En la base de la discriminación por edad se ubica la privación de la capacidad jurídica de las personas mayores y, por consiguiente, la limitación de su autonomía y de su poder para tomar decisiones. En este artículo se realiza un acercamiento al tema de la capacidad legal de este grupo social y los mecanismos necesarios para protegerla, y se analizan las oportunidades de incidencia a nivel internacional, regional y nacional para garantizar el igual reconocimiento de las personas mayores ante la ley.