En 2019, aproximadamente 12 millones de personas se desempeñaban en el trabajo doméstico remunerado en América Latina. Esta ocupación constituye una fuente de ingreso para personas de bajo nivel educativo y migrantes, sobre todo mujeres. Son personas asalariadas cuyo empleador son hogares y muchas de las tareas que realizan se relacionan con el cuidado directo o indirecto. Representan una parte fundamental de la organización del trabajo en la sociedad y desempeñan un papel vital para el desarrollo económico. En la región, la mayoría de estas personas se desempeña en condiciones de informalidad y no goza de los derechos que la seguridad social puede brindar, lo que las expone a vulnerabilidades y constituye un importante obstáculo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Diecisiete países han ratificado el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece los derechos y principios básicos para el desarrollo de esta ocupación. Sin embargo, persisten importantes brechas para el logro del trabajo decente en este sector. En este documento se presentan iniciativas que han permitido avanzar en este camino en la región y se propone una estrategia en que los marcos regulatorios se complementen con medidas relacionadas con incentivos, fiscalización, calificación e información y diálogo.