Resumen Desde el decenio de 1970, los gobiernos de la región han venido transfiriendo, en una u otra forma, las empresas públicas y otras instituciones estatales al sector privado. La privatización se ha extendido en la actualidad a todos los sectores de la economía, incluida la prestación de los servicios básicos de agua. Se acepta generalmente que la privatización puede tener ventajas económicas considerables. El presente documento centra la atención en los beneficios de la privatización de los servicios de agua y en la gama de opciones que se ofrecen a la participación del sector privado para la prestación de estos servicios. Estas opciones se analizan y se evalúa su posible aplicación en los países de América Latina y el Caribe, con base en ejemplos tomados de la región y de otras partes del mundo. Entre las opciones analizadas se incluyen la transferencia, las diversas formas de otorgamiento de licencias, como la contratación externa, los contratos de gestión, los contratos de arrendamiento y las concesiones, incluidas muchas modalidades de construcción, explotación y transferencia" (BOT) y arreglos mixtos públicos y privados. Las ventajas y los inconvenientes de cada opción se analizan detalladamente, en particular la demanda que su puesta en práctica significará para el sector público. En los países de la región, la mayoría de los mecanismos existentes para la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos conexos con el agua son de carácter mixto, es decir, muestran características de dos o más de las opciones analizadas. Además, la privatización de los servicios de agua requiere un reajuste del papel que juega el Estado en la gestión de los recursos hídricos. El Estado tendrá que abandonar algunas actividades y asumir otras nuevas, a menudo de una índole muy distinta. Lo que es más importante, cualquiera sea la opción elegida, todas las experiencias demuestran que la privatización no termina con el traspaso de los activos. Se necesitan medidas administrativas constantes, en particular en materia de regulación y, por consiguiente, en la esfera de la responsabilidad actual del Estado para la prestación de los servicios básicos de agua, inclusive cuando los explotadores de tales servicios son compañías privadas."