La desigualdad extrema que caracteriza a América Latina y el Caribe en múltiples dimensiones constituye una trampa que obstaculiza el progreso hacia el desarrollo sostenible. En primer lugar, esta desigualdad es inaceptable desde una perspectiva de derechos y justicia social, además de ser contraproducente para el crecimiento económico y de erosionar la cohesión social y la estabilidad de los pactos sociales. En segundo lugar, contribuye a perpetuar otras dos trampas estructurales del desarrollo en la región: la incapacidad para crecer a largo plazo y la debilidad institucional y de gobernanza. Desde el punto de vista económico, la desigualdad resulta ineficiente por diversas razones. Las brechas en el acceso y la calidad en áreas como la salud, la educación, los servicios básicos y la vivienda afectan la capacidad de generar habilidades y las oportunidades de inclusión laboral y digital en un mundo cada vez más digitalizado. Esto tiene consecuencias negativas en términos de productividad económica e ingresos individuales.