Resumen El desarrollo de la infraestructura eléctrica determina las bases para el desarrollo social y productivo y, a su vez, provee a los países de un conjunto de servicios fundamentales para el desarrollo de la competitividad. La reforma del sector eléctrico en muchos de los países de América Latina -en particular, en aquellos en que la reforma condujo a la privatización y desintegración vertical del sistema- se caracterizó por una significativa dinámica de la inversión durante los primeros años, lo que permitió responder al acelerado crecimiento de la demanda. Parte importante de esa inversión correspondió a la transferencia de activos existentes, más que a ampliaciones de la capacidad instalada. Esta situación fue menos crítica en el caso de Chile, Colombia y Argentina, por lo menos en los primeros años de la reforma. Un cambio en la tendencia se aprecia en los últimos años, siendo preocupante la reticencia que se percibe en varios países de la región, con distinta intensidad, a invertir en nuevas instalaciones generadoras y de transmisión. En los años recientes, con motivo de crisis efectivas o larvadas, se han podido evaluar problemas en el funcionamiento de los esquemas regulatorios que se han traducido en situaciones de desabastecimiento, fallas que han implicado la caída total del sistema por períodos prolongados, sobreinversión en ciertas áreas y subinversión en otras, problemas de calidad de servicio, controversias entre las partes, resueltas por vía judicial o arbitraje, intervenciones de la autoridad administrativa que cuestionan la normativa vigente, debilidad de funcionamiento del mercado, entre otros. Asimismo, los sistemas regulatorios han sido puestos a prueba debido a situaciones climatológicas extremas. A pesar de que los esquemas tarifarios contemplan la valorización de la energía no abastecida ("costo de falla");, tanto para el intercambio entre generadores como para compensar a los usuarios finales por los racionamientos efectivos, dichas compensaciones no se han producido o, por lo menos, no en la forma esperada, lo que profundizó las fallas en algunos países al no entregarse las señales económicas adecuadas a los agentes. Los problemas señalados permiten suponer que de no existir una planificación idónea, un marco regulatorio adaptado a los requerimientos de los países, y entes reguladores y fiscalizadores con la autoridad suficiente, es probable que los sistemas eléctricos de varios países estén sujetos a períodos de desabastecimiento o, al menos, de vulnerabilidad seguidos de períodos de sobrecapacidad. A su vez, es posible que las fallas de los sistemas afecten la competitividad de los países o que el alto grado de concentración del sector genere un poder sobre el mercado que anule en parte importante los beneficios logrados en países donde la situación previa a la reforma era de una crisis profunda. Este trabajo pretende identificar tanto la lógica económica que persiguen los agentes involucrados (nacionales y transnacionales); como los aspectos regulatorios que explicarían la desaceleración del proceso de inversión en algunos países de la región; así como cuáles podrían ser las respuestas a los problemas que atentan contra la seguridad y confiabilidad del sistema y, por ende, contra la productividad sistémica del país. Si bien en este documento se utilizará como referencia -debido a la importancia de sus sistemas eléctricos y a la relativa madurez de sus procesos de reforma- la situación de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, ello no excluye que se haya analizado otras experiencias, por las lecciones que pudiesen extraerse de ellas. Como base se ha considerado, cuando ello era pertinente, la experiencia de países de fuera de la región, fundamentalmente la crisis de California en los Estados Unidos y el modelo británico. Estos casos fueron considerados ya sea por la envergadura de los problemas que acarreó la desregulación o porque sus ejemplos, siendo catalogados como paradigmáticos, no están exentos de dificultades, las que se deben tener en cuenta al explorar soluciones destinadas a superar la desaceleración del proceso de inversión.