Resumen Los sistemas públicos de pensiones en América Latina se instauran a partir de los años treinta, siguiendo el ejemplo de los países europeos más avanzados. En un principio, ellos cubrían básicamente a empleados del sector público y de las compañías extranjeras instaladas en la región y, al igual que en Europa, se expandieron entre 1950 y 1960, pero en su mayoría continuaron siendo para las elites. Durante sus fases iniciales, mientras la cobertura era baja y en un contexto de población joven y creciente, estos sistemas de pensiones no exhibieron serias dificultades. Sin embargo, a medida que los países pioneros en instituirlos ingresaban a etapas más avanzadas de la transición demográfica, la necesidad de reformas se hizo cada vez más evidente. Esto se agravó en la década de los ochenta, debido a la severa crisis macroeconómica y fiscal, en particular, que afectó a muchas naciones de la región. Como consecuencia, en los años noventa se introdujeron en un creciente número de países importantes reformas a los sistemas de pensiones, las que se basaron, en grado variable, en el diseño adoptado por Chile en 1981. En este documento se examinan cuatro aspectos de estas reformas. A fin de formular lineamientos de política que se orienten por objetivos clave de la seguridad social, en primer lugar se revisa la situación de cobertura de la población, sus determinantes y alternativas para su ampliación. Luego, se analiza la evidencia respecto de los costos administrativos de los nuevos sistemas y se formulan alternativas orientadas a reducir el costo para los afiliados, dado que uno de los propósitos de las reformas consiste en elevar los niveles de eficiencia en este sector. Si bien el fortalecimiento de la inversión y el desarrollo del mercado de capitales no son funciones esenciales de un sistema de pensiones, estos motivos han impulsado las reformas y, con frecuencia, han sido el aspecto más destacado. En el tercer capítulo, entonces, se abordan las condiciones bajo las cuales los nuevos sistemas efectivamente podrían contribuir a elevar el financiamiento de la inversión. Por último, se estudia el tema de la carga fiscal de las reformas, según el estilo que se adopte, para proveer cierto criterio que permita evaluar su factibilidad.