Este documento presenta el proceso que llevó a la aprobación de la nueva Ley de Asignaciones Familiares del Uruguay, una reforma que reviste un doble interés. Por una parte, se trata de un cambio de rumbo importante en materia de política social en un contexto de crisis económica y de cambio de coalición gobernante. Por otra parte, como proceso de generación de pactos y consensos, se trató de una iniciativa aprobada por unanimidad, algo significativo ya que el apoyo de la oposición no era una condición estrictamente necesaria para su implementación, dado que el gobierno contaba con una amplia mayoría legislativa. En suma, se trató de una reforma importante para el sistema de protección social uruguayo, ya que instauró un mecanismo permanente de asignación de transferencias a las familias más pobres, independientemente de la situación laboral de sus miembros y partiendo de un diagnóstico que ponía a la pobreza infantil como uno de los principales retos de la política social.