program as, prevención y asistencia de las discapacidades - 3 150 671
Atención de em ergencias sanitarias - 2 915 965
Infraestructura hospitalaria 3.3 106 243
Programa reconversión de centros de salud y desarrollo infantil 18 123 OtX)
Contribuciones a hospitales y transferencias varias 32 472 839
Actividades centrales 72 841 121 33 805  09.3
Actividades y proyectos com unes a los program as 16 al 22 69 101 916 12 617 727
Asistencia a agentes del seguro de salud (ANSSAL) 343 921 916 319 428 246
Asistencia integral y prevención de la drogadicción 4 661 231 4 580 277
Atención do enferm os con Mal de H ansscn
(H ospital Dr. Baldom ero Som m er) 10 120 848 11 675 633
Control de m edicam entos, alim entos y tecnología médica (ANM AT) ■ 15 376 525 16 652 775
Regulación de la ablación e im plantes (1NCUCAI)  3 813 101 5 063 838
Control de patologías toxiinfecciosas (Instituto M albrán) 1.3 504 886 9  917 956
Atención m édica para la com unidad (H ospital Posadas) 49 237 888 55 619 192
Atención a discapacitados mentales (Colonia Nacional M ontes de Oca) 15 104 952 17 (XX) 677
Atención a discapacitados pslcofísicos (Instituto de Rehabilitación
Psicológica del Sud) 5 220 852 5 961 085
I A REFORMA Al FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 7 5
(C on tin u ación  C u ad ro  9)
Programas y jurisdicciones Erogaciones totales
Año 1994 Año 1995
B) O tras ju risd iccio n es 273 518 658 288 341 313
Prestaciones universales 79 063 682 98 769 806
M in isterio  de C ultura y Educación
- H ospitales escuela 54 449 782 53 271 209
Presidencia de la N ación
- Prevención de la drogadicción \ linha contra el narcotráfico 24 613 900 17 314 384
- Transferencias varias ■ 28 184 214
Prestaciones lim itadas a m iem bros de las instituciones 194 454 976 189 571 506
Poder leg islativo  nacional
- Asistencia social integral al personal del Congreso 20 515 992 19 959 361
M in isterio  del In terior
- H ospital v asistencia aJ personal policial 39 603 848 38 499 783
M inisterio  de D efensa
- Asistencia sanitaria del estado m a\or del Ejército 53 457 942 67 713 818
- Asistencia sanitaria de la G endarm ería Nacional 4 963 125 5 122 084
- Sanidad naval de la Armada 42 107 911 32 326 306
- Asistencia sanitaria de la Protectora Naval Argentina 3 238 831 3 630 217
A sistencia sanitaria de la l uer/a Aérea 30 567 327 22 319 938
Total general 1 119 053 010 1 021 162 537
Puente: Dirección N acional de Programación del G asto Social, en base a datos del Sistem a Integrado de 
Inform ación Financiera (smir).
* Adm inistración N acional d e M edicam entos, Alim entos y Tecnología. 
b Instituto Nacional Central llnico C oordinador de Ablación e Implante.
1 7 6  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
CUADRO 10
GASTOS EN SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL. 
AÑOS 1994 Y 1995 
(F.n porcentajes)
P r o g r a m a s  y ju r is d ic c io n e s E r o g a c io n e s  to ta le s  
A ñ o  1 9 9 4  A ñ o  199 5
A) M inisterio de Salud y Acción Social 75.6 71.8
N orm ativa y evaluación m édico-asistencial 0.5 0.4
Regulación de la atención m atcrno-infantil 6.9 3.9
Adm inistración de la capacitación de los recursos hum anos 1.8 -
Investigación aplicada, docencia y producción de biológicos 1.0 1.1
Prevención, prom oción y protección de la salud 6.7 -
Regulación y control sanitario 0.8 1.1
Lucha contra los retrovirus del ser hum ano y el sida 0.7 1.7
Atención de em ergencias sociales 0.2 -
Partidas no asignables a program as 3.0
N orm ativa y desarrollo del recurso hum ano en salud 2.0
Control de enferm edades endém icas - 3.7
Prevención y control de riesgos - 0.8
Mujer, salud y desarrollo - 0.0
Prom oción de program as, prevención y  asistencia de las discapacidades - 0.3
Atención de em ergencias sanitarias - 0.3
Infraestructura hospitalaria - 3.2
Programa reconversión de centros de salud y desarrollo infantil - 1.8
Contribuciones a hospitales y transferencias varias - 3.2
A ctividades centrales 6.5 3.3
Actividades y proyectos com unes a los program as 16 al 22 6.2 1.2
Asistencia a agentes del seguro d e salud (ANSSAL) 30.7 31.3
Asistencia integral y prevención de la drogadicción 0.4 0.4
Atención d e enferm os con Mal de Hanssen (Hospital Dr. Baldom ero Som m er) 0.9 1.1
Control de m edicam entos, alim entos y Iconología médica (ANM AT) * 1.4 1.6
Regulación de la ablación c  im plantes (IN CUCAI)  0.3 0.5
Control de patologías toxiinfecciosas (Instituto Malbrán) 1.2 0.9
Atención m édica para la com unidad (H ospital Posadas) 4.4 5.4
Atención a discapacitados m entales (Colonia Nacional M ontes de Oca) 
Atención a discapacitados psicofísicos (Instituto de Rehabilitación
1.3 1.7
Psicológica del Sud) 0.5 0.6
LA REFORMA Al MXANCIAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 7 7
(C on tin u ación  C u ad ro  10)
Programas v jurisdicciones Erogaciones totales
Año 1994 Año 1995
B) Otras ju risd iccio n es 24.4 28.2
Prestaciones universales 7.1 9.7
M in isterio  de Cultura y Educación
- H ospitales escuela 4.9 5.2
Presidencia de la N ación
- Prevención de la drogadicción \ lucha contra el narcotráfico 2.2 1.7
- Transferencias varias - 2.8
Prestaciones lim itadas a m iem bros de las in stitucion es 17.4 18.6
Poder leg islativo  N acional
- A sistencia social integral al personal del Congreso 1.8 1.9
M in isterio  del In terior 3.5
- H ospital y asistencia al personal policial 3.8 
M inisterio  de D efensa
- Asistencia sanitaria del estado m ayor del Ejército 4 .8  6.6
- Asistencia sanitaria de la G endarm ería N acional 0 .44 0.5
- Sanidad naval d e la Armada 3.76 3.2
- Asistencia sanitaria de la Preteclura Naval Argentina 0.29 0.4
- Asistencia sanitaria de la Fuer/a Aerea 2.73 2.2
Iotal general 100.0 100.0
Fuente: D irección N acional de Programación del G asto Social, en base a datos del Sistem a Integrado de 
Inform ación Financiera (mlmi ).
d Adm inistración N acional de M edicam entos, Alim entos y Tecnología.
* Instituto N acional Central Único C oordinador de Ablación e  Implante.
1 7 8  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
C u a d r o  11
GASTOS EN SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
Y TRANSFERENCIAS. AÑOS 1994 Y 1995 
(En pesos)
P r o g r a m a s  y  ju r is d ic c io n e s E r o g a c io n e s  to ta le s T ra n s fe re n c ia s  to ta le s
Año 1904 Año 1995 Año 1994 Año 1995
Al Ministerio de Salud y Acción Social 845 534 352 732 821 224 455 449 368 391 234 859
Normativa y evaluación médico-asistencial 5 956 892 4 447 130 368 648 155 817
Reculación de la atención materno-infantil 
Administración de la capacitación de los recursos
76 907 673 39 620 062 60 636 930 30 206 331
humanos
Investigación aplicada, docencia y producción
19 938 915 ■ ■
de biológicos 11 323 015 11 666 034 -
Prevención, pmmoción y protección de la salud 74 604 468 11 002 758
Regulación y control sanitario
Lucha contra los retrovirus del ser humano y
9 44 5 733 10 809 010 -
el sida 7 999 275 17 161 571 - -
Atención de emergencias sociales 2 751 146 - - -
Partidas no asignables a programas 
Normativa y desarrollo del recurso humano
33 702 000 33 702 1)00
en salud 20 409 546 -
Control de enfermedades endémicas - 37 731 071 - 9 759 001
Prevención y control de riesgos - 8 711 861 - 32 283
Mujer, salud y desarrollo
Promoción de programas, prevención y asistencia
• 161 722
de las discapacidades - 3 150 671 -
Atención de emergencias sanitarias - 2 915 965 - 60 000
Infraestructura hospitalaria
Programa reconversión de centros de salud y
■ 33 106 243 
desarrollo infantil - 18 123 000 - 12 648 000
Contribuciones a hospitales y transferencias varias - 32 472 839 - 32 472 839
Actividades centrales
Actividades y proyectos comunes a los
72 841 121 33 805 093
programas 16 al 22 
Asistencia a agentes del seguro de salud
69 101 916 12 617 727 24 177 982
(ANSSAL) 343 921 916 319 428 246 325 561 050 305 900 588
Asistencia integral y prevención de la drogadicción 
Atención de enfermos con Mal de Hanssen
i 4 661 231 4 580 277 ■
(Hospital Dr. Baldomero Sommer) 10 120 848 11 675 633 • -
LA UhHORMA Al Hl\AMCIAMIFMTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 7 9
(Continuación Cuadro 11)
Programas y jurisdicciones Erogaciones totales Transferencias totales
Año 1994 Año 1995 Año 1994 Año 1995
Control de medicamentos, alimento*. \ 
tecnología médica (ANIMAT) 15 376 525 16 652 775
Regulación do la ablación e implante*. liNCUCAI) 3 813 101 5 063 838
Control de patologías toxiinfoíciosas 
(Instituto Malbrán) 13 34)4 886 9 917 956
Atención médica para la comunidad 
(Hospital Posadas) 49 237 888 55 619 192
Atención a discapacitados mentale- 
(Colonia Nacional Montes de (.Val 15 104 952 17 009 677
Atención a discapacitados psicoíísico-
(Instituto de Rehabilitación Psicologua del Sud) 5 220 852 5 961 085 - *
B) Otras jurisdicciones 273 518 658 288 341 313 0 11 780 024
Prestaciones universales 79 063 682 98 769 806 0 11 780 024
Ministerio de Cultura y Educación
- Hospitales escuela 54 449 782 53 271 209
Presidencia de la Nación
• Prevención de la drogadicción \ lucha i entra 
el narcotráfico 24 613 900 17 314 384 100 000
- Transferencias varias 28 184 214 - 11 680 024
Prestaciones limitadas a miembros 
de las instituciones 194 454 976 189 571 506 . .
Poder legislativo nacional
- Asistencia social integral al personal del Congreso 20 515 992 19 959 361
Ministerio del Interior
- Hospital y asistencia al personal polmal 39 603 848 38 499 783
Ministerio de Defensa
- Asistencia sanitaria del estado ma\or del Ejército 53 457 942 67 713 818
- Asistencia sanitaria de la Gendarmería Nacional 4 963 125 5 122 084
- Sanidad naval de la Armada 42 107 911 32 326 306
- Asistencia sanitaria de la Prefectura 
Naval Argentina 3 238 831 3 630 217
- Asistencia sanitaria de la l uer/a Aerea 30 567 327 22 319 938 * -
Total general 1 119 053 010 1 021 162 537 455 449 368 403 014 883
Fuente: Dirección N acional do Programación del C asto  Social, en base a datos del Sistem a Integrado de 
Inform ación Financiera (sioif).
• Adm inistración Nacional de M edicam entos, Alim entos y Tecnología. 
l Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e  Implante.
1 8 0  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
C u a d r o  12
CRONOGRAMA DEL PORCENTAJE DE DESCUENTO DE LOS APORTES 
PATRONALES — DECRETO 492, DE 1995— EN LOS AGLOMERADOS
URBANOS 
(Excluido el Sistema de Obras Sociales)
Septiembre y 
octubre de 
1995
Noviembre y 
diciembre de 
1995
Desde 
enero de 
1996
Capital Federal 10 20 30
Provincia de Buenos Aires 10 20 30
Tercer Cinturón del Gran Buenos Aires 
(según partidos) 15-30 25-40 35-50
Cata ma rea: Gran Catamarca 40 50 60
Córdoba: Gran Córdoba 20 30 40
Corrientes: Ciudad de Corrientes 50 60 70
Chaco: Gran Resistencia 50 60 70
Chubut: Rawson -  Trelew 40 50 60
Entre Ríos: Paraná 25 35 45
Formosa: Ciudad de Formosa 55 65 75
Jujuy: Ciudad de Jujuy 50 60 70
La Pampa: Santa Rosa -  Toay 25 35 45
La Rioja: Ciudad de La Rioja 40 50 60
Mendoza: Gran Mendoza 30 40 50
Misiones: Posadas 50 60 70
Neuquén: Principales Ciudades 30-45 40-55 50-65
Río Negro: Principales Ciudades 30 40 50
Salta: Gran Salta 50 60 70
San Juan: Gran San Juan 35 45 55
San Luis: Ciudad de San Luis 30 40 50
Santa Cruz: Caleta Olivia y Río Gallegos 45 55 65
Santa Fe: Santa Fe -  Santo Tomé 25 35 45
Santiago del Estero: Ciudad de Santiago 
del Estero - La Banda 55 65 75
Tierra del Fuego: Río Grande y Ushuaia 45 55 65
insuman Gran Tucumán 40 50 60
Nota: Los descuentos en el interior de las provincias presentan algunas diferencias con los de sus ciu da­
des capitales.
I-A REFORMA Al FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 181
C uadro 13
NUEVAS COTIZACIONES APLICABLES (DECRETO 292, DE 1995)
SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 1995
% de descuento a) b) c) d) e) TOTAL
10 14.40 6.75 1.35 1.80 5.00 29.30
15 13.60 6.37 1.27 1.70 5.00 27.94
20 12.80 6.00 1.20 1.60 5.00 26.60
25 12.00 5.52 1.12 1.50 5.00 25.14
30 11.20 Ã.25 1.05 1.40 5.00 23.90
35 10.40 4.87 0.97 1.30 5.00 22.54
40 9.60 4.5(1 0.90 1.20 5.00 21.20
45 8.80 4.12 0.82 1.10 5.00 19.84
50 8.00 5.75 0.75 1.00 5.00 18.50
55 7.20 3.37 0.67 0.90 5.00 17.14
60 6.40 3.00 0.60 0.80 5.00 15.80
NOVIEMBRE-DICIEMBRE. 1995
% de descuento 0) b) c) d) e) TOTAL
20 12.80 6.00 1.20 1.60 5.00 26.60
25 12.00 5.h2 1.12 1.50 5.00 25.24
30 11.20 5.25 1.05 1.40 5.00 23.90
35 10.40 4.87 0.97 1.30 5.00 22.54
40 9.60 4.50 0.90 1.20 5.00 21.20
45 8.80 4.12 0.82 1.10 5.ÜÜ 19.84
50 8.00 3.75 0.75 1.00 5.00 18.50
55 7.20 3.37 0.67 0.90 5.00 17.14
60 6.40 3.00 0.60 0.80 5.00 15.80
65 5.60 2.62 0.52 0.70 5.00 14.44
70 4.80 2.25 0.45 0.60 5.00 13.10
DESDE ENERO DE 1996
% de descuento a) b) c) d) e) TOTAL
30 11.20 5.25 1.05 1.40 5.00 23.90
.35 10.40 4.87 0.97 1.30 5.00 22.54
40 9.60 4.50 0.90 1.20 5.00 21.20
45 8.80 4.12 0.82 1.10 5.00 19.84
50 8.00 3.75 0.75 1.00 5.00 18.50
55 7.20 3.37 0.67 0.90 5.00 17.14
60 6.40 3.00 0.60 0.80 5.00 15.80
65 5.60 2.62 0.52 0.70 5.00 14.44
70 4.80 2.25 0.45 0.60 5.00 13.10
75 4.00 1.87 0.37 0.50 5.00 11.74
80 3.20 1.50 0.30 0.40 5.00 10.40
a) Régimen nacional de jubilados v pensionados para trabajadores depedicntes.
b) Ex cajas de subsidios familiares.
c) Instituto Nacional do Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
d) Fondo nacional de empleo.
e) Régimen de obras sociales.
C u a d r o  1 4
POBLACIÓN TOTAL POR TIPO DE COBERTURA DE SALUD, POR PROVINCIA
(En miles de personas)
TIPO DE COBERTURA
División
política
administrativa
Población
Total
Población con 
cobertura en 
salud
Población 
total con 
obra social
OBRA SOCIAL 
Tiene solo Tiene obra Tiene obra 
obra social social y plan social e ignora 
médico o mutual plan médico 
o mutual
Tiene solo 
plan médico 
o mutual
No tiene 
obra ni plan 
médico o 
mutual
Ignorac
Total 32 614 20 301 18 799 13 155 4 519 1 125 1 500 11 868 446
Capital Federal 2 965 2 358 2 006 1 404 481 121 352 578 29
Gran Bs. Aires 7 969 4 826 4 442 3 356 801 285 384 3 027 116
Resto Bs. Aires 4 626 3 015 2 844 1 881 716 247 171 1 523 88
Catamaca 264 165 162 122 32 8 2 96 4
Córdoba 2 767 1 703 1 564 1 068 414 82 139 1 034 29
Corrientes 796 403 396 299 74 23 6 378 15
Chaco 840 395 385 278 86 21 10 430 15
Chubut 357 238 233 195 28 10 6 115 3
Entre Ríos 1 020 619 592 436 123 33 27 388 13
Formosa 398 168 167 115 44 8 1 225 6
Jujuy 512 283 275 196 70 9 8 223 6
La Pampa 260 167 155 115 32 8 12 91 3
La Rioja 221 144 142 98 36 8 2 74 3
182 
ENSAYOS 
SOBRE 
EL 
FIN
AN
CIAM
IEN
TO
 
DE 
LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 
EN 
SA
LU
D
(Continuación Cuadro 14)
TIPO DE COBERTURA
División
política
administrativa
Población
Total
Población con 
cobertura en 
salud
Población 
total con 
obra social
OBRA SOCIAL Tiene solo
Tiene solo Tiene obra Tiene obra plan médico 
obra social social y plan social e ignora o mutual 
médico o mutual plan médico
mutual o mutual
Mendoza 1 412 815 755 574 165 14 611
Misiones 780 589 585 306 58 21 4
Nieuquén 389 280 224 147 68 9 7
Río Negro 507 307 295 197 86 12 12
Salta 86b 437 426 264 142 20 10
San Juan 529 311 306 171 128 7 4
San Luis 286 177 166 113 45 8 10
Santa Cruz 160 122 122 100 19 3 1
Santa Fe 2 798 1 961 1 772 1 205 456 111 190
Santiago del Estero 672 293 281 154 108 19 12
Tucumán 1 142 729 660 321 302 37 69
Tierra del Fuego 69 48 46 40 5 1 1
No tiene 
obra ni plan 
médico o 
mutual
Ignorado
593 0
586 I4
155 4
195 5
414 I5
215 4
106 3
37 1
802 35
363 15
399 14
21 0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística v Censos (INDEC), Censa Nocional tic Población o Viiúcilílíl, 1991, Buenos Aires, looI.
00w
l.A 
REFORM
A 
Al 
FIN 
AN
D
AM
IEN
TO
 
DE 
LA 
SALUD 
EN 
A
RG
FN
TIN
A
C uadro 15
POBLACIÓN TOTAL POR TIPO DE COBERTURA DE SALUD, SEGÚN EDAD
(En porcentaje)
Rango de 
edad
Población
Total
Población con 
cobertura en 
salud
Población 
total con 
obra social
TIPO DE COBERTURA
OBRA SOCIAL 
Tiene solo Tiene obra Tiene obra 
obra social social y plan social e ignora 
médico o mutual plan médico 
mutual o mutual
Tiene solo 
plan médico 
o mutual
No tiene 
obra ni plan 
médico o 
mutual
Ignorado
TOTAL 100 62.2 57.6 40.3 13.9 3.4 4.6 36.4 1.4
00 -  14 100 56.4 52.7 36.7 12.4 3.5 3.8 41.5 2.0
15 -  19 100 55.4 50.9 35.9 12.1 2.8 4.5 43.1 1.4
20 -  29 100 53.0 48.2 34.0 11.5 2.7 4.8 45.5 1.5
30 -  39 100 62.2 57.1 39.8 14.4 2.9 5.2 36.7 1.1
40 -  49 100 64.6 58.4 40.2 15.1 3.0 6.2 34.3 1.0
50 -  54 100 67.1 60.4 41.7 15.4 3.3 6.7 31.9 0.9
55 -  59 100 70.9 64.5 44.8 16.0 3.7 6.5 28.2 0.8
60 -  64 100 77.6 72.8 50.9 17.4 4.5 4.8 21.7 0.7
65 y más 100 87.5 85.3 60.8 18.7 5.8 2.2 11.9 0.5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec), Censo Nncionnl de Población y Vivienda, 1991, Buenos Aires, 1991.
184 
ENSAYOS 
SOBRE 
EL 
FIN
AN
CIAM
IEN
TO
 
DE 
LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 
EN 
SA
LU
D
POBLACIÓN CLASIFICADA POR CONDICIÓN Y TIPO DE AFILIACIÓN SEGÚN NIVEL DE INGRESO PER CÁPITA
FAMILIAR.
ÁREA METROPOLITANA, 1992
C uadro 16
Condición 
\ tipo iit afiliación Total
I
Quintiles
4 3
Deciles
1 10
To I il 100.0 26.6 19.2 21.4 17.7 15.11 12.98 7.43
Afiliada 100.0 10.1 19.7 21.3 20.5 19.34 6.58 9.5
Sólo una obra social 100.0 22.9 23.1 22.2 18.2 13.47 7.88 5.67
Otro sistema sin obra social 100.0 6.9 10.6 21.2 23.2 38.11 4.38 23.27
Dos obras sociales 100.0 6.9 9.5 19.2 38.4 25.99 2.64 10.42
Obra social y otro 100.0 13.8 10.7 14.7 22.5 38.27 6.60 25.98
Otros 100.0 6.7 9.3 7.3 43.4 33.35 6.74 33.35
No afiliada 100.0 43.6 18.2 21.6 11.0 5.49 23.00 1.93
N /S  N /R 100.0 36.4 6.6 I8.4 31.4 7.18 13.41 3.64
Fuente: M. Cristina V. de Flood, Educación y salud: resultados de mediciones sobre acceso y cobertura, serie Gastos públicos. Documento de trabajo, NP 4, 
Buenos Aires, Secretaría de Programación Económica (s p e ), 1994.
(1) Incluye mutual, prepago, emergencias, y otros sistemas no obligatorios.
LA 
REFORM
A 
A! 
11.\ 
-\NCIAM
IENTO 
DE 
LA 
SALUD 
EN 
A
RG
EN
TIN
A
1 8 6  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
C u a d r o  1 7
GASTOS DIRECTOS DE LAS FAMILIAS EN EL TOTAL DE GASTOS, 
SEGÚN ESTRATOS SOCIALES: CAPITAL FEDERAL, GRAN BUENOS AIRES 
1, GRAN BUENOS AIRES 2, Y ROSARIO 
(En porcentaje)
Tipo de gasto por zonas Estratos sociales
Bajo Medio-bajo Medio Alto Total de 
estratos
1. Afiliación voluntaria
CF 15.1 20.9 28.3 32.1 26.1
CBA1 5.6 12.4 16.1 24.4 17.5
GBA2 2.9 8.2 12.5 19.0 10.5
Rosario 14.3 24.3 16.7 29.7 21.7
2. Medicamentos
CF 38.9 32.1 21.1 10.9 21.9
CBA1 53.2 40.9 31.9 21.3 32.2
GBA2 57.9 36.8 26.6 21.3 35.7
Rosario 35.6 26.6 19.0 17.2 23.4
3. C onsu ltas a l m éd ic o
CF 11.0 7.2 4.2 5.3 6.5
GBA1 9.9 10.4 10.3 6.6 8.7
GBA2 9.2 25.6 10.3 8.0 14.5
Rosario 6.6 8.8 8.0 9.7 8.4
4. Consultas al dentista
CF 14.6 14.3 15.1 28.2 20.8
GBA1 6.5 15.2 20.3 14.7 14.8
CBA2 8.3 8.3 33.4 16.5 16.4
Rosario 25.8 16.4 38.6 24.2 26.9
5. Otros profesionales, estudios, internaciones
CF 7.9 7.8 16.1 15.2 12.5
GBA1 3.6 10.1 10.3 12.0 10.1
GBA2 6.9 9.9 8.2 13.3 9.7
Rosario 8.3 10.8 11.9 11.8 10.9
I A REFORMA Al FINANCIAMIENTO DE LA SAI UD EN ARGENTINA 1 8 7
(Continuación Cuadro 17)
Tipo de gasto por zonas Estratos sociales
Bajo Medio-bajo Medio Alto Total de
estratos
6. Otros gastos en salud
CF 12.5 17.6 15.1 8.3 12.2
GBA1 2I.2 11.1 11.1 21.1 16.7
C.BA2 14.ó 11.2 9.0 21.9 14.2
Rosario 9.5 13.1 6.0 7.4 8.8
7. Resto de gastos ( 4+5+6 )
CF 35.0 39.7 46.3 51.7 45.5
GBA1 31.3 36.4 41.7 47.8 41.6
GBA2 30.1 29.4 50.6 51.7 39.3
Rosario 43.fi 40.3 56.4 43.4 46.6
Gasto total como porcentaje del ingreso
CF 15.2 10.5 6.5 8.5 9.1
CBA1 10.2 9.6 6.8 6.6 7.5
GBA2 8.5 8.8 7.4 6.4 7.7
Rosario 8.7 7.7 8.5 5.4 7.2
Fuente: Jorge lorrat, Lx^lohicioiu^  m/m. ;./ Anses e r ia le s  del gasto en nlnd, Bueno* Aires, Programa N acio­
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